Poco después de que Enrique Peña Nieto hiciera públicas desde Londres sus intenciones de privatizar la renta petrolera en los próximos meses, apareció un estudio de opinión que obligó a alterar su estrategia de comunicación.
La encuesta la realizó el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y revela que el 65% de los mexicanos está contra la privatización del petróleo.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) e incluso desde algunas voces de oposición, se comenzó a alentar la idea de que lo ideal sería permitir la participación de la Iniciativa Privada en Pemex sin privatizar la empresa.
Pareciera que la derecha cede y ahora se conforma sólo con un pedacito de Pemex que no implique poner en riesgo la rectoría del Estado sobre el sector energético. Sin embargo, se trata de otra argucia más que intenta disfrazar la privatización.
Este nuevo argumento, más allá de ser una propuesta seria, es un disfraz que intenta bajar el descontento de la sociedad ante la tentativa privatizadora.
La historia nos muestra que basta que el sector privado tome una parte de cualquier organismo o actividad pública para que pronto este o esta pase en su totalidad a manos particulares. Así sucedió con los bancos.
A finales del sexenio de López Portillo, la banca estaba nacionalizada. En el sexenio de Miguel de la Madrid, se privatizó el 30%. Con Salinas, se dio la privatización total para los mexicanos, y para el periodo de Zedillo, los bancos pasaron en su mayoría a manos extranjeras.
Otro ejemplo es la energía eléctrica. En el sexenio de Salinas, se reformó la Ley del Servicio Público Eléctrico para abrir la posibilidad de que las empresas pudieran generar la energía necesaria para operar. Luego se permitió que pudieran vender los excedentes. Más tarde, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), terminó comprando a empresas privadas energía eléctrica. Ahora la paraestatal compra a empresas extranjeras privadas el 50% de la energía que distribuye.
El sistema de pensiones es otro caso de privatización gradual: las antiguas generaciones siguen en el sistema solidario público del IMSS, pero las nuevas generaciones ya cotizan en las Afores privadas y pronto ocuparán la totalidad del sistema.
En el caso de la educación superior, la privatización se ha hecho alentando el aumento de instituciones privadas sin cerrar las públicas, pero las privadas ya abarcan casi el 50% de la matrícula en la capital del país, y más del 50% del posgrado en todo el país. En el caso de la educación preescolar, se han desplegado mecanismos de subrogación que ganan amplio terreno simple y sencillamente porque no existe el número de planteles públicos suficientes.
Y aunque el correo es una actividad exclusiva del Estado, existe un sistema privado paralelo a través de las empresas de mensajería.
Son privatizaciones que se realizan a través del desplazamiento gradual. No se venden las instituciones públicas necesariamente, pero se van achicando mientras aumenta el espacio de acción de las instituciones privadas.
Como podemos darnos cuenta, la variación en el discurso oficial respecto a la posibilidad de ceder a manos privadas las ganancias del petróleo, no se aparta un ápice de su intención original. A la larga, cediendo un porcentaje, se terminaría entregando la totalidad de la industria.
Peña sabe que a más de 30 años de privatizaciones los mexicanos generamos anticuerpos contra los argumentos neoliberales. Después de tres décadas de fracaso, sabemos bien que las privatizaciones no han llevado ni llevarán a la bonanza. Sin embargo, tal vez el obstáculo más poderoso para los objetivos del gobierno federal es que la defensa del petróleo, además, es un tema cultural. El petróleo ha servido para dar identidad a los mexicanos, y las escenas francamente conmovedoras del pueblo volcado a respaldar la expropiación decretada por el General Cárdenas, no se han logrado borrar del imaginario colectivo histórico. Se trata de una lucha entre la ambición de unos cuantos contra la identidad de la inmensa mayoría.
Twitter: @martibatres
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