domingo, 23 de junio de 2013

En el lenguaje del Pacto: Modernizar es Privatizar PEMEX

Hay palabras que tienen una fuerte carga negativa, pero que son claramente descriptivas del sentido que entrañan. Una de ellas es la repudiada e innombrable, en ciertos círculos de poder, palabra privatización.
Hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto y los partidos del pacto, pretenden darle la vuelta a la palabra privatización, utilizando eufemismos como modernización, transformación, adelgazamiento, renovación, etc. etc., cuando lo que en realidad pretenden es poner en subasta la principal empresa del país: Petróleos Mexicanos.
La privatización en México va ligada a un amplio proceso de desincorporación y venta de empresas públicas que se inició a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y se acentuó y adquirió un ritmo vertiginoso con Carlos Salinas de Gortari.
Si bien el estado mexicano había caído en extremos inadmisibles, donde se era propietario incluso de empresas que vendían bicicletas, en la fiebre privatizadora, el estado se deshizo de cientos de empresas públicas, sin que su venta se haya materializado en beneficios específicos para la población.
Si se revisan los discursos de la época, los argumentos parecen calcados ahora en la arremetida privatizadora contra Petróleos Mexicanos. Se dijo que el estado no tenía la capacidad para invertir y desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo, que el estado tenía que concentrarse en sus funciones para combatir la pobreza, que la inversión privada iba a ser el motor del crecimiento.

Es claro, por ejemplo, que la venta de Teléfonos de México permitió la construcción del hombre más rico del mundo, pero ello no se ha traducido en mejores servicios para los usuarios.
Los bancos, después de la nacionalización lopezportillista, fueron cedidos a los casa bolseros, que hicieron grandes negocios vendiendo a su vez los bancos privatizados a grupos financieros internacionales, de tal suerte, que hoy la banca en México es extranjerizada, convirtiendo a los usuarios de los servicios bancarios de nuestro país en un mercado cautivo para el cobro de cuantiosas comisiones y altos costos de intermediación, siendo los mexicanos quienes financiamos las pérdidas en otros países de los grupos bancarios extranjeros. La banca "mexicana" ha sido el mejor negocio para estos grupos económicos a costa de cobros desproporcionados e injustos.
El proceso privatizador del grupo neoliberal en el poder, se manejó también con corrupción, falta de transparencia y tráfico de influencias. Hubo quienes se hicieron de bienes de la nación sin apenas gastar un peso, a través de triangulaciones, convirtiendo este proceso en un botín.
En el caso particular del sector energético, se han utilizado como argumentos para reformar la estructura de Pemex, la falta de capacidad de ejecución y la falta de recursos.
La falta de capacidad de ejecución, se refiere a funcionarios incompetentes y corruptos, para solucionarlo, se requiere una supervisión por parte del Legislativo más fuerte y más ágil.
Para romper el argumento de falta de recursos, es necesario lograr autonomía presupuestal para que las inversiones de Pemex no afecten al déficit público, como en el caso de Petrobras, Statoil y Electricité de France.
Adicionalmente, sin necesidad de una reforma fiscal, las operaciones de Pemex se pueden dividir en dos rubros. Lo que hasta ahora se grava a una tasa alta de impuesto, que le permite al sistema tributario obtener ganancias, puede permanecer así; a los ingresos derivados de inversión nueva, se les aplicaría un régimen fiscal normal, para que puedan pagar los recursos contratados para la realización de dicha inversión.
Vale la pena mencionar que existen tres vías por las que se puede realizar la privatización de Petróleos Mexicanos. La primera se refiere a privatizar el capital, la cual, involucra requerimientos constitucionales. Si se deseara seguir este camino, sería necesario cambiar el régimen fiscal dependiente hasta ahora de la paraestatal.
La segunda, involucra la entrega a terceros de actividades, ésta práctica ya se realiza en centrales de CFE y en contratos de Pemex en áreas como exploración y producción.
La tercera radica en asociaciones, donde la estrategia consiste en administrar de manera deficiente una planta o instalación industrial reduciendo su valor económico, posteriormente se realiza una asociación por lo que ni siquiera se efectúa un pago para el gobierno, simplemente se traspasa la administración, haciendo que las ganancias sean para terceros y no para el Estado. Como ejemplo, se puede observar lo sucedido en el complejo petroquímico Pajaritos con Mexichem y con Mexicana de Lubricantes.
Como valor patrimonial de Pajaritos, se estableció la cantidad irrisoria de 250 millones de dólares. Con esta alianza, Mexichem obtuvo el 56% del complejo, mientras que Pemex se queda con el 44%. Claramente, esto se traduce en una obtención ilimitada de ganancias para la empresa particular.
En el caso de Mexicana de Lubricantes, desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector, que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares, declaró tener pérdidas netas cada año.
Ante estas anomalías, se presentaron 60 juicios en contra, en los que se exigió la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una Asamblea Ordinaria de Accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense, así como una valuación de la empresa.
Con lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende hacer, se observa nuevamente que el Pacto por México está diseñado para satisfacer intereses de una oligarquía y no de la ciudadanía en general. La privatización de Pemex tendrá como consecuencia no tan sólo el aumento de precios, sino el incremento de impuestos, porque la paraestatal aporta entre el 35 y 40% de la recaudación fiscal.
Todas las utilidades de Pemex que se privaticen, redundarán en un aumento de impuestos. En el 2012, la paraestatal pagó un monto total de 902 mil 892 millones de pesos, cifra 3.3% superior a la cantidad del 2011. Esto representó el 55% de sus ventas totales y el 99% de la utilidad de operación. En contraste, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró una captación de 760 mil 106 millones de pesos, de los cuales, las personas morales pagaron 288 mil 360 mdp; es decir, 38 por ciento de los ingresos de dicho impuesto. Si Pemex se vuelve privado al igual que los grandes consorcios evadirá impuestos. ¿Quién pagará las consecuencias? Por supuesto, los ciudadanos ¿Pacto por México? o ¿Pacto para satisfacer la cúpula de poder del país? ¿Pacto para entregar Pemex?
Twitter: @RicardoMeb

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