COLUMNAS
Privatización de la salud no es la solución
Los rumores que se han esparcido a través de las redes sociales y de fuentes no oficiales en los últimos días sobre subrogación de los servicios de salud pública o una semiprivatización de éstos, ha provocado que legisladores de la Cámara baja solicitara al gobierno de Enrique Peña Nieto aclare estas informaciones.
La información dada a conocer en Twitter, Facebook y otros medios donde se habla de que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) aplicarán un sistema de atención a los derechohabientes cobrándoles por los servicios que presten.
Los legisladores de la comisión de salud de la Cámara de Diputados quieren que la administración federal informe si es cierto el runrún de que la atención de enfermedades crónico –degenerativas, los derechohabientes tendrán que pagar parte de su tratamiento de ahora en adelante como se advierte en las redes sociales.
Los datos aparecidos en internet, han causado gran preocupación no solo entre los trabajadores de las instituciones públicas de salud, que no saben cómo quedaría su situación laboral con una privatización de los servicios, sino también entre los derechohabientes de los servicios de salud ya que las modificaciones a la ley afectarían sensiblemente su economía, pues tendrían que pagar la atención de enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, entre otras y que son las que aquejan a la mayoría de la población en el país, siendo la diabetes la primera causa de muerte en México y para su atención se requiere el mayor número de camas hospitalarias.
Las enfermedades crónico-degenerativas, no son curables, solamente son controlables lo que lo que las hacen muy caras su tratamiento y es necesaria su atención por todo el tiempo de vida del paciente.
El IMSS, que es una institución del gobierno federal autónomo que se financia tripartitamente, es decir, con las aportaciones del Estado, los patrones y trabajadores; y que está dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población trabajadora del sector formal privado. Esta institución de seguridad social está considerada la más grande de América Latina, con la mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos y es un orgullo de los regímenes pos revolucionario priistas.
Para muchos analistas el IMSS lo están desmantelando y privatizado selectivamente desde 1982 y hay planes de seguir concesionando más funciones de salud a empresas privadas.
El sistema de pensiones a los trabajadores en México hasta 1992 era centralizado, administrado y supervisado por el gobierno federal a través del IMSS y éste era financiado a través de las cuotas que los patrones aportaban, se reunían los fondos suficientes para pagar las pensiones a que tienen derecho los trabajadores al cumplir 65 años.
El sistema de pensiones del IMSS en los años 90 del siglo pasado entró en crisis, ya que los recursos no serían suficientes para cubrir la creciente demanda de fondos para las pensiones de los trabajadores debido a que se utilizó gran parte de estos fondos para construir clínicas de asistencia médica, cosa que no era permitido ya que el instituto recibía y recibe fondos específicos del presupuesto para estas construcciones.
La situación de inviabilidad del régimen de pensiones que se venía dando en México fue el motivo para que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) decidiera quitarle la administración de estas al IMSS y las de vivienda al INFONAVIT y ceder dicha administración a unidades privadas especializadas en administración de fondos, conocida como SAR y para 1997 se instituyeron las llamadas “AFORES” y se creó un organismo que supervisaría el funcionamiento de estos fondos que fue bautizado como Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las cuentas serian individuales y no en una sola cuenta concentradora, como era anteriormente.
La privatización de las pensiones de los afiliados al IMSS, actualmente significa un magnifico negocio para las empresas que se les ha concesionado este servicio, entre ellas se encuentra GNP de Alberto Bailleres, cabe hacer notar que este empresario también ha sido favorecido con concesiones mineras que explota a través de su compañía Grupo Peñoles, además de ser dueño de la elegante tienda departamental, el Palacio de Hierro, además de ser propietario de Médica Móvil, entre otros negocios y patrono del Instituto Autónomo de México (ITAM), alma máter de prominentes miembros del grupo gobernante.
Grupo Imbursa de Carlos Slim, la familia González de Maseca y Banorte y la estadounidense Citigroup (Banamex) son otros de los afortunados, que tienen la concesión de administrar los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.
La subrogación de guarderías y estancias infantiles por parte del IMSS a privados se ha dado en los últimos años; pero está privatización del cuidado de los hijos de los trabajadores, desembocó en una tragedia, en Hermosillo, Sonora en 2009 debido al incendio de la Guardería subrogada ABC, que era administrada por Marcia Matilde Gómez del Campo, sobrina de la esposa de Felipe Calderón, lo que destapó un escándalo también de corrupción y de tráfico de influencias en la adjudicación de esas concesiones a privados.
El IMSS también subrogó a hospitales privados los servicios de resonancia magnéticas al Hospital Amerimed, del Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, y para muchos analistas esto solo es el principio de otros servicios en salud que se privatizarían.
Se podría decir que el ISSSTE, tiene privatizados los servicios médicos de 330 mil afiliados a este instituto, entre trabajadores y sus familias ya que la alta burocracia, los altos mandos del poder judicial, senadores y diputados gozan del beneficio de pólizas de gastos médicos mayores pagados con dinero de los contribuyentes que absorben del presupuesto federal al menos dos mil 249 millones de pesos cada año.
Las pólizas de gastos médicos mayores del poder judicial son muy costosas, solamente entre los años de 2012 a 2014 ministros, magistrados y jueces gastaron mil 666 millones de pesos, para garantizar su cobertura con Banorte Generali y está póliza incluye entre otros beneficios ambulancias aéreas, atención en el extranjero, cirugías de nariz, obesidad mórbida, tratamientos dentales entre otros.
El gobierno federal entre octubre del 2014 al 31 de marzo de 2015 pagó mil 594 millones de pesos para la póliza del seguro 320 mil servidores públicos a GNP de Alberto Bailleres.
En 2009 la Lotería Nacional pagó más de 200 millones de pesos por la atención en hospitales privados para sus 6 mil 200 derechohabientes al ISSSTE entre altos funcionarios y familiares de éstos.
Las pólizas de gastos médicos para los trabajadores de la Lotería Nacional, en 2009 fueron asignadas de manera directa en seis contratos, a varias empresas destacando la concesión a Médica Londres, propiedad de Jorge Kahwagi, ex diputa y ex líder del Partido Nueva Alianza, que fundó Elba Esther Gordillo, quedando de manifiesto la alianza de la otrora poderosa lideresa magisterial y el gobierno de Felipe Calderón.
Los servicios públicos de salud en México, están enfrentando serios problemas y las quejas de los usuarios son cada mayor, actualmente el país apenas cuenta con 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada mil habitantes y su gasto es apenas del 3.1 por ciento con relación al Producto Interno Bruto (PIB), (en 1982 el gasto en salud era del 3.7 con respecto al PIB) lo que coloca al país con los más bajos presupuestos para la atención médica a su población dentro de las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La privatización de los servicios de salud y bienestar social, no es la solución para resolver los problemas de salud de la población mexicana y si bien es cierto la cobertura en salud ha aumentado en los últimos años con el seguro popular, pero este programa no atiende todas las enfermedades ni tampoco otorga todas las medicinas para los tratamientos y los servicios prestados no son de calidad, por falta de presupuesto y eso sí se gastan millones de pesos para pagar a los concesionarios privados que prestan sus servicios en este sector.
Si el presupuesto cero que propone el gobierno federal para el año próximo, debe suprimir gastos superfluos, como el pago de gastos médicos mayores a servidores públicos, que representa una forma también de inequidad social, siendo el servicio deficiente del ISSSTE para los trabajadores de base y sus familias y el servicio privado de gran costo para los funcionarios de la alta burocracia. Lo deseable sería dar más presupuesto a la prevención de enfermedades y más presupuesto para la atención de salud pública.
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