2015, el milagro / I

RICARDO MONREAL ÁVILA30/12/14 1:35 AM

Después del otoño de 2014 que lo puso contra las cuerdas (Tlatlaya, Iguala, casa blanca, devaluación, caída petroprecios y salida de capitales), el gobierno decidió tomar el toro por los cuernos y operar a lo largo de 2015 una ruta crítica para el rescate de la confianza perdida.

Enero: el Ejecutivo decide prescindir del gabinete de cuates e incondicionales que lo acompañaron el primer tercio y estrena la figura “gobierno de coalición” prevista en la Constitución. Solo permanecen los dos o tres secretarios de Estado que han sido esenciales en esta primera parte. Se integran al gabinete destacados militantes del PAN, PRD y de la sociedad civil, quienes diseñan en conjunto una política de Estado para enfrentar a fondo la violencia, la impunidad y la corrupción, así como un programa emergente de empleo.

Febrero: se lanza una nueva reforma fiscal que instaura el IVA generalizado a 10 por ciento (solo queda exento una pequeño portafolios de bienes y servicios), reduce la tasa máxima del ISR a 30 por ciento, otorga estímulos fiscales considerables a las empresas que generen nuevos empleos formales y congela el precio de la luz, el gas y los combustibles. A la par el salario mínimo aumentará un peso mensual hasta acumular 17% de incremento en un año. Para compensar la pérdida de ingresos, el gobierno anuncia un recorte de 20% en su gasto corriente. Cancela la compra del avión presidencial y vende el resto de la flota aérea adquirida el año pasado. Austeridad en serio.

Marzo: A los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno, la CNDH y organismos internacionales (ONU, OEA y CIDH) les proponen un programa de justicia y reconciliación, en cuatro fases. 1) Una comisión de la verdad, donde se investiguen y agoten todas las hipótesis posibles, desde la oficial de la PGR hasta la permanencia con vida de los estudiantes. 2) Juicio exhaustivo especial, donde se procese y castigue con penas máximas a todos y cada uno de los responsables de la desaparición forzada. 3) Indemnización, en su caso, a los familiares de las víctimas, con estándares e indicadores internacionales. 4) Política de Estado para la atención y prevención integral de desapariciones forzadas y el seguimiento de las 25 mil personas registradas como desaparecidas en los últimos 10 años, conforme a prácticas internacionales.

Abril: se anuncia el fin del fuero constitucional para miembros de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno, en casos de delitos penales graves. Desde magistrados hasta alcaldes, desde generales hasta gobernadores, cerca de cinco mil funcionarios dejarán de recibir un trato de excepción en caso de violaciones graves a los derechos humanos y de enriquecimiento inexplicable. En este caso, además, perderán los bienes y recursos económicos producto de la corrupción, los cuales serán reintegrados al erario público.

Mayo: se reconoce a nivel constitucional la figura del “juicio de residencia”, mediante la cual los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República se someterán a un periodo de espera de seis meses, una vez concluido su encargo, para responder a cualquier reclamación, demanda o cargo por abuso de autoridad, violación de derechos humanos o peculado, de parte de ciudadanos en lo individual o de una acción colectiva, ante órgano judicial competente. Al término de este plazo, se cerrará de manera definitiva y concluyente la instrucción judicial correspondiente.

Junio: la elección simultánea de 500 diputados federales, nueve gobernadores, 640 diputados locales y mil nueve ayuntamientos se traducirá en una inédita correlación de fuerzas políticas y legislativas en el país. Por ejemplo, de las nueve gubernaturas, siete se ven desde ahora muy competidas. En San Lázaro, se podría pasar del pluralismo partidista a la balcanización política. Los tres partidos grandes ya no lo serán tanto (PRI, PAN, PRD), mientras que los partidos nuevos y algunas candidaturas independientes podrán crecer gracias al descontento y hartazgo social. Sin embargo, un congreso balcanizado no será un problema de gobernabilidad para un Ejecutivo que disponga de un “gobierno de coalición”, dado que los estímulos para la cooperación son mayores que los de la confrontación. El Congreso y el “gobierno de gabinete” podrán diseñar una agenda de reformas legales de manera conjunta y de forma más amigable que con un gabinete puramente presidencialista de compadres y paisanos (continuará).