Guardias privados los amagaron y sus viviendas fueron destruidas con maquinaria pesada
Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites
Los obligan a irse a casas de lámina y a firmar un contrato de comodato que vence en dos semanas
La empresa asegura tener título de propiedad; según los pobladores, es apócrifo
Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zonaFoto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 25
Martes 31 de enero de 2017, p. 25
Zacatecas, Zac.
Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.
Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de febrero.
Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.
Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.
La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.
En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser
la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible.
El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.
El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.
El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario
Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.
La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.
Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.
El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.
Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.
Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.
Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada, comentó Guerrero.
Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina, subrayó.
Advirtió que la minera canadiense no los expulsará.
No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir.
Delimitan zonas de riesgo en el puerto para proteger a turistas de la pugna entre cárteles
En Mazatlán, una delgada línea azul separa la vida de la muerte
Las autoridades de Mazatlán, Sinaloa, recomiendan a turistas nacionales y extranjeros seguir la ruta trazada en las principales calles y avenidas del puerto para mantenerse en zonas vigiladas por policíasFoto Javier Valdez
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 26
Martes 31 de enero de 2017, p. 26
Mazatlán, Sin.
Si es posible dividir el paraíso del infierno, las autoridades de Mazatlán lo hicieron con una línea azul: una raya en calles y avenidas de importantes sectores de este puerto que los turistas nacionales y extranjeros deben seguir si no quieren verse en peligro, incluso de muerte.
La línea empieza en el muelle, adonde llegan turistas de cruceros; atraviesa la calle Emilio Barragán, se adentra en el sector llamado Playa Sur (entre el muelle y el centro histórico), sigue por la avenida Carnaval, cruza el bulevar Miguel Alemán y termina en las escalinatas de la plaza Machado y el teatro Ángela Peralta.
Seguir o no esta raya en bicicleta, a pie, en taxi o en automóvil propio puede ser la diferencia entre quedar en medio de un tiroteo o disfrutar el sol mazatleco, el viento marino, una cerveza frente a la puesta del sol o un café en el viejo malecón.
Mazatlán se pudrió. Su violencia compite con la de Culiacán, capital del estado. En los primeros 30 días de este año se han cometido en Sinaloa por lo menos 106 asesinatos, 40 de ellos en el puerto de Mazatlán y el resto en Culiacán y otros municipios.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel empezó el último día de 2016 y los grupos del narcotráfico ya se hicieron notar. El comandante Juan Antonio Murillo, ex secretario de seguridad pública de Mazatlán y funcionario de la Procuraduría de Justicia del estado, fue herido a balazos y dos de sus tres escoltas murieron.
Otros dos agentes, entre ellos el supervisor operativo de la policía municipal de Culiacán, fueron secuestrados y el 27 de enero un comandante se enfrentó a tiros con un grupo de presuntos sicarios en la capital.
Mazatlán, otrora puerto seguro y apacible de habitantes que se levantan tarde y visten pantalones cortos y chanclas para trabajar, de borrachera temprana y bohemia eterna, está enfermo de inseguridad y violencia provocadas por el narcotráfico.
El cártel de los Beltrán Leyva –presuntamente en alianza con con células de cártel Jalisco Nueva Generación– lucha a muerte con el cártel de Sinaloa por el mercado de la droga en el sur del estado.
Hasta ocho asesinatos en un día
La incidencia delictiva en esa región ha aumentado desde 2016. Células de organizaciones rivales del cártel de Sinaloa ingresan por la frontera con Nayarit y operan desde Escuinapa, El Rosario, Concordia y Mazatlán, cuya serranía, en el norte del municipio, sirve de guarida para grupos armados.
De un lado, el infierno, las balas, la nada. Del otro, las patrullas, las operaciones policiacas, los servicios de guías y orientación. Todos lo saben, incluso los que ofrecen servicios y productos a turistas, sobre todo cruceros, que dejan más ganancias a la industria local y al comercio.
Los taxistas, propietarios y conductores de pulmonías (vehículos de alquiler descubiertos y sin ventanas, preferidos por los paseantes) y quienes ofrecen paseos en embarcaciones menores saben que hay que seguir la línea azul.
Igual hacen con la violencia. Se habla bajito para referirse a ella y no afectar al turismo.
Ni se te ocurra ir a la Lázaro, dice un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa a otro que no es del puerto. La colonia Lázaro Cárdenas está a un par de kilómetros del centro y a tres o cuatro calles de la línea azul. Ahí hay drogas, armas, asaltos, robos, balaceras.
Fue como una lluvia de balas, aseguran vecinos a los reporteros en alusión a lo sucedido el 2 de diciembre de 2016, cuando un grupo armado atacó a vecinos de la Lázaro Cárdenas en la calle Teniente Azueta. Tres hombres murieron y uno fue herido cuando intentaba huir en una motocicleta. Este año ha habido hasta ocho homicidios en un día en Mazatlán.
Las operaciones policiacas han sido infructuosas. Con el nuevo gobierno estatal, cerca de mil 800 elementos de la Policía Militar están en los 18 municipios de la entidad y empezaron por Mazatlán. El 27 de enero capturaron a 14 hombres, la mayoría asaltantes, narcomenudistas, vándalos y pandilleros. Ni un solo pistolero de cualquiera de los dos bandos. Éstos, como los buenos boxeadores, entran, golpean y se van.
Calladitos. Los asesinatos se dicen en voz baja, para no afectar al turismo, cuenta una empleada de un restaurante cuando se le pregunta sobre la ola de homicidios nunca vista en Mazatlán, y menos en tan poco tiempo.
Un taxista afirma que es
un problema entre la gente de la droga, pero
lamentablemente está afectando a todos. Teme que de nuevo las compañías de cruceros pongan a Mazatlán en la lista negra y dejen de llegar turistas.
Desde que llegan al puerto, antes de bajar de los cruceros, a los paseantes se les advierte: sigan la línea. En el trayecto de la línea azul, los turistas se topan con agentes de las policías municipal y estatal preventiva, hasta llegar a la plaza o jardín principal, la catedral y el mercado.
Seguir la línea puede ser la diferencia. Desviarse de la raya azul pintada en la superficie de bulevares, en las aceras del malecón y en las calles significaría adentrarse en el patio trasero de esta ciudad, la segunda en importancia de Sinaloa, manchada de cadáveres y mensajes colocados sobre ellos, trastocada por los pasos infernales de gatilleros de ambos bandos.
Por eso, la línea azul la siguen taxistas, prestadores de servicios turísticos y paseantes. Hay que seguirla para mantenerse apartado del infierno que colinda con el precario y herido paraíso mazatleco.
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