La calificadora Standard & Poor’s se apresura a declarar al país en “default selectivo”

Fracasan negociaciones entre los fondos buitres y Argentina

El gobierno depositó el pago por 539 mdd, pero el juez de EU desató una situación sin precedentes, acusa Kicillof

Pagaremos bajo condiciones razonables, no extorsivas, afirma

Aspecto de una demostración de simpatizantes del gobierno argentino realizada ayer en Buenos Aires, para protestar por las exigencias de un grupo de acreedores del paísFoto Ap

El ministro de Economía, Axel Kicillof, ofreció una conferencia de prensa en Nueva York tras dos días de negociaciones en Estados Unidos con representantes de los fondos especulativosFoto Reuters

Afp t Dpa

 

Periódico La Jornada
Jueves 31 de julio de 2014, p. 21

Nueva York, 30 de julio.

Tras arduas negociaciones, Argentina y los fondos especulativos a los que califica de buitres no llegaron a un acuerdo por el litigio sobre su deuda soberana, lo que coloca al país en undefault parcial que es rechazado por el gobierno sudamericano.

La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) declaró a Argentina en “default selectivo”, antes de que venciera el plazo para un pago por 539 millones de dólares a bonos restructurados en los canjes de 2005 y 2010.

El gobierno argentino envió hace más de un mes ese dinero al Banco New York Mellow (Bony), pero el juez federal Thomas Griesa congeló los fondos para forzarlo a saldar los mil 330 millones de dólares que exigen los fondos especulativos que no aceptaron el canje de la deuda.

El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, reiteró la postura de su gobierno que niega que el país haya entrado en default: “Ese dinero está ahí, evidentemente si fuera default no estuviera ahí”, declaró, y culpó a Griesa por una situación sin precedentes.

“Vamos a pagar a los que tienen bonos en default, pero bajo condiciones razonables, no bajo condiciones extorsivas, bajo presión, bajo amenaza”, advirtió el ministro, y agregó que Argentina defenderá los canjes de su deuda soberana, aceptados por 92.4 por ciento de los acreedores.

“La condición de los fondos buitreses que se le pague más a ellos y se haga ahora”, afirmó Kicillof, quien agregó que en las discusiones Argentina ofreció a los fondos NML Capital y Aurelius entrar en el canje en similares condiciones de las que entraron los bonistas de 2005 y 2010. Realizamos esta oferta. Lo que les ofrecimos en términos de ganancias es 300 por ciento. No fue aceptada porque quieren más y lo quieren ahora, indicó.

En una conferencia de prensa ofrecida al terminar las pláticas de los últimos dos días, el ministro declaró:Nos trataban de imponer algo ilegal; la intención era forzar una situación ilegal. Vamos a buscar una solución justa, equitativa y legal para el 100 por ciento de nuestros acreedores.

A su vez, S&P rebajó la nota de la deuda soberana argentina, que pasó de CCC-, categoría especulativa, a SD (Selective default, en inglés) indicó en un comunicado. Eso significa que Argentina sigue honrando parte de su deuda e incumplió pagos de bonos específicos.

Esta situación inédita de defaultdeclarado por S&P y negado por Argentina se produce 13 años después del catastrófico cese de pagos de 2001, cuando el gobierno suspendió el pago de 100 mil millones de dólares, equivalentes a 166 por ciento de su economía.

El nuevo incumplimiento en el pago se produjo en medio del fracaso de febriles negociaciones de último momento a través del mediador judicial Dan Pollack entre una comitiva encabezada por Kicillof y representantes de los fondos querellantes NML Capital y Aurelius, a los que Buenos Aires denomina fondos buitres porque compraron la deuda ya en default y reclaman el 100 por ciento del valor.

El conflicto con los fondos buitres es largo e intervienen varios actores, en medio de una historia que comenzó cuando Argentina entró en default tras la grave crisis económica, política y social de diciembre de 2001.

En 2005 y 2010 realizó dos canjes de deuda –con fuertes quitas hasta de 70 por ciento–, que fueron aceptados por 92.4 por ciento de los bonistas. Alrededor de uno por ciento de los bonistas que no aceptaron los canjes (fondos buitres) recurrieron a la justicia de Estados Unidos para cobrar 100 por ciento del valor de esos bonos que habían adquirido a un costo de entre 20 y 30 por ciento.

Ahora la justicia de Estados Unidos ordenó pagar mil 330 millones de dólares en una sola exhibición y en efectivo. Si esto se hiciera extensivo al total de 7.6 por ciento de bonistas que no aceptaron los canjes, el gobierno argentino tendría que pagar entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, más de la mitad de sus reservas monetarias, que rondan los 30 mil millones de dólares.

El gobierno, que sostiene que se trata de un conflicto inédito, afirma que no puede cumplir el fallo porque incumpliría la cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers), que vence a fin de año y que indica que el país no puede ofrecer mejores condiciones a otros bonistas (fondos buitres) que las que ya dio a 92.4 por ciento que aceptó los canjes.

De hacerlo, se podría enfrentar a demandas judiciales de los bonistas que aceptaron los canjes y que pueden reclamar las mismas condiciones de la sentencia (100 por ciento del valor de los bonos de una sola vez y en efectivo).

Suman 47 los fondos buitres que litigan contra Argentina. Los más reconocidos son NML Elliott, Olifant y Aurelius. El multimillonario Paul Singer, de Elliott, es la cara más visible. El fondo EM Ltd, de Kenneth Dart, fue el primero en comprar bonos en default.

El diario económico Ámbito Financiero señaló que Dart compró unos 900 millones de dólares, con apoyo de inversionistas que lo seguían porquelos había hecho ganar toneladas de dinero con dos embestidas similares en Ecuador y Brasil.

Lo que no se sabe es si el fondo de Dart aún tiene títulos o si los vendió a un mejor postor. El gobierno argentino dice que la mayoría de los buitres están radicados en paraísos fiscales.

Kicillof criticó con dureza a Griesa, acusándolo de haber dado demasiado poder a los querellantes y dejar en sus manos el pedido de una suspensión de la sentencia que hacía Argentina para poder seguir pagando a los bonistas que entraron en canjes.