El objetivo de la reforma en materia de telecomunicaciones es preservar el monopolio televisivo para perpetuar al PRI en el poder. Contrario a lo que dijeron sus impulsores este "cambio" no democratiza los medios de comunicación, ni estimula la competencia, ni brindará más oferta televisiva. En realidad se trata de un retroceso.
En la reforma aprobada el año pasado no se contempló el acceso de la sociedad civil al manejo de los medios electrónicos de comunicación, también quedó fuera el fomento a las radios comunitarias, universitarias o indígenas, se marginó a la sociedad de tener injerencia en los contenidos de la televisión abierta, los derechos de las audiencias fueron omitidos, no se dijo nada de la regulación de la publicidad oficial y mucho menos se hizo algo para establecer el acceso a internet como un derecho universal.
Lejos de eso, los legisladores decidieron limitar las telecomunicaciones a la visión empresarial. Tanto que hasta aprobaron que haya inversión extranjera al 100 por ciento en esta industria.
Por eso, la ley reglamentaria en telecomunicaciones que hoy se trata de imponer en el Senado se corresponde con la reforma constitucional. No es que la reforma constitucional fue muy buena y la ley reglamentaria que propone Peña Nieto sea muy mala. Es que ambas tienen el mismo objetivo y ese es imponer el discurso único para perpetuar el poder de los monopolios y del PRI.
El dictamen que debaten los legisladores es sin lugar a dudas oscurantista. Si en el Siglo XX se controló la información mediante la persecución de periodistas y la restricción de la venta de papel periódico, ahora intentan evitar que voces distintas a las de los "Soldados del PRI" accedan a una concesión de televisión y, para evitar cualquier resquicio de libertad, se amenaza la libre expresión de quienes desde internet hacen activismo y divulgan noticias.
El dictamen de ley reglamentaria que se propone en el Senado le da la razón a Morena en sus críticas ya que deja en claro que no se trata de una reglamentación progresiva, que de ninguna manera se busca democratizar los medios de comunicación, que no se tiene la intención de dar un paso para la diversidad en la televisión.
Sin pluralidad ni libertad en la televisión y en internet lo único que queda es el discurso de quienes detentan el poder como sucedió con Porfirio Díaz o con el PRI de Díaz Ordaz o Echeverría.
La ley de telecomunicaciones es un tema que nos atañe a todos, no es exclusivo de los empresarios del ramo o de los tuiteros. La libertad de expresión no sólo se trata de que cada quien pueda decir lo que piensa o siente sin ninguna restricción, también tiene que ver con que haya condiciones para que la gente acceda a medios y sea escuchada de manera efectiva. Si permitimos que se lesione este derecho se abrirá la posibilidad de que otras garantías ciudadanas sean aplastadas. Es tiempo de no darle más poder al poder.
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