Jhon Ackerman

Durante su gira por Iguala, Chilpancingo y Acapulco, el viernes pasado dos importantes líderes de Morena, Andrés Manuel López Obrador y Pablo Amílcar Sandoval, extendieron la mano a los movimientos de Guerrero. Expresaron su compromiso irrestricto de encontrar vivos a los 43 estudiantes desaparecidos y propusieron un gobierno de coalición con las organizaciones sociales para hacer justicia. Y para lograr este fin se comprometieron a, que de ganar la gubernatura del estado, tanto el secretario de seguridad pública como el procurador general de Justicia del estado serían propuestos por los padres de familia de los desaparecidos. Asimismo, el secretario de Educación Pública sería determinado por el movimiento magisterial.

Esta propuesta marca una diferencia radical con los otros partidos políticos en Guerrero. Por ejemplo, Luis Walton, del partido Movimiento Ciudadano, arrancó su campaña en Iguala de la mano con Lázaro Mazón, ex alcalde de aquella ciudad y responsable del empoderamiento político de José Luis Abarca. Y Beatriz Mojica, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la candidata de la continuidad corrupta, ya que fungió como secretaria de Desarrollo Social durante toda la gestión de Ángel Aguirre.

La propuesta de Morena-Guerrero respecto de la integración de su gobierno va incluso más allá de lo que planteó el mismo López Obrador durante la campaña presidencial de 2012. En aquella contienda, el tabasqueño propuso una lista de distinguidas personalidades que formarían parte de su gabinete, pero nunca planteó una coalición con grupos específicos. Hoy Morena marca una diferencia histórica al ponerse directamente a las órdenes de los movimientos sociales de una manera en que el PRD jamás se ha atrevido a hacer desde su fundación.

Sin embargo, la respuesta inicial de los movimientos sociales a esta propuesta fue desalentadora. De acuerdo con Melitón Ortega, padre de familia, esa declaración [de Morena] ni nos va ni nos viene; no vamos a caer en el juego de ningún político. Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, respondió que Morena debiera sumarse a la lucha de los padres de familia que buscan a sus hijos y no participar en el proceso electoral; creo que ofrecer cargos es el juego político de siempre. Ambas declaraciones fueron rápidamente retomadas y ampliamente difundidas por medios cercanos al régimen, como Milenio y Televisa.

Habría que recordar a Ortega, Rosales y los otros dignos líderes de Guerrero que la gran mayoría de quienes apoyan su causa votaron por López Obrador en 2012 y un gran número hoy también activamente participan en Morena. La propuesta del nuevo partido sobre un gobierno de coalición con la sociedad no es un juego político, sino simplemente un reconocimiento de que en los hechos los dos movimientos, Morena y Ayotzinapa, están conformados en gran parte por exactamente las mismas personas.

En momentos tan difíciles como el actual constituye un error exigir a los ciudadanos que decidan artificialmente entre su militancia social y su militancia política. Ello genera una división que debilita terriblemente a ambos movimientos. Una mejor opción sería emprender una alianza temporal, estratégica y absolutamente horizontal durante los próximos dos meses en favor de la justicia y el desarrollo en Guerrero.

Se vale soñar. Así como los padres de familia tienen el derecho de confiar en un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos financiado por el gobierno de Peña Nieto, y Carmen Aristegui tiene el derecho de apostar a la vía judicial para lograr su reinstalación en Noticias MVS, los militantes de Morena también tienen el derecho de soñar con transformar a Guerrero por la vía electoral. Caminemos unidos en favor de la paz.

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