Víctimas de Gutiérrez de la Torre reabren proceso legal tras amenazas de muerte
Protesta en contra de Gutiérrez de la Torre luego de darse a conocer el caso de la red de prostitución (Enrique Ordóñez/Cuartoscuro)
Por acoso sexual y amenazas de muerte emitidas por el propio "Príncipe de la Basura" y colaboradores.
Dos mujeres que padecieron acoso sexual y despido injustificado por parte del que fuera presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en 2003 reactivaron la batalla legal en su contra por el pago de una indemnización proporcional que no se les otorgó en 2011.
Linda y Claudia Muñoz Moreno renunciaron al anonimato y solicitan a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal promover a la Procuraduría General de Justicia capitalina las posibles conductas ilícitas que el priista cometió hace más de 10 años, mediante sus representantes legales.
Las Muñoz Moreno promovieron un Incidente de Nulidad de Actuaciones para que se reabriera el juicio laboral de mayo del 2003 contra Cuauhtémoc Gutiérrez, el cual ganaron en agosto del 2010 a través de un amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Distrito Federal.
Las hermanas sostiene que el 8 de noviembre del 2011 al aceptar un pago por 380 mil pesos como liquidación por despido injustificado, fueron agredidas y amenazadas de muerte por el entonces diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, específicamente les advirtió que de no aceptar la cantidad proporcionada "yo a ustedes y a sus familiares ya los tengo ubicados y no sea que los vayan a ir a recoger a los basureros, en donde son mi territorio”.
Linda y Claudia Muñoz identificaron al actual Secretario General partido en la capital, Tonatiuh González Case, y al exdiputado local priista, Cristian Vargas, como colaboradores incondicionales de Gutiérrez de la Torre, quienes también las amenazaron por negarse a mantener relaciones sexuales con el “Príncipe de la Basura”.
Ambas mujeres retomaron la demanda tras ser llamadas a declarar ante la PGJDF como parte de la averiguación previa iniciada por la Fiscalía para la Atención de Asuntos Especiales y Relevantes que investigaba la red de prostitución que operaba el funcionario y por cuyas declaraciones no recibieron protección por ser "testigos del caso".
La PGJDF no solicitó permiso de las víctimas para el uso de la información y tampoco brindó garantías, por lo cual ambas se negaron a comparecer.
El abogado José Humbertus Espinoza, solicitó una denuncia por el delito de fraude procesal al Presidente de la Junta Especial Número Seis, Alejandro Rivas, quien simuló que las víctimas habían recibido el total de su liquidación, pues no se solicitaron los comprobantes que acreditaran el pago total de esta, ya que jamás solicitó los comprobantes que acreditaran el pago completo de la misma, luego de que el PRI-DF alegó haber entregado 650 mil pesos que completarían el monto de un millón 55 mil pesos que establecía la sentencia.
Rivas benefició a Gutiérrez de la Torre al cerrar el caso, pese a que no disponía de las atribuciones legales para ello y violó los derechos humanos y de protección a las mujeres.
Las hermanas fueron agredidas y expulsadas a la fuerza de la sede del PRI, luego de que Claudia se negará a beber y platicar con el priista local durante una salida al Bar "La Vitrola", debido a que se le advirtió que intentaría tener relaciones sexuales con ella.
El proceso legal no ha sido fácil, el abogado que inició el proceso con ellas les advirtió que se enfrentaban a un personaje oscuro, mientras la mujer que había declarado con ellas durante el primer juicio rompió cualquier vínculo y desapareció.
Ambas presentarán amparos, de ser necesario, contra la Procuraduría capitalina y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
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