Autismo institucional: asalto de la Presidencia
Cuando las instituciones formalmente creadas para garantizar la equidad en la contienda electoral, la autenticidad del sufragio y el respeto a la ley oyen y miran pero no responden, entonces tenemos el síndrome del autismo institucional. Eso es lo que ha ocurrido con el IFE y el Tribunal Electoral: no hicieron más que fingir desconocimiento de la realidad.
El IFE y el Tribunal no investigaron nada sobre el gasto del PRI ni sobre la compra de votos, la triangulación ilícita de fondos y el uso de recursos públicos en la campaña electoral. El IFE fingió empezar una investigación pero a paso lento para dar tiempo a que se consumara la imposición de Peña Nieto. El Tribunal se negó a resolver en plena jurisdicción investigando lo que el IFE no quiso. Una y otra institución hicieron el uno-dos de la simulación.
Ninguna autoridad puede hablar de las tarjetas de débito, de los gastos excesivos, de los plásticos-despensa, del tiempo-aire regalado. Las empresas involucradas siguen tan campantes como antes sin que nadie las moleste. Tampoco se han requerido las facturas, los estados de cuenta bancarios de empresas trianguladoras. Mucho menos se han investigado a los gobiernos priistas de donde salió la mayor parte del dinero. No tenemos más que las evidencias –son pocas, ha dicho el PRI con inevitable cinismo—aportadas por los quejosos. Pero una y mil veces hay que repetir que el denunciante no está obligado a realizar la investigación porque no cuenta con los instrumentos y la ley no le confiere esa función, atribuida a la autoridad que –se supone—para eso ha sido constituida.
Todas las actuaciones del Tribunal han sido una farsa, la cual está aderezada con recomendaciones al IFE para proseguir con las investigaciones como si el mismo Tribunal no hubiera podido hacerlas en plena jurisdicción. Esta es una farsa por partida doble.
No es la primera vez que el Tribunal, aunque con otros integrantes, hace señalamientos al margen de sus resoluciones, como si fuera una conciencia carente de instrumentos jurídicos, como si sus recomendaciones fueran parte de su función sustantiva, con el único propósito de afianzar su autismo y escapar por la puerta de atrás.
Cuando una autoridad no actúa para defender los intereses públicos, cuando lo que hace es paralizarse con pretextos legaloides, lo que está detrás de su actitud es la defensa de intereses muy precisos pero también muy alejados de la ley y la sociedad. Eso ha hecho el IFE; eso ha hecho el Tribunal Electoral.
La imposición de Peña fue largamente ejecutada de manera abierta y oculta. Desde hace ya muchos meses, el país entero veía cómo se arreglaba todo a favor de la consumación de un acto político que puede denominarse el asalto de la Presidencia. La denuncia política tuvo algún éxito, pero la situación siguió un rumbo fijado por esa combinación de poderes económicos y políticos que anhelan alcanzar el Poder Ejecutivo para una más completa realización de sus propósitos. ¿De dónde salió todo el dinero gastado? No contamos más que con algunos indicios porque las autoridades no han querido reaccionar ante la realidad.
Estamos ante una crisis institucional. Por más reformas a las leyes, las cosas siguen igual o peor que antes. Ese es el programa del PRI de hoy. Ese es el regreso de los dinosaurios. Esa es la manera de proseguir con una malsana forma de disputarse la Presidencia de la República entre dos partidos conservadores que carecen de todo compromiso con la democracia porque no la necesitan para aplicar sus programas sino que es un estorbo para alcanzar sus propósitos. Nadie podrá engañarse, cerrar los ojos y los oídos para negar que en el IFE y en el Tribunal Electoral, esos partidos –PRI y PAN—tienen completo control. Hace seis años el PRI (tercera fuerza) apoyó a Calderón; hoy, el PAN (tercera fuerza) apoya a Peña. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, es el lema de los conservadores de hoy. Las instituciones son tan sólo bajos instrumentos
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