El sorteo de cargos públicos: un método para mejorar la democracia

escrito por Sebastián Linares el 22 mayo, 2013 archivada en Ciencia Política

El concepto de democracia ha estado asociado, en diferentes épocas históricas, a dos métodos muy diferentes de selección de cargos públicos y asignación de responsabilidades: las elecciones populares y el sorteo de representantes. En los últimos doscientos años la teoría democrática ha dado por hecho que el único método democrático para escoger cargos públicos es la elección de representantes a través del voto popular. Sin embargo, desde sus orígenes en Atenas (435 A.C) hasta bien entrado el siglo XIX, el concepto de “democracia” solía hacer alusión al uso del sorteo para la selección de cargos públicos (Manin 1997).

Existen cuatro líneas de justificación del sorteo como herramienta para la selección de cargos públicos y asignación de responsabilidades. La primera, que abreva de la democracia ateniense, considera que el sorteo honra –mejor que cualquier otro método- el ideal democrático de igualdad política, al conceder a todos una igual probabilidad de salir seleccionado. La segunda línea de justificación, que encuentra respaldo en la obra de Rousseau, considera que el sorteo de cargos públicos se justifica siempre y cuando el ámbito de decisión sea uno del que pueda predicarse una igual competencia entre todos los ciudadanos. Allí donde los asuntos a decidir requieren de una competencia técnica experta o especializada, entonces resultaría preferible la elección, o el concurso de méritos. La tercera línea de justificación considera que el sorteo es valioso como herramienta para extraer muestras representativas de la población general. Si reunimos a un grupo numeroso de personas seleccionadas por azar, representativo de la población general en todos sus rasgos, actitudes, identidades y valores más relevantes, entonces cabría inferir que las decisiones que tome este grupo, después de una adecuada deliberación, son las que habría tomado la población general si todas las personas hubiesen podido intercambiar información y argumentos entre sí (Fishkin 2009). La cuarta estrategia de justificación, finalmente, considera que el sorteo es valioso para seleccionar un grupo numeroso de personas, en virtud de que potencia la “diversidad cognitiva” del grupo. Se ha demostrado (Page 2007), en esa línea, que los grupos amplios con diversidad de perspectivas, herramientas heurísticas, interpretaciones del mundo, y modelos predictivos, llegan a mejores decisiones que los grupos que poseen una competencia general promedio mayor pero menor diversidad cognitiva (Landemore 2013).

En el contexto académico del mundo anglosajón, en los últimos diez años ha habido una proliferación de propuestas de ingeniería institucional que propugnan el uso del sorteo para mejorar o profundizar las democracias electorales o poliarquías. Incluso en países como Canadá y Australia se han llevado a cabo experimentos de Asambleas de ciudadanos sorteados como herramienta de consulta de las autoridades políticas. En América Latina y España, sin embargo, existe muy poco debate sobre las virtudes del sorteo de cargos públicos. Las propuestas son sumamente heterogéneas. Algunas propuestas, guiadas por el ideal de igualdad política (que inspira a la primera y segunda estrategia de justificación), propugnan la creación de jurados de ciudadanos sorteados para “controlar” a los legisladores (atribuyéndole al jurado la potestad de designar una comisión de investigación legislativa), para seleccionar cargos públicos intermedios en la burocracia (Pluchino, Rapisarda, Garófalo 2010), para seleccionar candidatos partidarios (Amar 1984), o para elegir magistrados constitucionales (Gosh 2010). Hay hasta quienes proponen, inspirados en la misma justificación, la posibilidad de que los votantes puedan optar entre emitir un voto a los candidatos partidistas, o dar un voto al “sorteo” (Peonidis 2010). Los escaños correspondientes al porcentaje de votos asignado al sorteo serían distribuidos por azar entre todos los ciudadanos que hayan manifestado su voluntad de participar en el mismo.

Otras propuestas, guiadas por la tercera estrategia de justificación, proponen la selección por azar de muestras representativas para decidir con carácter consultivo algunos problemas puntuales (Crosby 1995; Fishkin 2009), o para informar a los votantes antes de emitir un voto en un referéndum (Healthy Democracy Oregon 2013), para elegir gobernantes en reemplazo del sufragio popular (López Guerra 2010), para crear una “cámara legislativa de ciudadanos sorteados” con capacidad de veto (Barnett y Carthy 2008; Zakaras 2010, Sutherland 2011),  o incluso para crear una especie de “cuarto poder”, destinado a reemplazar a los referéndums (Leib, 2004). Finalmente, quienes defendemos el sorteo como herramienta propiciadora de la “diversidad cognitiva”, estamos dispuestos a aceptar una cámara legislativa de ciudadanos sorteados numerosa, no necesariamente representativa, con capacidad no sólo para vetar sino también para plantear iniciativas legislativas (Landemore 2013).

No cabe duda que, en el plano del diseño institucional, existen profundos desacuerdos con respecto a cómo utilizar el sorteo y para qué fines. Sin embargo, esos desacuerdos son equiparables a los que existen en la teoría democrática tradicional a la hora de decidir el mejor diseño electoral. Y es que, aunque los politólogos discrepen en torno a la mejor combinación de los elementos que conforman un sistema electoral (magnitud del distrito, fórmula de distribución de escaños, barrera electoral, fórmula de reelección), al menos todos están de acuerdo en que hay que escoger algún sistema electoral. Por la misma razón: aunque estemos en desacuerdo en torno al mejor modo de instrumentar el sorteo, y por qué razones, hoy resulta muy difícil negar que el sorteo sea una herramienta útil para el mejorar la democracia.  Resulta desconcertante que el sorteo haya desaparecido del debate público y académico en América Latina. Es hora de rescatarlo del olvido.