La Constitución preterida
Bernardo Bátiz V.
D
on Manuel Herrera y Lazo en uno de los pocos libros que publicó, Estudios constitucionales (Editorial Polis, 1940) afirmó que era necesario, ya desde ese tiempo,
hacer de la Constitución el derecho del Estado y de México un estado de derecho. Parte de su afirmación sigue repitiéndose y funcionarios, legisladores y dirigentes partidistas reiteran hasta el cansancio que debemos convertirnos en un estado de derecho, pero nada hacen para lograrlo.
Tenemos una Constitución alterada en exceso y desnaturalizada en sus principios, y contamos también con innumerables leyes secundarias que se multiplican casi al infinito; sin embargo, no podría decirse hoy que el sistema jurídico se aplica puntualmente y que la vida social y política del país se rige por la Constitución y las leyes que de ella emanan; distamos de ser un estado de derecho.
La Constitución es la ley fundamental que organiza al gobierno y rige la participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía; al capítulo que se ocupa de estas reglas se le conoce como parte orgánica; otra parte importantísima de la Carta Magna, llamada dogmática. Se ocupa de los límites del poder público frente a los derechos fundamentales de las personas, es el capítulo primero, de los derechos humanos y sus garantías.
Las dos partes de la Constitución, la orgánica y la dogmática, han sido preteridas por los poderosos de este país, políticos en el poder y dueños del dinero, que aliados han atropellado los derechos del pueblo soberano; hay muchos ejemplos: se imponen gobernantes con fraudes, alteraciones en el proceso, desinformación y mediante una forma especialmente inmoral que es la compra del voto; en el otro aspecto, en el de los derechos humanos, se violan cada vez más los preceptos que los protegen.
Se ha vuelto práctica común hacer a un lado el texto de la ley y sustituirlo por
protocolos, reglas ceremoniales para guardar apariencias y dar forma ampulosa a las ceremonias en las que se anuncian y dictan las decisiones de gobierno. Se trata de mecanismos para sustituir el fondo por la forma, de hacer caso omiso del contenido para exaltar el continente.
Nuestra vida pública es una serie interminable de discursos, encaminados a ocultar o bien adornar las impresentables decisiones políticas que han convertido a la Constitución mexicana en un adefesio cada vez más alejado de su texto original, mismo que fue ejemplo de Constitución avanzada, que amén de organizar el poder público, garantizaba los derechos individuales y también los derechos sociales. Hoy el Estado está mal organizado, los derechos sociales prácticamente han desaparecido y los derechos individuales van por el mismo camino; lo único que continúa en su apogeo son los discursos reiterativos, y las promesas de una prosperidad siempre futura y de que con las medidas que se toman seremos cada vez más
competitivos, signifique esto lo que signifique.
En otra época, los discursos oficiales eran para las grandes efemérides y los mensajes políticos de los informes que el presidente rinde anualmente ante el Congreso; hoy los vemos multiplicados por docenas en el transcurso de un día, por cientos en un año y de seguro por miles en un sexenio. Algunas veces es el mismo, pobremente pronunciado y articulado, en el que lo único que cambia es el modelo de corbata que porta el orador.
La realidad política, económica y social es totalmente distinta a la que nos pintan los discursos; en materia política, los órganos constitucionales están atrofiados y los derechos del pueblo soberano no son respetados; un ejemplo: se legisla mediante pactos que no están considerados en ningún precepto legal y con ellos se suplanta al Poder Legislativo, que es reducido así a la penosa función de escribano que protocoliza lo acordado extramuros por quienes se dicen líderes de los partidos mayores.
Otro ejemplo: se modificó la Constitución, vulnerando los intereses de la nación, sin consultar al pueblo y sobrepasando, el órgano revisor de la Constitución, sus facultades limitadas, al ir más allá de adiciones y reformas y al haber alterado, sin facultades para ello, decisiones políticas fundamentales reservadas a la competencia del único constituyente soberano, que es el pueblo.
En cuanto a derechos humanos, son cotidianas las violaciones, los cateos, las detenciones por policías sin orden de juez, los arraigos, la limitación del libre tránsito y de la libre expresión de las ideas; los malos tratos y los abusos de las fuerzas armadas; un caso lamentable, pero no único, sucedió hace unos días en el Distrito Federal, cuando un policía del Centro Histórico le rompió la nariz a un adolescente que reclamó a gritos el atropello que su agresor y otros cometían contra dos jóvenes en plena avenida Madero.
Como Herrera y Lazo lo dijo ya hace mucho tiempo, es necesario, otra vez, hacer de la Constitución el derecho del Estado y de México un estado de derecho.
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