Una constitución ¿de izquierda?

Gabriela Rodríguez

H

ay quien no gusta de las clasificaciones de izquierda o derecha; aunque se puede caer en simplismos, pienso que estas categorías siguen siendo útiles y especialmente didácticas a la hora de diferenciar posiciones políticas.

Básicamente considero que la Constitución de la Ciudad de México expresa las demandas y posiciones de la izquierda. Por la conexión con la ciudadanía progresista de muchos de quienes la escribimos, especialmente en quienes conformamos la bancada de Morena. Hay lazos estrechos con las distintas capas sociales que integran esta ciudad, nos acompañaron líderes de pueblos originarios, indígenas e inmigrantes, trabajadores manuales e intelectuales, líderes comunitarios en temas de vivienda, agua, uso del suelo, basura, animales, ecología, derechos de las mujeres. El texto constitucional no crea una situación, pero sí la consagra si desde hace 20 años hemos colocado aquí gobiernos de izquierda es por un largo proceso cultural y político, bien decía Gramsci que no es posible la toma del poder político sin ocupar antes el poder cultural.

En el recinto de Xicoténcatl enfrentamos de manera persistente los intentos de las derechas para arrebatar el monopolio cultural, social y moral a la izquierda: PRI, PAN, Panal veían en la Asamblea Constituyente una oportunidad de recuperar un territorio que tienen perdido. La madurez política mostrada por Bernardo Bátiz, nuestro coordinador parlamentario, así como por Clara Brugada, Bertha Luján y Patricia Ruiz Anchondo, además de 18 constituyentes de Morena y algunos diputados externos e independientes de otros grupos parlamentarios, contribuyó para contar hoy con un texto que es un verdadero triunfo para las izquierdas del país y del mundo. Rompimos la forma de hacer política legislativa, sin negociaciones en lo oscurito; los acuerdos con otras fracciones se hicieron frente a las cámaras y en parlamento abierto, nos negamos a hacer intercambios dando y dando de nuestros irreductibles: Morena se retiraría si el texto no contemplaba el derecho al mínimo vital o en caso de que el derecho al agua potable no se garantizara diariamente y sin fines de lucro; el derecho a la vida y la criminalización de mujeres no pasa, la constitución debe garantizar la exigibilidad de los derechos.

Por primera vez una carta magna reconoce el parámetro de control de regularidad constitucional más allá de los tratados internacionales, ahora incluye todos los instrumentos internacionales; así como las leyes generales y locales. Otra novedad de carácter mundial es la integración de la sociedad civil en el Poder Judicial de la Ciudad: el Consejo Judicial Ciudadano estará conformado por 11 ciudadanos de reconocido prestigio e independencia, con cargo honorario sin remuneración. Dicho consejo será designado por dos terceras partes del Congreso local en convocatoria pública y tendrá entre sus atribuciones: designar a los miembros del Consejo de la Judicatura, proponer al jefe de gobierno una terna de candidatos para ocupar la fiscalía de la ciudad, que después debe ser sometido a consideración del Congreso, así como proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción. Por primera vez el presidente del Tribunal Superior de Justicia no podrá ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

A pesar de ser materia federal, hay importantes logros en derechos laborales. Hace unos días Arturo Alcalde Justiniani los publicó en este diario ( La Jornada, 2/4/17); resumo aquí algunos: toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno; igualdad sustantiva en el trabajo y el salario, protección eficaz frente a riesgos de trabajo, incluyendo un ambiente que garantice la seguridad, salud y bienestar; reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social; promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y domicilio de la persona trabajadora; se salvaguarda el derecho de asociación sindical, a elegir libremente a sus representantes y participar en los contratos colectivos; protección contra todo acto tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia de empleadores. Se garantiza una justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación y mediación. Entre nuestras frustraciones, hay que decir que no se logró garantizar prestaciones sociales a las personas trabajadoras no asalariadas (prestadoras de servicios por cuenta propia, quienes producen bienes, artesanías, y comerciantes), aunque quedó asentado que tienen derecho a realizar un trabajo digno y a asociarse para defender sus intereses, a recibir capacitación, y las que establezca la legislación en la materia.

La nueva constitución de la ciudad superó las posiciones de la extrema izquierda, al valorar la acción política como debate de las ideas, al colocar lo colectivo por encima del individualismo, y al comprender que la democracia debe romper con las formas de la actual clase política, pero no puede prescindir de los partidos.

Twitter: Gabrielarodr108

grodriguez@afluentes.org

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