Ayotzinapa y las caravanas internacionales

Luis Hernández Navarro

C

omo parte de su lucha de la memoria contra el olvido, los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y los estudiantes de la normal rural han desplegado estas últimas semanas una vigorosa e intensa campaña internacional. El 16 de marzo comenzaron una gira durante 45 días por más de 40 ciudades de Estados Unidos; entre el 12 de abril y el 2 de mayo cruzaran Canadá de oeste a este, y el 16 de abril una comitiva partió a Europa para recorrer en poco más de un mes 13 países.

No es la primera ocasión que padres y normalistas salen del país para difundir su exigencia de que sus hijos y compañeros aparezcan con vida. A finales de enero, una delegación denunció en Ginebra, ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la ausencia de justicia en el país ante el crimen de Estado perpetrado en Iguala y exigió investigar al Ejército. El 18 de febrero los padres se reunieron con integrantes de la Comisión Mixta del Parlamento Europeo, dedicada a analizar las relaciones con México, para solicitarle apoyo para que sigan las investigaciones y se abran otras hipótesis sobre lo sucedido distintas a la verdad histórica decretada por el gobierno federal.

Como se recordará, el 28 de enero, Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, concluyó que los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus restos arrojados a un río por miembros del grupo criminalGuerreros Unidos. Murillo calificó el relato gubernamental de verdad histórica y trató de dar carpetazo al asunto.

Las giras en varios países protagonizadas por los padres de familia de los 43 y normalistas forman parte de la última etapa de lucha en contra el discurso oficial y su apuesta por el olvido. Al internacionalizar el conflicto, han roto el cerco informativo tendido alrededor de de sus exigencias dentro del país, y han establecido alianzas con movimientos, organizaciones e instituciones para que presionen al gobierno mexicano. Algunas han efectuado labores de cabildeo con parlamentarios e instituciones gubernamentales; otras, como el reciente viaje a 13 países europeos, renuncian explícitamente a realizarlo.

Hasta ahora, los resultados preliminares de estas acciones han sido favorables para los padres y dolorosas para el gobierno. La presencia y el testimonio de los familiares de los 43 en Ginebra, durante la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, fue central para que el organismo propinara a la administración de Enrique Peña Nieto un sonoro descalabro.

En mucho como resultado de Ayotzinapa, el Acuerdo de Seguridad entre Alemania y México no camina. El comisionado del gobierno teutón para Derechos Humanos, Christoph Strässer, recomendó que las negociaciones del Acuerdo de Seguridad entre Alemania y México deben ser suspendidas hasta que exista una estrategia nacional para la lucha contra la impunidad y la protección contra las desapariciones forzadas.

Strässer ofreció disculpas a los familiares de las víctimas mortales y de desaparición forzada de Ayotzinapa, porque en los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 policías municipales de Iguala usaron armas de origen alemán.

El 28 de febrero, al abandonar México tras una visita oficial, el comisionado Strässer advirtió: Hay una carencia de estructuras de estado de derecho en todo el país. Eso empieza con un deficiente acceso a la justicia y continúa con torturas en las cárceles, desapariciones y corrupción.

Strässer no es el único representante de un gobierno extranjero que ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. México –afirmó Tom Malinowksi, subsecretario de Estado para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos– se encuentra bajo fuerte escrutinio internacional.

Las giras de las víctimas han logrado que diversos parlamentos, comisiones gubernamentales y organismos de derechos humanos se pronuncien por mantener abierto el caso, efectuar una investigación completa y transparente y abrir nuevas líneas de investigación. Apenas el pasado 20 de abril, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encarga de la investigación del caso demandó continuar buscando a los jóvenes desaparecidos y abrir líneas de investigación. Eso significa, lisa y llanamente, que los expertos sugieren reabrir el terreno jurídico, y no se aceptan ni la versión oficial de los hechos ni mucho menos que ésta sea laverdad histórica.

Las caravanas han conseguido que la prensa local siga cubriendo la tragedia, una hazaña informativa después de siete meses de duración. En Estados Unidos, periodistas y publicaciones tan prestigiadas como Amy Goodman, The New Yorker oThe Nation han cubierto el asunto con amplitud. Universidades como Pomona, Cornell, York (en Canadá), Duke y Carolina del Norte (entre muchas) han organizado conferencias sobre el tema.

Pero más allá de este impacto en las instituciones, los padres de familia y los normalistas han tocado los corazones de cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo. A su paso por diversas ciudades, las caravanas han sido acogidas por la generosa solidaridad de multitud de organizaciones, individuos y grupos de resistencia. Para ellos, el México de verdad es el que narran los familiares de los desaparecidos, no el que difunden las embajadas. La torpe ofensiva de la poco diplomática diplomacia mexicana para tratar de frenar el daño de la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho agua, ante la eficacia de las sencillas y genuinas palabras de los campesinos, estudiantes y maestros guerrenses que recorren el mundo para compartir su dolor y su esperanza.

Las giras internacionales han sido una eficaz herramienta en la lucha de la memoria contra el olvido enarbolada por los padres, así como en la visibilización de la grave situación de los derechos humanos en el país. También han permitido –como señala Roberto González Villareal– nombrar una modalidad maldita de la tecnología represiva del Estado y regresar las desapariciones forzadas a la esfera de la política con una centralidad impensada hace poco tiempo.