Migración y acuerdo laboral paralelo al TLCAN

Arturo Alcalde Justiniani

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róximamente se cumplirán 20 años de la firma de los Acuerdos Laboral y Ambiental, paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscritos por los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos de América. En su tiempo, septiembre de 1993, su firma respondió a la presión y movilización de organismos laborales, ambientales y de la sociedad civil en los tres países, aunque con mayor énfasis en Estados Unidos. El gobierno demócrata de Clinton buscaba reducir la oposición al TLCAN y adquirió por ello una serie de compromisos con las organizaciones y grupos sociales, para intentar atemperar los efectos económicos y ambientales provocados por la apertura comercial.

Veinte años después conviene tener presentes los principios básicos del Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte (ACLAN), destacando por su importancia tres, ya que de su cumplimiento depende en gran medida la eficacia de los demás. El primero está relacionado con el derecho de los trabajadores, ejercido libremente y sin impedimentos, para instituir organizaciones y unirse a ellas por elección propia. El segundo busca la protección del derecho de los trabajadores organizados a negociar libremente, en forma colectiva, los términos y condiciones del empleo. Y conforme al tercero, los países firmantes se comprometen a proporcionar a los trabajadores migratorios en territorio de cualquiera de las partes la misma protección legal que a sus nacionales, respecto de las condiciones de trabajo.

Veinte años después podemos constatar que la realidad dista mucho de los compromisos contraídos. La promesa de que el TLCAN mejoraría el empleo y el salario de los trabajadores mexicanos contrasta con una creciente degradación de las condiciones de vida y trabajo. Por otro lado, las tres docenas de quejas que se han presentado al amparo del ACLAN se han enfrentado a un procedimiento tortuoso e ineficiente, que ha provocado el desaliento y desinterés entre los trabajadores para reclamar por esta vía su cumplimiento. El abandono de los acuerdos asumidos ha llegado a tal grado que el secretariado que organizaba las acciones conjuntas ha dejado prácticamente de existir. De alguna manera, los gobiernos de los tres países han coadyuvado a esta inactividad, porque los principios y compromisos que adquirieron no se corresponden con políticas públicas para concretarlos, operando una especie de complicidad recíproca. Debería por tanto, realizarse una revisión integral del acuerdo laboral, para identificar la incongruencia entre sus principios y los medios para lograrlos, la ausencia de mecanismos de cumplimiento y de un debido proceso en el desahogo de las quejas, la resistencia a realizar estudios sobre las prácticas en el terreno migratorio y laboral, y la falta también, de una vinculación con las organizaciones gremiales y sus trabajadores.

Veinte años después vemos que el compromiso de proporcionar a los trabajadores migratorios la misma protección legal que a los nacionales contrasta brutalmente con la violación constante a sus derechos humanos fundamentales y la consolidación de un muro divisorio entre México y EU, sólo comparable al que existió en Berlín y propio de países en guerra, y un plan en el que se pretende aplicar cuantiosos recursos en seguridad, que podrían ser utilizados para reducir las enormes diferencias salariales y de empleo entre países socios que comparten una gran frontera.

Es un despropósito contraponer los intereses de 11 millones de indocumentados, que podrían resultar beneficiados con la reforma migratoria aprobada por el Senado del país vecino, a los intereses de otros connacionales, que por razones familiares o de necesidad económica, buscarán a toda costa superar el nuevo esquema de seguridad en la frontera, incluso de su vida. Es una situación brutal que creará un nuevo tipo de relación entre las generaciones presente y futura, fundado en la exclusión de la segunda; habrá quien equivocadamente piense que para salvar a unos es necesario sacrificar a otros. Lo que es claro es que los trabajadores migrantes arriesgan todo para lograr el empleo y el salario que les son negados en su país, no sólo por la política económica existente, sino también por la ausencia de libertades tanto de asociación como de contratación colectiva, lo que limita las posibilidades reales de negociar en mejores condiciones sus salarios y prestaciones laborales.

El presidente estadunidense Barack Obama prometió desde su primer mandato fortalecer el ACLAN, compromiso que hasta ahora ha quedado en el aire. Cumplirlo dependerá mucho de que el sindicalismo en Estados Unidos asuma una actitud más proactiva y retome estos temas en su agenda. En materia migratoria se han presentado ya diversas quejas, que denuncian la violación de los derechos de los trabajadores migrantes con distintos motivos, ya sea por afectación de sus condiciones laborales, discriminación o lesión a los trabajadores temporales en el uso de la visa H-2B. El último caso es el presentado en abril de 2012 en contra de la Ley HB56 del estado de Alabama, por la central sindical Service Employees International Union, a través de su presidenta, Mary Kay Henri, y del tesorero Eliseo Medina, en representación de dos millones de trabajadores, la cual continúa sujeta a análisis por el gobierno mexicano, ya que en este tipo de controversias corresponde al socio comercial en donde se presenta la inconformidad decidir sobre su procedencia.

El muro y la utilización de 20 mil policías más en la frontera constituyen sin duda una violación flagrante al ACLAN, lo que debería ser motivo, entre otras medidas, de una oposición binacional creciente y de una queja que suscriban el conjunto de las organizaciones estadunidenses y sindicatos para demostrar su solidaridad con los trabajadores migrantes, que hoy por hoy, forman parte importante de su potencial organizativo. No hay que perder de vista que el gobierno actual de Estados Unidos ganó la elección, en buena medida,0 gracias a la participación de los migrantes, como ha señalado atinadamente el destacado sindicalista del gremio del sector público estadunidense, José La Luz.