Sin definición. Marzo de 2010. Foto: Héctor Téllez Al presidente Calderón le está sucediendo lo que a todos sus antecesores. Sus palabras espontáneas muestran que percibe y le lastima la incomprensión de un sector importante de opinión frente al esfuerzo y los logros de su gobierno. La parcialidad que él advierte es análoga a la que sus críticos ven en él. El desencuentro es compartido: gobernante y críticos creen que el de enfrente está muy lejos de la realidad.
Al margen de los medios, los políticos y opinadores, el gobernante se muestra desesperado, igual que buena parte de los ciudadanos; el primero, por la crítica injusta frente a lo que se hace ante la gravedad de problemas heredados o estructurales; los ciudadanos, efectivamente, están desesperados con el criticado. El presidente Calderón no la debiera tomar tan a pecho, los reprobados son prácticamente todos: partidos, legisladores y autoridades. Quienes más se escapan a la crítica son los que gobiernan con fuerte dosis de populismo y demagogia —una forma más amable pero cruel de engaño—, además, disponen de lo ajeno y de los recursos del futuro para recrear falsas esperanzas a sabiendas de que no hay manera de cumplir.
La posición dominante que tiene hoy día el PRI sin haber cambiado, es la medida de la desesperación de la sociedad mexicana con quienes ahora tienen el poder. En ello sí hay razón para que Felipe Calderón esté preocupado, pero no el Presidente, sino el dirigente partidista. Sin embargo, la gravedad de los problemas no da para confundir investidura con militancia, responsabilidad con certezas ideológicas.
El error de hace seis años —quizás más grave que todos los errores recientes— fue de Vicente Fox al no entender que el mandato democrático era gobernar para todos. Intervino en la elección presidencial bajo la convicción de que si él no salvaba a México, el voto ciudadano lo hundiría al darle el favor a López Obrador. Fox logró lo que se propuso, pero acabó con lo mejor de la democracia, con lo que se empecinó Zedillo y que por ello ahora le condenan en el PRI: la imparcialidad de quien es jefe de Estado al momento sucesorio.
No faltará quien crea —así lo ha dicho Fox— que gracias a él se salvó el país de caer en manos del Hugo Chávez mexicano; paradójicamente, ese era el juicio que muchos en el PRI hacían de Vicente Fox antes de llegar a la Presidencia y que no obstante su origen autoritario, lo pudieron superar, lo que significó una transición democrática pacífica, sin rupturas o resistencias.
La cuestión para quien detenta cuotas mayores de poder, especialmente el Presidente, es entender y asumir que la decisión sobre el porvenir la tienen los ciudadanos. El Presidente no es padre ni padrastro, tampoco tutor o jefe para decidir por los mexicanos. La decisión corresponde a los ciudadanos, con todas las vicisitudes que entraña, con sus complejos, limitaciones y fantasías sobre el poder y sus hombres.
La funcionalidad de la democracia exige una elección justa. Alterar las premisas de su ejercicio, como es la imparcialidad de las autoridades, conlleva lo que ayer en este mismo espacio, con otras palabras y para otra reflexión, hacia Liébano Sáenz: las elecciones en México no han sido para resolver conflictos, sino para provocarlos, precisamente por la dificultad para hacer del voto un ejercicio civilizado para definir, precariamente y con equilibrios, la disputa por el poder.
Felipe Calderón está en medio de una encrucijada que no debiera resultarle difícil superar, menos, todavía, para un panista con formación doctrinaria, conocimiento de la historia y de la lucha cívica de su partido en la construcción de la democracia electoral. El dilema de ser Presidente o ser dirigente no es ni para pensarse. Las elecciones de julio, después del desastre de las alianzas y candidatos ajenos, deberá ser el fin del ciclo de la confusión. De allí en adelante deberá dejar que su partido por sí mismo resuelva su reorganización, se prepare para la contienda y sin intervencionismo del Presidente seleccione a su candidato o candidata presidencial.
En el balance de lo logrado y perdido en los comicios locales, deberá iniciar —hasta donde pueda o se dejen sus interlocutores— una tarea de reconciliación o al menos de entendimiento con las principales fuerzas y actores políticos, incluyendo a López Obrador, Peña Nieto y Espino, para así recuperar la normalidad democrática de los comicios de 2000. Garantizar elecciones justas, en las que los candidatos puedan desplegar su proselitismo sin temor ni albazos de autoridad, que los poderes fácticos y los de corte criminal se mantengan a raya, que los ciudadanos recuperen la confianza en el poder y eficacia del voto. Es fácil resolver el dilema del presidente Calderón
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