CRIMENES INPUNES DEL FOBAPROA.

(23 de julio de 2014).- El FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), es considerado como uno de los mayores fraudes económicos del siglo XX. En 1982 gobernaba el PRI con José López Portillo, en esa época México se convirtió en una fuente de riqueza por los pozos petroleros que se encontraron en el territorio y las ventas del crudo con base en el precio internacional beneficiaron la economía del país, hasta que López Portillo gastó a manos llenas.

Los gastos del país crecieron de manera incontrolable y para mantener el nivel económico que vivía el gobierno del priísta, pidió créditos internacionales que no se pudieron solventar, porque el precio y las ventas del petróleo bajaron. Las deudas del país eran tan grandes, que el gobierno de López Portillo no tenía como pagarlas y para no llamar la atención a los medios de comunicación sobre el mal manejo económico de su gobierno, culpó a los banqueros de su mala administración.

Desde entonces México se encontraba en una crisis de la cual no podía sobresalir, es ahí cuando se crearon diferentes programas, hasta llegar al FOBAPROA. En 1990 el expresidente Carlos Salinas de Gortari instituye dicho programa que tenía como función recuperar los créditos que incumplían con los pagos de empresarios, instituciones financieras y ciudadanos, y así capitalizar a las instituciones financieras.

Este aparato neoliberal sirvió solamente para devastar la economía del país y permitió perfeccionar a la dinastía PRI-PAN por muchos años. Por medio de la corrupción los desfalcos bancarios de 552 mil millones de pesos, dinero que otorgó el gobierno federal a los bancos, fue solamente para hacer negocios multimillonarios y engañar a familias que necesitaban un verdadero sustento económico, los cuales al final terminaron pagando este fraude.

La crisis de 1994, un desfalco para el PRI

El último año de gobierno de Salinas de Gortari, mostraba puntos que debían ser atendidos como el aumento en el déficit en cuenta corriente, la sobrevaluación del peso con relación al dólar, insuficiencia del ahorro interno y el aumento de la cartera vencida de los bancos, básicamente el aumento en las tasas de interés de la banca comercial. A todo esto también le podemos sumar el asesinato político de Luis Donaldo Colosio, y la rebelión en Chiapas, lo que provocó que el país sufriera un drástico decremento.

“Entre los primeros programas instrumentados (entre enero y marzo de 1995), los más destacados fueron: la ventanilla de liquidez en dólares, dirigida a resolver el problema de liquidez proveniente de la necesidad de renovar pasivos de corto plazo denominados en dólares, y el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE), que inyectó liquidez a los bancos por medio de la adquisición de cartera crediticia por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)”. [1]

Fue necesario crear un acuerdo de emergencia entre la banca y los deudores a fin de establecer un marco adecuado para reestructurar los débitos y disminuir los riesgos de la cartera vencida; programas de reestructuración como el UDI (Unidades de inversión) del cual tuvo un valor de $1.00, que evolucionaría luego con esta medida, los ahorros de las personas que invirtieran en UDI quedaban protegidos contra la erosión del valor real de la moneda, derivada de la inflación y, en virtud de que los pagos de intereses se definían en términos de una tasa real positiva, también estarían protegidos contra el riesgo inflacionario.

Y determinando que los programas tenían éxito, el Fobaproa entró por encima de miles de mexicanos, este instrumento “preventivo” era una combinación de protección del ahorro para supervisar el desarrollo de las instituciones financieras. Éste adquirió derechos sobre una cartera seleccionada por los bancos, los cuales fueron transferidos por los bancos a un fideicomiso administrativo por ellos mismos, cuyo beneficiario era el Fobaproa y, a cambio de estos derechos, los bancos recibieron pagarés a diez años respaldados por el gobierno federal, los cuales devengaban intereses.

“A mediados del año 2001, los pasivos del Fobaproa ascendían a 754,761 millones de pesos, que se sumaban a los 734,344.2 MDP de la deuda pública interna, además de los 82,696.9 millones de dólares de la deuda pública externa [2]. Con la deuda suscrita en el curso del rescate bancario, el gobierno realizó erogaciones en efectivo equivalentes a 168,000 millones a junio de 1999”.

“El drástico aumento de las tasas de interés que se registró en los mercados financieros durante esos meses de 1994 hizo que muchos deudores, incluyendo a muchos que hasta ese momento se encontraban al corriente de sus compromisos con los bancos, incurrieran en retrasos. El colapso del sistema bancario pudo evitarse gracias a la intervención del gobierno, que impidió primero una crisis de liquidez y, más tarde, permitió que los bancos eliminaran de sus balances una parte importante de sus carteras vencidas, a cambio de que sus accionistas incrementaran su capital. En algunos casos, no quedó otra alternativa que proceder a la liquidación de las instituciones mediante mecanismos diversos de venta y fusión” [3].

Como se sabe, el escándalo estalló cuando, a finales de marzo de 1998, el gobierno solicitó al Congreso de la Unión la conversión de la deuda del FOBAPROA en deuda pública. El argumento central para defender esta demanda fue la necesidad de evitar una crisis más profunda. La controversia sobre dicha institución se extendió a lo largo de los nueve meses que siguieron a la presentación de la iniciativa.

“Al cabo de ese largo periodo, el Partido Acción Nacional (PAN) cedió. El 12 de diciembre de ese mismo año unió sus votos a los del PRI para aprobar dicha conversión y la sustitución del Fobaproa por el IPAB.”

“En el Fobaproa el gobierno revolvió, en una sola gran canasta, los créditos cobrables con los incobrables, los regulares con los irregulares, los justos con los injustos, los buenos con los malos, tanto de la Banca Privada intervenida (Confía, Unión, Cremi, Banpaís, Anáhuac, Centro, Oriente, Obrero, Interestatal, Sureste, Capital, Industrial, Pronorte; Inverlat) como de la Banca no intervenida (Banamex, Bancomer, Bital, Serfín, Santander Mexicano. Probursa) y, junto con el rescate carretero (ICA, Bufete Industrial, Tribasa, G.M.D.), todo esto llegó a un monto conocido en ese entonces de 552,300 millones de pesos y en diciembre de 1999 la suma ascendía a 900,000 millones de pesos”.

“En este movimiento había 1,325 grandes deudores y medianos deudores, aproximadamente, cuyo crédito originalmente rebasaba los 20 millones de pesos entre los cuales se encontraban empresas como Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, el club de fútbol Monterrey, Taesa, Syncro, SIDEC, Hoteles Camino Real, entre muchas otras y, además, miles de pequeños deudores y deudores familiares”.

Según el juicio de Andrés M. López Obrador, “el antecedente primordial que propicia el surgimiento del Fobaproa es el desplome bancario en México y la decisión del Presidente Ernesto Zedillo Ponce De León de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y grandes empresarios en deuda pública, con base en la red de complicidades y componendas que existen entre el poder económico y el poder político”.

De esta manera los mexicanos debemos tener presente que la deuda que el gobierno adquirió con los pagarés aumentó nuestra deuda interna tres veces mas y que se gastó más en el rescate bancario que en educación y salud los últimos años. La nación mexicana ha tenido un largo proceso histórico la cual enfrenta dos fuerzas que actualmente siguen presentes PRI-PAN y con esto debemos frenar a los siguientes sexenios que se han basado en el método neoliberalista que impera actualmente a esto se complementa los fraudes electorales, masacres, asesinatos, injusticias represión y censura, y nosotros como mexicanos debemos detenerlos antes de que estos se queden sin castigo.