Procuradora regó el tepache en la indagatoria de la fuga de El Chapo
Quiso quedar bien con todos, dar transparencia al asunto y del circo que organizaron, las pruebas que tenían para deslindar responsabilidades ya no serán válidas.
Arely Gómez, procuradora General de la República organizó tours para sus amigos legisladores y mostrarle cómo se les volvió a escapar el narcotraficante Joaquín Lorea, El Chapo, y su ineptitud la llevó a otra, pues dan la posibilidad de que los autores y cómplices de la fuga queden impunes al alterar la escena del crimen.
En ese circo también participó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), pues no se ha preservado con rigor la cadena de custodia del lugar del crimen, como ordenan la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales, así coincidieron abogados y especialistas en criminalística.
Por ejemplo, de lo que consideran fue una violación al debido proceso legal, los expertos en derecho penal entrevistados por separado dijeron que fue un error que traerá consecuencias legales que las autoridades federales hayan permitido que periodistas, legisladores y personas ajenas a las investigaciones recorrieran la celda y el túnel por el que se fugó Guzmán Loera.
Felipe Rosales, José Manuel Hernández Romo, Rogelio Garza García y Martín Millán, todos con más de 25 años de experiencia en asuntos penales, coincidieron en que para comprobar la culpabilidad penal de una persona es indispensable que los fiscales investigadores preserven la escena de los hechos hasta que un juez ordene lo contrario.
La celda así como el túnel debieron permanecer cerrados hasta que concluyera la etapa probatoria del proceso penal que enfrenan custodios del penal del Altiplano, sostuvo Hernández Romo, doctor en derecho penal.
Rosales y Garza indicaron que con la inadecuada custodia del lugar de los hechos, prácticamente la autoridad regaló un manto de impunidad a los constructores del túnel, a los custodios que posibilitaron el escape, a los funcionarios que proporcionaron información confidencial.
Millán recordó el caso de Florence Cassez, quien después de haber sido condenada en México por el delito de secuestro, fue puesta en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que las autoridades mexicanas violaron el debido proceso legal.
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