Ahora sí parece inminente la liberación de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes cumplen hoy tres años, siete meses y 20 días presas en una cárcel de Querétaro, acusadas del secuestro inverosímil de seis agentes armados de la PGR; detenidas con engaños, investigadas y acusadas por la misma PGR que pedía 42 años de sentencia y que sólo “obtuvo” 21 años de condena de un juez con larga cola de corrupto. Ha sido ya una extensa crónica de la persecución feroz de todo el aparato del gobierno federal contra quienes en este país han cometido el triple pecado: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.
Sin embargo en los días recientes los acontecimientos se han sucedido velozmente. El sábado pasado medio centenar de activistas de derechos humanos fueron a manifestarles su solidaridad a las afueras de la prisión. Antier domingo cubrí la visita del gobernador José Calzada y su esposa Sandra Albarrán junto a una comisión legislativa encabezada por el senador Manlio Fabio Beltrones y de la que los panistas se abstuvieron, por lo que se desprende que están a favor de la PGR y en contra de Alberta y Teresa. Por lo pronto, se perdieron el relato estremecedor de cómo fueron los hechos aquel domingo de plaza el 26 de marzo del 2006; luego como cinco meses después fueron llevadas ipso facto a la prisión para ya no regresar a sus casas. Al final, Calzada les refrendó el respaldo irrestricto de su gobierno y me dijo que estaba absolutamente convencido de su inocencia. Beltrones por su parte les expresó que desde el Senado insistirían para que la PGR acate la recomendación de la CNDH y revise el caso en el que es juez y parte. También me puntualizó que al caso hay que ponerle nombre y apellido y que quien persigue a Alberta y Teresa es el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, al que advierte una última oportunidad de desistimiento para dejar el caso sin materia.
Apenas ayer entrevisté a la señora ministra Olga Sánchez Cordero, quien tiene la encomienda del pleno de la Suprema Corte de presentar un dictamen sobre el caso. Se comprometió a una revisión exhaustiva y a determinar si se dieron todas las irregularidades denunciadas por la defensa y decidir si procede la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Falta ver si en el gobierno calderonista sobrevive todavía algún sensato que los libre —aunque sea parcialmente— de una estruendosa derrota legal y del oprobio de una condena social de la gran mayoría de los mexicanos.
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