La Subcomisión de Examen Previo no se ha instalado en los últimos 10 años y se encuentra en desacato por haberse negado a dar trámite a una solicitud en contra de Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas
Foto: 24 HORAS | Archivo
Al menos 300 solicitudes de juicio político se encuentran congeladas en la Cámara de Diputados desde la LX Legislatura (2006) a la fecha, entre ellas la del gobernador de Veracruz Javier Duarte, debido a que no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo.
Asimismo, dicho órgano legislativo se encuentra en desacato por la negativa a dar trámite a una solicitud de juicio político contra Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas, aseguró Horacio Culebro, el abogado que promovió un juicio de amparo contra la Cámara de Diputados por tal motivo.
“La Cámara fue emplazada a cumplir con la orden del juez, situación que no ha sido resuelta, con lo que se coloca a este órgano legislativo en una situación de desacato. La orden del juez no logró que la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político fuera instalada en la Legislatura pasada”, consta en un punto de acuerdo presentado por el diputado federal PRD Omar Ortega Álvarez, de fecha 27 de octubre de 2015.
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Aunque diversas voces exigen juicio político contra servidores públicos de prácticamente todos los partidos políticos, el tema sólo se queda en el papel o ante la opinión pública.
El abogado constitucionalista explicó que el pasado 22 de febrero el juzgado décimo segundo volvió a requerir a los presidentes de las comisiones de Gobernación, la priista Mercedes del Carmen Guillén y al presidente de la comisión de Justicia, el también diputado del PRI Álvaro Ibarra Hinojosa para que instalen la Subcomisión de Examen Previo en un plazo perentorio de 15 días o de lo contrario se les impondrá una sanción pecuniaria, que consiste en mil salarios mínimos, según costa en el expediente 34/2014 radicado en el Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa del Distrito Federal.
Al respecto, el diputado del PRD Omar Ortega Álvarez dio a conocer, a través de un punto de acuerdo presentado el 27 de octubre del año pasado, que durante la LX Legislatura la Cámara de Diputados recibió 128 solicitudes de juicio político que fueron ratificadas por los solicitantes, pero no se resolvieron.
En la LXI Legislatura, se recibieron 95 solicitudes, también ratificadas, y aún se mantienen pendientes.
Mientras que en la LXII Legislatura se recibieron 64 solicitudes de juicio político que fueron ratificadas por los solicitantes, cumpliendo así con el procedimiento legal. Sin embargo, las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia no recibieron los expedientes de los servidores públicos denunciados y los legisladores integrantes de esas comisiones nunca accedieron a esa información.
Ante ello, el diputado perredista, solicitó a sus compañeros de la actual Legislatura “desterrar la inercia de negligencia y de opacidad que ha imperado durante los últimos años”, en la Cámara de Diputados.
Respecto a la instalación de la Subcomisión de Examen Previo para iniciar los procedimientos pendientes, el coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, lamentó en una entrevista por separado, que no exista voluntad política por parte de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para instalar dicho grupo de trabajo.
En tanto, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, confió en que exista sensibilidad en la Cámara de Diputados, “particularmente en la mayoría priista”, para que no haya impunidad y se castigue la corrupción.
Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Jesús Zambrano, reconoció que “todo mundo (incluso particulares) está en su derecho de presentar solicitudes de juicio político, y se tiene que analizar y decidirse en una Comisión Especial que se tiene que integrar aquí en la Cámara de Diputados”; sin embargo, tampoco dio fecha para la integración de la misma.
24 HORAS solicitó una entrevista con los presidentes de las comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados en torno al desacato denunciado y hasta el cierre de esta edición sólo se recibió respuesta por parte de la oficina de la diputada Mercedes del Carmen Guillén, en el sentido de que no podía dar entrevista porque es un tema que aún no se ha definido en la Comisión de Gobernación, la cual preside.
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