Aún es tiempo de rectificar
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| Cercan la Cámara de senadores... Foto: Hugo Cruz |
En memoria de Nelson Mandela, unificador
de la convicción y la reconciliación
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Empeño primordial del gobierno, la aprobación de la reforma energética podría concretarse en cuestión de horas mediante la suma de los votos del PRI y el PAN en el Congreso, pero a un elevado costo social y político, además del riesgo de una corrupción de incalculables dimensiones. La prudencia y la racionalidad política debieran prevalecer sobre la aritmética y el apresuramiento legislativos, lo mismo que sobre la cerrazón ideológica. Aún es tiempo de rectificar.
La ruptura del Pacto por México se produjo por el propio impulso que le dio origen: la lucha por la supervivencia, tanto de liderazgos o intereses partidarios, como de creencias trasnochadas o codicia patrimonialista. Como se esperaba, de un día para otro, lo que fue acuerdo civilizado se tornó contienda sin tregua. En una disputa de mezquindad y engaño, cada partido imputa la culpa al adversario sin asumir la propia.
La polarización ha regresado. Polarización significa radicalismo, irracionalidad, cerrazón; implica el enfrentamiento de dos posiciones irreconciliables y, por lo tanto, la negación de la política concebida como posibilidad de argumentación, diálogo y entendimiento entre el abanico de ideas, creencias e intereses propios de la pluralidad democrática.
El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la que, seguramente, será la decisión más trascendente de su gobierno; su responsabilidad histórica como jefe de Estado exige reflexión y autocrítica. La iniciativa de decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución es un documento bien argumentado, con propuestas valiosas para aumentar la productividad y competitividad de la industria petrolera nacional en un contexto mundial caracterizado por niveles de modernización tecnológica y administrativa que no es posible soslayar.
No obstante, adolece de omisiones y ambigüedades que es necesario subsanar. La responsabilidad de hacerlo está ahora en el Congreso, pero sabemos que el peso del Ejecutivo es determinante para que ello ocurra. La principal omisión es haber eludido el problema de la descomunal corrupción en Pemex y no explicitar las medidas jurídicas y administrativas para evitar que la expoliación petrolera aumente de manera exponencial como resultado de la reforma.
Urge poner fin a la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos por asignación directa o licitación amañada –que en Pemex alcanzan más del 80%–, mediante estrictas normas de transparencia, rendición de cuentas, auditoría y sanción a los infractores. Es indispensable incluir en los cambios constitucionales, al igual que en la legislación secundaria, preceptos que garanticen la propiedad de los hidrocarburos en manos de la nación, y que el producto de esa riqueza beneficie a los mexicanos, no a unos cuantos jequecillos en potencia. No se puede tomar en serio una reforma sustentada en la oprobiosa corrupción impune de un liderazgo sindical arropado por una amplia red de complicidades burocráticas y empresariales.
En su fallida campaña de comunicación, el gobierno no ha sido capaz de convencer sobre las bondades de su propuesta. A pesar de la alusión a la reforma del presidente Lázaro Cárdenas, en 1940, no se ha podido borrar el estigma privatizador de las decisiones planteadas. Tampoco se han esclarecido el significado de los contratos de utilidad compartida ni las razones para preferirlos a los de producción compartida o al régimen de concesiones, que implican medidas privatizadoras más abiertas. El sigilo del presidente y su gabinete sobre estos temas es fuente de suspicacia y protesta.
Por otra parte, la oposición inapelable a la intervención de capital privado en la industria petrolera nacional ha logrado unificar a una izquierda pulverizada pero decidida a frenar la reforma. Las izquierdas siguen mostrando su incapacidad para liberarse de pulsiones tribales vinculadas a formas de autoridad propias de una mentalidad premoderna. El PRD abandonó el Pacto por México y la discusión de la iniciativa político-electoral en el Senado aduciendo que el PAN había negociado a solas con el PRI una reforma política descafeinada a cambio de su apoyo para la aprobación de la energética. El PAN respondió que en las discusiones del caso sí estuvieron presentes miembros del PRD hasta que decidieron levantarse de la mesa como táctica para descarrilar la reforma petrolera. Asimismo, el PRD sostiene que la iniciativa energética del Ejecutivo no respeta los acuerdos del Pacto. Sobre esto no ha habido comentarios oficiales.
Más allá de dimes y diretes, la ruptura provocada por el ansia del gobierno y su partido por aprobar la reforma energética en el actual periodo de sesiones del Congreso, ya tuvo una consecuencia grave para la maltrecha gobernanza nacional. El Senado aprobó una reforma político-electoral, condición del PAN para aprobar la petrolera, con múltiples deficiencias. Entre muchas otras fallas, la intención de sustituir el IFE por un Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de cancelar la manipulación de los procesos y resultados comiciales por parte de los gobernadores no cumplió su propósito y sí, en cambio, creó un engendro oneroso y desordenado que no dará mayor certeza electoral. ¿Serán capaces los diputados de deshacer el entuerto?
El dilema entre la aprobación apresurada y riesgosa de la reforma energética o la protesta callejera para evitarlo, es una alternativa indigna que México no merece. Frente a esa dicotomía, nociva para el país y autodestructiva para las partes, conviene reflexionar acerca de una distinción fundamental entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, postulada por Max Weber en su clásico estudio La política como vocación. Ambos conceptos luchan dentro del hombre político y han convivido en el devenir de la historia mundial. Aparentemente se excluyen, pero en realidad son complementarios. Como lo indica su nombre, la ética de la convicción está normada por creencias inalterables, por principios irrebatibles que, en el ámbito de la política, conducen a la intransigencia absoluta y, casi siempre, al fracaso. Por su parte, la ética de la responsabilidad, si bien está basada en ideas e ideales, toma en cuenta las consecuencias políticas, económicas y sociales de sus decisiones, ponderando las diversas alternativas, sopesando medios y fines, antes de tomar una determinación acerca de un tema de trascendencia nacional o internacional. La indudable importancia de la reforma energética para el futuro económico y social del país exige de los principales actores políticos del país, firmantes del Pacto por México, actuar de acuerdo con la ética de responsabilidad. Aún es tiempo de rectificar.
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