LA JORNADA

EditorialLa confesión de Kessel
Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.

Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.

Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.

Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.

En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.

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