Detener el progreso

Bernardo Bátiz V.

C

uando Salinas devolvió a los bancos a la iniciativa privada, no a sus antiguos dueños, que los manejaban con eficacia y con cierta honradez, sino a los especuladores de la bolsa, los argumentos para dar ese paso crucial fueron muy parecidos a los de hoy que se pretende, esperemos detenerlos, entregar petróleo y electricidad a las empresas trasnacionales.

Decían que suprimir el monopolio del crédito en manos del Estado, que tenía poco tiempo de funcionar, era abrir la puerta a la confianza y a la inversión. Nos esperaba, decían, la prosperidad y el desarrollo, y ese paso, que sus promotores vendían a la opinión pública como importantísimo, igual que poco después pasó con el TLCAN, nos llevaría de hecho al primer mundo o al menos a sus umbrales; era el progreso.

Entonces todo fue una engañifa y fuente de negocios personales y familiares desorbitados, por lo fabuloso de las fortunas que se amasaron, y arbitrario e injusto, porque dejó al Estado mexicano sin poder manejar con independencia sus finanzas y al pueblo de México en manos de una banca que pronto fue extranjera y que explota lo mismo a sus clientes que a sus empleados y al erario del que es acreedora.

Ha dicho el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, que las reformas son para que los mexicanos tengan más oportunidades y precios más bajos en los energéticos, luz, gas y gasolina; no se entiende cómo, para que se den estos resultados, tienen que entregar a las grandes empresas los pozos y yacimientos para su exploración, explotación y venta; no dicen de qué modo se beneficiará nuestro país y el pueblo de México; ¿creerán de veras que las empresas vendrán con espíritu solidario a ver por nuestros intereses? ¿Ignoran que esas corporaciones sólo buscan obtener ganancias para ellos, para sus accionistas y para sus estados de origen? Lamentablemente el petróleo será exprimido hasta la última gota, entonces quizá se retiren las empresas petroleras y las ganancias y el dinero estarán para entonces en sus cuentas en bancos extranjeros.

Cuando se discutió en la Cámara de Diputados la devolución de los bancos a la iniciativa privada se pudo constatar que los mismos priístas que aplaudieron a rabiar a López Portillo por haber expropiado, aplaudían a rabiar el paso al progreso que era la privatización. Hubo un incidente que recuerdo y que muestra que la historia se repite y no aprendemos de ella lo suficiente.

En la 54 Legislatura, un grupo de panistas nos oponíamos a que simplemente se suprimiera un renglón del texto constitucional, sin mayores condiciones, y propusimos que se aprovechara el momento para poner algunas exigencias a la nueva banca. Pensábamos que era conveniente que los trabajadores de las instituciones de crédito tuvieran acceso al capital a través de acciones que adquirieran con sus gratificaciones de fin de año, que entonces eran importantes; pretendíamos que se evitaran los monopolios privados y que se fomentara la banca regional con capital mexicano local; pretendíamos que se apoyara la banca popular con cooperativas de ahorro y cajas populares.

Habíamos logrado que algo de esto se aceptara, porque les urgía la aprobación; sin embargo, las negociaciones directas de la dirección del partido con el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y quizá directamente con Salinas, impidieron la aprobación de nuestra propuesta y nosotros, un sector importante de panistas, votaríamos en contra si no se aprobaban estas fórmulas de clara rectoría del Estado sobre la economía y democratización de la banca.

El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Montes, uno de tantos días de debates y reuniones en las que se pretendía convencernos de la necesidad de aprobar rápido y sin condiciones la propuesta salinistas, me dijo, amenazante, que estábamos deteniendo el progreso, que los inversionistas del exterior sólo aguardaban la aprobación de la modificación constitucional para llegar apresurados y gustosos a invertir en México.

Los mismos argumentos de hoy; entonces, con el voto en contra de un puñado de diputados panistas, la aplanadora mayoritaria del gobierno y la anuencia de la directiva del PAN, se aprobó la reforma y, como es evidente, sólo benefició a los especuladores de la bolsa, que fueron el puente para entregar al final los bancos mexicanos a instituciones del exterior y para que éstas, como es bien sabido, obtengan provechos muy cuantiosos para sus casas matrices en sus países de origen; para México nada.

Hoy, el debate continúa y lo daremos por todos los medios a nuestro alcance, en forma pacífica y enérgica; el atraco al país es evidente y las experiencias anteriores en las que nos prometían lo mismo que ahora, esto es, el supuesto progreso que nunca llega por ese camino, nos demuestran que las promesas de los promotores de la privatización del petróleo (no de Pemex) son una falacia.