Hoy se cumplen dos meses desde que las fuerzas policiales del Estado mexicano asesinaron a seis personas y desaparecieron 43 normalistas en Iguala.
Tras dos meses, el estado de cosas es aun más grave. No existen esfuerzos reales y tangibles por localizar a los estudiantes desparecidos, dando lugar a toda clase de dolorosas especulaciones, alguna hechas pasar como información oficial por un impresentable y perezoso procurador general.
Al día de hoy ningún funcionario público enfrenta cargos por la desaparición y los homicidios perpetrados el 26 de septiembre. Ni el director de la policía de Iguala, a quien ni siquiera se busca; ni el ex alcalde de Iguala, quien está preso por delitos anteriores; ni el alcalde de Cocula, quien es protegido por el PRI y sigue en funciones; ni el gobernador ni el procurador general de la república ni el secretario de gobernación quienes han sido omisos y frívolos.
Tras dos meses de indignación popular, las cosas lucen peores porque ahora hay presos políticos en cárceles de máxima seguridad por el solo hecho de manifestar su indignación.
Han sucedido dos meses y la esperanza de encontrar con vida a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sigue iluminando a México.
Y vamos a seguir creyendo que volverán vivos porque fue así como se los llevaron. Porque aun queda la esperanza de que la criminalidad no podrá rebasar a la ciudadanía como ya tiene rebasado al gobierno mexicano.
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