El reciente fraude electoral podría ser calificado como tal por el supremo tribunal de la materia, por los innumerables elementos aportados por los agraviados y ello llevaría a invalidar la elección, y evitar otro gobierno ilegítimo y abrir el camino para la consolidación de la democracia. Se requeriría gran visón histórica, independencia, valentía y patriotismo por parte de los magistrados.
La práctica del fraude electoral está arraigada en México. El primero se produjo en 1828 y el último hace unas semanas. La historia política del siglo XIX y XX estuvo marcada por robo de elecciones. En el siglo XXI, pese a la extrema juventud de la centuria, ya ha habido dos. Cada uno es distinto y más sofisticado que el anterior. Como en computación hay generaciones, en los fraudes se encuentran nuevas vías o se amplían las existentes.
El último fraude debe ser de la cuarta generación. La utilización intensiva de los medios y el manejo de las encuestas fueron una maniquinación refinada. Estábamos acostumbrados al gasto excesivo de propaganda, pero nunca imaginábamos al extremo que se llegaría con tarjetas de crédito, telefónicas y monederos. Las triangulaciones, las transferencias, las empresas fantasma, la evidencia de lavado de dinero implican una operación financiera hipermoderna que sería admirable si no fuera trágica para México. El tráfico con la pobreza en el medio rural no es nuevo, pero sí el aparato alimentado por miles de millones para consumarlo.
El agravio que se hace a las instituciones y al país es inmenso. Podría rectificarse con una sabia sentencia de invalidación, pero muchos mal pensados temen que no será así. La gestión del nuevo gobierno tendrá una base endeble e intentará imponer un proyecto agotado cuando la corrupción, el despilfarro, el peso de los poderes facticos, la falta de recursos, la violencia requerirían soluciones de autoridades respetadas y respetables.
La práctica histórica advierte que los expedientes que se han empleado para que se perdonen los fraudes son la legitimación en el ejercicio con golpes espectaculares y/o los propósitos de enmienda con nuevas leyes electorales. Después de 1988 Salinas ordenó tres reformas. Zedillo impulsó otra en 1996 que pretendió ser definitiva; después de 2006 se produjo otra. Y seguramente vendrá otra para atenuar los efectos del último. Generalmente las reformas van acompañadas por una recomposición de los órganos electorales. Las leyes y reorganizaciones no corrigen el problema de fondo: el pueblo no puede decidir quién será su presidente. Antes era el monarca sexenal, hoy son los grupos de interés aliados a una pandilla de políticos. Todo indica que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Esta obcecación tarde o temprano terminará en desastre.
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