La Procuraduría General de la República decidió no aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para revisar el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ridículamente acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI (como Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre de 2009). La CNDH encontró, sí, violaciones a los derechos de las dos presas en Querétaro. Pero lo que encontró, lo encontró muy tarde. Están presas desde 2006; y tanto la comisión estatal como la nacional las ignoraron hasta que se movilizó la comunidad internacional. Sobre Jacinta hubo un pronunciamiento de la CNDH antes de que el juez dictara sentencia; eso permitió su liberación. Pero sobre Alberta y Teresa se pronunció cuando un juez las había condenado, dejando su caso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la PGR se desistiera de cargos o no, ya de nada servía. Los derechohumanistas no hicieron su trabajo a tiempo. Las dos indígenas seguirán en prisión, pagando con su vida la tibia y muchas veces sesgada presidencia de José Luis Soberanes, y la sospechosa omisión de la comisión estatal, a la que le tocaba, antes que a nadie, poner el grito en el cielo.
Nos dicen que quedaron conjuradas las amenazas de escisiones que se cernían sobre el PRI por las candidaturas en Quintana Roo e Hidalgo. No fue fácil de resolver, porque en ambos casos actores políticos de peso aspiraban por las nominaciones. El alcalde de Pachuca, Francisco Olvera, queda sin rival por el retiro de Omar Fayad, Jorge Rojo y Carolina Viggiano. Y en el caso de Quintana Roo, el que abandona la contienda es Carlos Joaquín, y le deja el camino libre al diputado federal Roberto Borge, delfín del gobernador Félix González Canto. Salir sin rupturas era vital para el PRI porque en los dos estados sus candidatos podrían enfrentar poderosas alianzas de PAN y PRD.
Se llamaba Joan Sarroca Punsola. Tenía 56 años; 28 los había vivido en México, según el diario español El País. Era español y tenía estacionamientos en Chihuahua. Lo ejecutaron. La prensa local dice que fue un asesinato relacionado con robo o con extorsión. Nadie investiga hasta ahora, que se sepa, como sucede con los casi 18 mil en todo el país. Ahora que el gobierno español hizo contacto con las autoridades mexicanas se dará la promesa de encontrar a los culpables. A ver si dan con ellos.
Apunte final: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó a sus agentes federales que Los Aztecas quieren matarlos porque arrestaron a 54 pandilleros en El Paso, por el asesinato de tres relacionados al Consultado en Ciudad Juárez. Queda claro por qué esa ciudad texana es la segunda más segura de ese país: si no mueven un dedo, no hay violencia. Caray.
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