Tuvieron que pasar 24 largas horas para que el gobierno de México respondiera al Parlamento Europeo y al Departamento estadounidense de Estado sobre los serios señalamientos relacionados con violaciones a los derechos humanos. De entrada, no rechazó de tajo las observaciones, más bien aceptó que “subsisten retos” que encarar en la materia, y aclaró que el respeto absoluto de las garantías individuales es una responsabilidad de todo el Estado mexicano, no sólo del Ejecutivo. Esto quiere decir, en términos coloquiales, que el Legislativo y el Judicial también tienen que hacer su parte desde sus respectivas trincheras y atribuciones. Curiosamente, la respuesta a la resolución aprobada por la Eurocámara y al informe anual del gobierno de Washington no salió de Tlatelolco, sino de la oficina de Fernando Gómez Mont, en Bucareli. Resulta interesante que se reconozca que hay un buen número de recomendaciones de la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos, y que éstas hayan sido aceptadas en su totalidad por la institución armada. La posición del gobierno de Calderón no puede ser de negación ante la violencia extrema que ya se vive en todo México.
El "efecto Yunes" sigue sacudiendo al PAN. Los ex legisladores veracruzanos Sergio Penagos y Agustín Mollinedo se sumaron a Gerardo Buganza Salmerón: renunciaron al partido y emprendieron una campaña pública para acusar a la dirigencia nacional de ser “un PRI con diferentes matices”. Y aún más: Guillermo Basurto, subdelegado de la Profeco, presentó su renuncia al cargo y a la militancia que durante 16 años tuvo en Acción Nacional, organización que, desde su punto de vista, “al igual que el resto de los partidos políticos, antepone sus intereses particulares por encima del bien de los mexicanos”, e intenta disfrazar las imposiciones haciéndolas aparecer como “lealtad partidaria”.
Pero si de desbandadas se trata, Zacatecas también se cimbra. Ayer, el equipo de Amalia García dio cuenta de tres bajas: Miguel Rivera Sánchez, Héctor Zirahuén Pastor y Javier Mendoza Villalpando, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Renunciaron a sus puestos para sumarse al proyecto político de Miguel Alonso, candidato a gobernador de la coalición Primero Zacatecas, integrada por el PRI, PVEM y Panal. Los hoy ex funcionarios eran titulares de Atención Ciudadana, de la Unidad de Atención al Poder Legislativo y de la Unidad de Desarrollo Político, respectivamente, y tenían 12 años de pertenecer al sol azteca. La queja es la misma que la de los panistas en Veracruz: la imposición de candidato a la gubernatura. “Más vale un adversario sincero que un partidario acomodaticio”, le dicen en su carta de renuncia a Jesús Ortega, presidente nacional del PRD.
Apunte final: El arzobispo José Guadalupe Martín Rábago está muy preocupado por las recientes revelaciones sobre el comportamiento pederasta de Marcial Maciel. Reconoce que los abusos cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo “han contribuido a destruir la credibilidad de la Iglesia católica y han puesto una sombra de sospecha sobre todos sus ministros”, lo que consideró injusto. Durante la presentación del libro Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna, en León, Guanajuato, dijo que en este documento la Iglesia reconoce los hechos lamentables y “pedimos perdón por todo aquello que de alguna manera haya afectado a las personas, especialmente a los niños”.
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