El miércoles pasado debutó el NINE. Ni es institucional, ni es nacional ni garantiza elecciones limpias y equitativas.
Ese día, siete de los 10 partidos con representación en el Consejo General del INE abandonaron la sesión y mandaron al diablo a una institución secuestrada por los intereses de la partidocracia dominante. De manera especial, por el predominio pernicioso que están ejerciendo PRI-PVEM-Panal-gobierno sobre un organismo que algún día gozó de 87% de confianza de los ciudadanos (2000) y hoy está por debajo del Ejército, los maestros y la Iglesia.
Desde aquella noche del 6 de julio de 1988, hace 27 años, cuando se anunció “la caída” del sistema electoral y los candidatos presidenciales de la oposición, Manuel J. Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas, aparecieron juntos en el patio central de la Secretaría de Gobernación para anunciar un frente por la limpieza y defensa del voto, los organismos electorales no habían exhibido una crisis institucional como la que vimos la semana pasada.
¿La causa? La cerrazón de una mayoría de consejeros electoralesindependientes que actúa bajo consigna de los partidos que los apoyaron para que ocuparan ese lugar. El pasado miércoles debía discutirse un dictamen sobre la no utilización de programas sociales con fines electorales, como los vales de medicinas del IMSS y del Issste que publicita el Partido Verde como logró suyo, cuando es una política pública de Estado, aprobada por el Congreso.
Se argumentó la necesidad de disponer de “más tiempo” (una semana) para estudiar y analizar un dictamen que lleva casi un mes ventilándose en sus partes medulares en los medios de comunicación. El planteamiento fue hecho por el grupo compacto de cuatro consejeros afines al eje PRI-PVEM-Panal (Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Beatriz Galindo y Adriana Favela), al que en esta ocasión se integraron Javier Santiago Castillo y Benito Nacif.
La protesta airada de los siete partidos de oposición logró que el pasado domingo se retirara el promocional del Partido Verde sobre vales de medicina. Sin embargo, permanecerán al aire otros dos, por lo que la campaña irregular e inequitativa de este partido, calculada en cerca de 400 millones de pesos, seguirá transmitiéndose.
Es evidente lo que se busca: posicionar lo más que se pueda al Partido Verde en la mente de los electores, a fin de que el PRI recupere los puntos que ha perdido en los últimos meses por la crisis económica y los escándalos de corrupción. De acuerdo con diversas mediciones (Parametría, Buendía & Laredo, Consulta), el tricolor ha sufrido una baja de 12 puntos en la intención del voto. Sin embargo, son los mismos que reporta su aliado, el Verde, por lo que ambos esperan sumar, en la próxima Legislatura, un número similar de legisladores al que actualmente tienen.
Como si viéramos una película retro, una vez más los temas que parecían superados en materia electoral (la independencia de la autoridad, la equidad en los comicios y la propaganda mediática desbordada) están colocando en zona de alto riesgo la legitimidad de los próximos comicios para diputados federales.
Si la autoridad electoral pierde su papel de árbitro imparcial, la contienda para elegir más de 2 mil cargos de representación popular podría experimentar una regresión antidemocrática: en lugar de ver un juego blanco de tenis estaríamos presenciando una lucha libre en el lodo.
Todo por la mutación del INE en NINE.
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