Ciudad Perdida

Desarrollo urbano

Caos en construcciones

Empresas impunes

Miguel Ángel Velázquez

A

la continua desgracia del desastre que significa el crecimiento caótico de los desarrollos inmobiliarios, debemos añadir el de la impunidad o, mejor dicho, el de la falta total de una autoridad que impida que los empresarios de ese ramo abusen de todo y de todos.

Y lo peor es que poco a poco se empieza a descubrir que muchos de los cimientos de esa nueva cara de la ciudad se construyeron con base en documentos falsos o bien a partir de complicidades burocráticas que impiden saber a ciencia cierta quién o quiénes son los culpables de, por ejemplo, la falsificación de permisos para construir.

Es verdad que la ciudad requiere de la edificación de muchos más departamentos que los que hoy se tienen, pero parece que nunca se previó en el gobierno, cuando menos en las dos últimas administraciones, que levantar edificios o conjuntos, como ahora se les llama, provocaría, necesariamente, una serie de daños colaterales que deberían mitigar las empresas constructoras, y no el dinero de los ciudadanos por medio del gobierno.

Y no es sólo esa necesidad. La inversión inmobiliaria en el DF representa 30 por ciento de su producto interno bruto, y eso es vital para esta capital, pero eso no quiere decir que los desarrolladores pueden hacer lo que les venga en gana. Pensar de esa manera sería tanto como poner a subasta la ley.

En varios organismos internacionales ya se mira con preocupación la problemática que han desatado las construcciones en el Distrito Federal, esto porque las complicaciones para llevar servicios a cada una de las nuevas viviendas resulta cada vez más complicado, pero sobre todo porque empieza a vislumbrarse lo que parece una enorme red de complicidades que debe ser sancionada.

Los desarrolladores muy pocas veces, casi nunca, cumplen con lo que dicen sus contratos, y no les importa porque no hay una ley que les impida cometer cualquier anomalía. No hay sanciones para ellos, a menos que por alguna razón no cumplan con las reglas de la complicidad; entonces es cuando se miran los sellos que les impiden seguir construyendo, pero eso es momentáneo. Son muy pocas las edificaciones que han sido clausuradas, tal vez ninguna, porque la inmobiliaria no cumple a sus compradores.

Así, el asunto está estallando por todas partes. Ya no hay día en el que algún grupo de personas salga a la calle a manifestar su repudio a alguna construcción, sin que esas manifestaciones modifiquen los planes de los constructores. El gobierno de Miguel Ángel Mancera se ha tardado en poner orden. Por más que la construcción esté convertida en uno de los pilares más sólidos de la economía de la ciudad, Mancera es quien debe aplicar la ley, sin distingos.

Sobre todo, Miguel Ángel Mancera deberá pensar que a nadie le importará tener un muy buen departamento si las tierras en las que está construido se deslavan, si no tienen agua, si sus calles estan hechas un asco, si no hay alumbrado público, si la seguridad es un mito, y en fin, si la autoridad no merece el respeto de nadie, empezando por esos, los constructores.

De pasadita

Así que el jefe de Gobierno partirá la semana próxima a París para acudir a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en favor de un mejor medio ambiente, pero nos parece que le será muy difícil explicar que las medidas que ha impuesto la secretaria del ramo en su gobierno, como la de acotar calles, sólo pueden redundar en mayor contaminación. Sólo hay una forma de tratar de aclararlo: es un capricho de Tanya. ¡Zaa!