El colmo. Leo en El Universal que “la Sectretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llamó a la ciudadanía a extremar medidas de precaución al momento de rentar inmuebles, para impedir que éstos sean utilizados por narcotraficantes y secuestradores como casas de seguridad”.
Con esa solicitud, los mandos del Ejército, desesperados porque no avanzan en una guerra sin sentido, pretenden que las personas comunes y corrientes se enfrenten a las bandas de criminales por la vía de negarles un servicio a algunos de los más peligrosos capos mafiosos que operan en el mundo.
Ningún ciudadano pacífico en su sano juicio hará caso a ese llamado del Ejército que pretende obligar a los arrendadores, cito de nuevo a El Universal, a “asegurar un contrato de arrendamiento, verificar la identidad legal de quienes se interesan por la vivienda y que periódicamente se vigilen las actividades de las personas que residen en los inmuebles”.
Solo un loco o un suicida vigilaría a sus inquilinos si estos fueran mafiosos. Solo alguien muy irresponsable con su familia les negaría a los capos, en ciertas regiones de México, la renta de un inmueble. Y no por el dinero, que ya es lo de menos, sino por la seguridad.
El problema es que la solicitud de la Sedena a los ciudadanos ha ido acompañada de algo así como una fuerte advertencia: “Estas medidas son necesarias para que evite verse involucrado en una controversia legal, o bien se ponga en riesgo su libertad y su propia vida, así como la pérdida de su patrimonio”.
Se entiende que la Sedena busque que nadie rente una casa, apartamento o bodega a las mafias, ya que “los inmuebles arrendados son empleados para mantener en cautiverio a las personas secuestradas, o como lugares en los que las organizaciones ocultan armas de fuego, enervantes, dinero en efectivo, vestuario y equipo para delinquir”.
Sin duda, resulta en cierta forma comprensible que el Ejército haga llamados a los ciudadanos para que, en los contratos de arrendamiento, el casero exija a los posibles inquilinos no solo que se identifiquen con documentos oficiales, sino que “periódicamente se cerciore de las actividades que realice su arrendatario”.
El arrendador que no lo haga así estará en problemas legales y hasta podría perder su propiedad, tal como lo prevé la Ley de Extinción de Dominio. Dicha norma, dice El Universal, “consigna que se pueden perder bienes que se usen para la comisión de delitos por un tercero, si el dueño del inmueble tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad correspondiente, de acuerdo con el artículo 22 constitucional”.
En mi opinión, tal como están las cosas en México, esa ley es letra muerta. Simplemente no veo a ningún ciudadano denunciando a sus inquilinos si descubre que estos son sicarios al servicio de las mafias del narcotráfico. El que lo haga será un suicida.
Está bien que se le exija a la gente cumplir con sus responsabilidades, pero es inmoral pretender que las personas pacíficas arriesguen su vida para apoyar al Ejército en una guerra tan absurda como condenada al fracaso desde que inició.
El propietario de inmuebles, antes de cumplir con la ley denunciando a sus inquilinos mafiosos, si fuera el caso, preferiría irse de México. De hecho, esto es algo que ya ocurre y cada día con mayor frecuencia.
La salida al problema de la violencia no se encuentra en las armas del Ejército, sino en buscar que se legalice, a la brevedad posible, al menos el comercio de la mariguana. Porque sin legalización no hay solución. De plano.
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