RUMBO? AUSTERIDAD? QUE TONTERIA!!!!

MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- Para nadie era un secreto, antes del 2006, que Felipe Calderón era un tipo habitualmente dominado por la iracundia --"mecha corta", se le moteaba--, pero había quienes veían ese talante como sinónimo de ímpetu para vencer problemas, sobre todo ante la dejadez y la pachorra de Vicente Fox en el ejercicio de gobierno.

Calderón ha cumplido, apenas, un tercio de la gestión de la que se hizo a la mala y ya ha dado claras muestras de no sólo no tener carácter para enfrentar problemas, sino de agotamiento ante la responsabilidad que formalmente tiene de encabezar el aparato administrativo del Poder Ejecutivo y, como lo establece la Constitución, de todas las instituciones del Estado.

No se trata de un agotamiento desde el punto de vista corporal ni de su paciencia –que parece haber cambiado a la vista del desgarriate en el gabinete, una reedición del foxiato en ineptitud y frivolidad--, sino de no tener más capacidad para enfrentar, al menos para paliar, la recesión económica que ya se instaló en México, y la operación impune de criminales que a diario amplían el reguero de cadáveres por todo el territorio nacional.

Y no sólo eso: Como parte de la involución que padece México --y gracias a la cual Calderón usufructuó el cargo--, se multiplican las violaciones a los derechos humanos mediante hostigamientos y asesinatos, alguno de ellos con el aparato policial detrás; el doble homicidio de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), en Guerrero, y la persecución contra los periodistas de la revista Contralínea.

Es previsible que esas conductas, con un claro ingrediente político, se multipliquen después de que casos de represión tan claramente documentados, como el de Lydia Cacho y Atenco, han sido convalidados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pronto resolverá en el mismo sentido de impunidad en el de Oaxaca.

Otro retroceso más, que sólo ratifica la simulación democrática en México, es el desprecio de Calderón a la Ley Federal de Transparencia, a la que ha neutralizado con numerosas maniobras legaloides y francas chicanadas, entre ellas la recurrencia de que proveer a los ciudadanos de información pública pone en riesgo la "seguridad nacional", en un comportamiento semejante al de George Bush y al que Barak Obama ya puso fin.

Pero hay una perla informativa que describe la verdadera estatura del ciudadano Calderón: La gigantesca transferencia de recursos públicos a los medios de comunicación, sobre todo a Televisa y a Televisión Azteca, para compensarles que los partidos políticos ya no puedan contratar publicidad en radio y televisión.

La información, que hoy lunes destaca el diario Reforma, establece que el gobierno de Calderón gastará en 2009 el doble de lo que presupuestó al año pasado en publicidad de televisión, radio y medios impresos.

Así, justo en el año en que se celebrarán elecciones para renovar la Cámara de Diputados y habrá comicios concurrentes en diez estados –seis para gobernador--, Calderón presupuestó mil 791 millones de pesos, más del doble de los 803 millones presupuestados para todo el 2008.

Otro dato es que Calderón no sólo se gastó la cantidad autorizada, sino que la amplió hasta llegar a mil 118 millones, lo que hace prever un comportamiento semejante este año, aun con la crisis económica encima.

Llama la atención que el monto presupuestado en publicidad gubernamental es semejante a los mil 912 millones de pesos que ya no se transfirieron a los partidos políticos como consecuencia de la reforma electoral, que disminuyó en 70% sus prerrogativas, y que en realidad han sido vistas como "pérdidas" de las dos principales televisoras.

Con toda razón, el senador panista Ricardo García Cervantes condena este despilfarro del gobierno de Calderón, no sólo por canalizarse estos recursos públicos a las dos principales televisoras, sino por no emplearse en actividades productivas en un contexto de recesión.

"Me preguntan: '¿Es una compensación por los ingresos que dejarán de recibir los concesionarios, vía las campañas electorales?'. Pues la respuesta, en principio, pareciera que es sí. Es lo que parece."

"En las crisis de seguridad, de empleo, de necesidad de reactivar la economía a partir del gasto público de inversión, que genera empleo, transferir más recursos vía comunicación social a los medios electrónicos va a tener, si se hace, muy poco sustento lógico, ético y político."

Pues sí, pero esta es una prueba contundente de la suprema debilidad de Calderón que nomás no puede y que compra vitalidad con aparecer en las pantallas, pero además –y esto es el inicio de un nuevo escándalo-- pronto se verá que es una estrategia para favorecer al PAN en las elecciones y evitar una mayor catástrofe electoral.

Apuntes

La devaluación del peso frente al dólar --y no hay que olvidar el euro--, es imparable. Costará muchos miles de millones de dólares de las reservas internacionales mantener el dólar a menos de los 15 pesos, como es el empeño del gobierno… Un semana después de que el IFE perdonó a Televisa y a Televisión Azteca por violar la ley con la "manipulación y el manoseo" de las pautas de transmisión de los promocionales que la ley ordena –y un día después de darles un rasguño con una multa de 2 millones de pesos--, Ricardo Salinas Pliego confesó, en Monterrey, que las dos empresas se pusieron de acuerdo para protestar por la medida que, según él, es expropiatoria. "Es como si llegas a Wall Mart y dices: 'qué caro, qué bruto está el gasto'. Y sales con la bolsa llena y sin pagar. Eso fue lo que hicieron estos políticos", exclamó el sicario de Emilio Azcárraga.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Legisladores al servicio de las televisoras

JESúS CANTú
Al aprobar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), el Senado de la República cancela la posibilidad de que la autoridad revoque una concesión por violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral. También elimina la posibilidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acuerde suspender “la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas” en el caso de la publicidad encubierta, cada vez más utilizada por actores políticos y concesionarios.
Los legisladores suprimieron de la propuesta original del senador Ricardo García Cervantes la fracción V del artículo 12-A (relativa a las facultades del IFE) que señalaba:
“Comunicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la comisión de infracciones por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a efecto de que aplique las sanciones que le corresponda imponer conforme a esta Ley, o las que habiendo sido impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral requieran la intervención de la citada Secretaría.”
Así mismo, la aplicación de la fracción IV del inciso “f” del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que contempla la citada sanción, requiere que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues el texto dice que se podrá castigar “con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable…”.
A fin de permitir que la sanción se aplique de acuerdo con el criterio del titular de la SCT, los legisladores eliminaron otras reformas de la propuesta de García Cervantes, pero en particular la de un nuevo artículo, el 104-TER, que en el tercer párrafo señalaba: “… la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solicitud fundada y motivada por acuerdo del Consejo General, ordenará a los infractores la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas…”.
También modificaron la redacción del nuevo artículo 107, que indica en general que en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas “dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.
En la propuesta del senador se complementaba, sin lugar a interpretación diversa, la disposición del Cofipe para que el Consejo General decida cuándo procede la suspensión; sin embargo, corresponde a la SCT aplicar la sanción.
Límites a la ley
El planteamiento de García Cervantes daba mayor sentido a la fracción V del mismo artículo del Cofipe, en el cual se indica que si una vez aplicada la suspensión referida en la fracción IV el infractor reincide, el Consejo General debe dar aviso “a la autoridad competente para que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia”.
Además, precisaba: “El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la presente Ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo conducente”.
La iniciativa original no dejaba lugar a interpretaciones. En el caso de infracciones reiteradas de “venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos…” o “difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”, el Consejo General de este organismo era el responsable de acordar que se suspendiera la transmisión del tiempo comercializable hasta por 36 horas. En caso de reincidencia, esta autoridad estaba facultada para solicitar ante la SCT el revocamiento de la concesión.
En la propuesta de García Cervantes, el Consejo General del IFE podría sancionar, con la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable la difusión de la propaganda encubierta que se ha expandido en noticiarios, revistas televisivas y hasta en telenovelas; y, en caso de reincidencia, solicitar a la SCT la revocación de la concesión.
Con las reformas aprobadas por los senadores, incluso la suspensión que acuerde el Consejo del IFE está sujeta a interpretación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la SCT. Obviamente, no existe la posibilidad de solicitar que sea revocada la concesión.
Incluso cuando haya materia para la revocación, el titular de la SCT tampoco la puede aplicar, pues los senadores también eliminaron la reforma al artículo 31 de la LFRT que proponía incluir entre las cláusulas de revocación de las concesiones una fracción IX que señalaba: “Incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas por la Base III del artículo 41 de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de radio y televisión, acceso de los partidos políticos a sus prerrogativas en dichos medios, o respecto de las prohibiciones establecidas para los particulares y entes públicos en dichos ordenamientos”.
La iniciativa aprobada por el Senado es un complemento a la controvertida reforma de noviembre de 2007, pero sobre todo, establece límites a las sanciones y a la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Las multas serán por un máximo de 100 mil salarios mínimos (aproximadamente 5 millones 300 mil pesos) y corresponderá al consejo cobrarlas.
En caso de “infracciones graves y sistemáticas” (que obviamente no basta con que sean reiteradas, sino que además debe haber patrones) se dará vista a la “autoridad competente” para los “efectos correspondientes”. Éstos serán inocuos, pues los senadores también se cuidaron de no incluir en las infracciones explícitas ni en las sanciones establecidas en la LFRT la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable.
En esa reforma hay avances, pues se establece la aplicación supletoria del Cofipe, así como el reconocimiento de la autoridad del Instituto Federal Electoral en la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, a cambio de esos logros se protege a los concesionarios, pues todo queda a discreción del titular de la SCT