Como sabemos uno de los argumentos de la Coalición Movimiento Progresista contra la elección presidencial, es que durante las campañas se estuvieron difundiendo en diversos medios de comunicación, los resultados de encuestas, que estuvieron levantando diferentes empresas especializadas en ello.
En un artículo anterior señalamos el fiasco que resultaron los resultados de la mayoría de las publicadas, pues estuvieron muy alejadas del resultado concreto que nos dio la elección, y señalamos la necesidad de legislar para homologar o verificar la seriedad de la metodología y su aplicación y operación, antes de su publicación, entre otras medidas.
Pero el tema viene al caso ahora, por el planteamiento hecho en la impugnación aludida y en el debate que se dio en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), entre algunos consejeros y representantes, sobre si las encuestas influyen o no en los electores antes de emitir el sufragio.
La práctica y publicación de encuestas preelectorales en México tiene dos décadas y no existe propiamente una legislación aplicable para su regulación, ubicándose dentro de las variantes del marketing o mercadotecnia comercial, y solo se pide que registren su metodología en El IFE.
En éstas dos décadas las encuestas han servido para ampliar el espectro de información de las personas en diversos aspectos y para diferentes propósitos, entre ellos el electoral. Sirven por supuesto, para definir, orientar o modificar las estrategias de partidos y candidatos, independientemente que se publiquen o no.
Pero el cuestionamiento de la izquierda, de que se utilizaron como instrumento de propaganda del candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, será muy difícil de demostrar, pues implica acreditar el involucramiento, la colusión y la acción concertada previa a la elección, de una gran cantidad de casa encuestadoras y de medios de comunicación, mismos que ya lo han negado y refutado.
Por otra parte, no existe ningún estudio o medición que nos indique cuantos y cuales electores, determinan su voto, a partir de lo que publican determinadas casas encuestadoras en específicos medios de comunicación, que además se tendría que hacer a través de entrevistas muestrales, ósea de encuestas; vaya problema.
Afirmar que si influyen, y que además fueron determinantes para el resultado de la elección presidencial, como lo hace la coalición de izquierda en su impugnación político-mediática, más que jurídica, carece del más mínimo sustento probatorio para demostrarlo.
Sin embargo, también afirmar lo contrario, que no influyeron en la pasada contienda presidencial, tal como lo señalaron algunos consejeros del IFE, particularmente el consejero presidente, tampoco puede sostenerse fundadamente.
Se trata en ambos casos, de suposiciones, de creencias, de convicciones, de actos de fe, que en este momento no se pueden acompañar de los elementos objetivos que así lo acrediten.
Es otra asignatura nueva que nos ha producido el debate poselectoral, que se tendrá que abordar para los siguientes procesos electorales, pero no para el actual, pues el Tribunal Electoral no puede calificar la elección presidencial basándose en creencias o suposiciones.
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