1.El IFE tiene capacidad plena para realizar investigaciones aun sobre los secretos, incluidos el fiscal y el bancario.
2.El IFE tiene obligación de realizar exhaustivamente sus investigaciones.
3.La carga de la prueba en las quejas y denuncias no corre por cuenta del quejoso o denunciante sino, eventualmente, del IFE, como resultado de sus propias investigaciones.
4. Los gastos de campaña y precampaña deben ser puntualmente reportados por los partidos y está prohibido hacer gastos sin soporte en el ingreso o a través de otras personas.
5.La propaganda de los partidos en radio y televisión se encuentra limitada por la ley y está prohibido que se haga por otras personas o de manera encubierta. La simulación no está permitida por la ley.
6. La propaganda ilícita, la compra de votos y el uso indebido de recursos son transgresiones administrativas y no sólo penales, por lo que el IFE es autoridad en tales materias.
Sin embargo, el IFE se declara inepto para abordar cuestiones que le competen directamente y renuncia a investigar quejas sobre propaganda encubierta, uso de recursos fuera de la contabilidad y compra de votos. Es evidente que Peña derrochó dinero en la primera etapa de su campaña y que antes había simulado propaganda mediante espots “equivocados” y emisiones aparentemente profesionales. Al final, también fue evidente que el PRI compró votos con tarjetas y con recursos no procedentes del partido mismo sino de sujetos formalmente ajenos. Pero la evidencia no “consta en actas”, como no puede constar porque el IFE no hizo las actas pertinentes. Al cabo, “de la investigación (¿cuál?) no se desprende ninguna conducta ilícita”, se ha dicho.
El apego a la legalidad ha sido el discurso de la mayoría de los consejeros electorales, pero nunca han demostrado que la dizque investigación hubiera sido exhaustiva como lo manda la ley y la jurisprudencia. El simple hecho de que una empresa fantasma hubiera comprado tarjetas de débito o telefónicas a otra empresa dedicada a tal negocio con recursos absolutamente oscuros y, en principio, ilícitos en tanto no fue el PRI el comprador, configura un caso digno de ser investigado con exhaustividad. Pero el IFE pregunta por aquí y pregunta por allá, sin método, sin plan, sin ganas de conocer la verdad y declara que no encuentra nada de nada. Ya vendrá el momento en que diga que encontró algo, pero será en año próximo cuando todo esté consumado. Esta es una desvergüenza.
Cuando el Consejo General del IFE analizó el dictamen de Alfonso Lujambio sobre los Amigos de Fox, Vicente Fox era ya presidente de la República y los consejeros votaron a favor de declarar la queja como infundada. Pero Lujambio tenía las copias de depósitos bancarios a favor de una fundación creada por Fox y amigos para financiar su campaña electoral y había evidencia de triangulaciones. ¡Ah! Nada estaba en actas porque no eran documentos certificados sino simples copias y el IFE no podía, no debía, atentar contra los formalismos de un derecho que está creado para tolerar todo lo chueco. Pasaron años. Cuando el Tribunal Electoral ordenó al IFE ir por las certificaciones bancarias (lo pudo haber hecho antes el tribunal si el IFE hubiera declarado la queja fundada), esas mismas cuentas aparecieron y vino la multa de más de 300 millones pero ya el sexenio del transgresor estaba en su segunda mitad. ¡Eso se llama justicia electoral! En materia penal se mandó al archivo la denuncia y los tribunales federales negaron al denunciante personalidad jurídica para impugnar el no ejercicio de la acción penal de un procurador disciplinado, como siempre, al Ejecutivo.
El IFE tiene hoy todas las facultades formales de investigación. Se las ha dado el Congreso. El hecho lamentable y odioso de que nos las use es producto de un fenómeno extralegal. Así es México… hasta ahora.
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