De un juez se espera imparcialidad y libertad para dictar sus resoluciones; cuando hay alguna circunstancia personal o social que constituya un obstáculo para que en un caso bajo su responsabilidad deje de contar con esas calidades, el juez debe inhibirse de conocer del asunto y dejar a otro juzgador que resuelva.
En todos los sistemas judiciales del mundo, cuando el juez, con anterioridad al conocimiento del caso, tiene alguna razón para inclinarse a favor o en contra de una de las partes en el juicio, está obligado a excusarse; esto es, declinar la carga de dictar una sentencia que puede estar influida por las circunstancias que le resten imparcialidad o independencia. Un juez con formación ética lo hará inmediatamente, pero si no lo hace, cualquiera de las partes tiene el derecho de recusarlo para que aun en contra de su voluntad sea apartado del asunto frente al que no es imparcial.
Un juez está impedido en un asunto cuando es amigo o enemigo de alguno de los litigantes, si tiene parentesco, dependencia económica, le debe favores o tiene odio, animadversión, enemistad con una de las partes, casos en los cuales, evidentemente, debe separarse del asunto.
En mi opinión, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, que resolverá sobre el trascendente asunto de la validez o invalidez del proceso electoral para elegir presidente, está por varias razones impedido para resolver con imparcialidad; en primer lugar porque expresó públicamente que las elecciones se ganan en las urnas y no en la mesa. Con esa aseveración adelanta que, para él, el asunto puesto a su consideración ya está decidido, lo reduce a contar votos sin mayor juicio de valor, sin tomar en cuenta la equidad de la elección, la libertad de los votantes o la autenticidad y constitucionalidad del proceso, temas que son materia de la impugnación, en especial el gasto de campaña, muy por encima del tope legal.
Es como si un tahúr mostrara sobre la mesa los cuatro ases con los que pretende ganar una partida y nadie se preocupara por saber y reclamar que del bolsillo de su chaleco los sacó; no se trata, como pretende el magistrado, tan sólo de sumar boletas extraídas de las urnas, sino de saber cómo llegaron a ella, si el proceso fue auténtico, equitativo, como exige la Constitución, o no lo fue.
Pero la razón de mayor peso por la que el magistrado Alejandro Luna Ramos no puede continuar como juez en la calificación de la elección para presidente de la República es que ha sido señalado como favorecido y por tanto deudor de favores de alguien indudablemente interesado en que la resolución resulte en contra del Movimiento Progresista, los partidos que lo integran y el candidato López Obrador.
Carlos Ahumada, el empresario argentino convicto de la acusación en su contra por haber recibido sumas de dinero por obra no realizada en alguna delegación del Distrito Federal, publicó un libro con el título Derecho de réplica y relata en él que el magistrado presidente fue su amigo muy cercano. Compartí (con él dice entre otras cosas) durante más de diez años un sinfín de reuniones en su casa y en la mía.
Un capítulo del libro se denomina precisamente Los Luna Ramos y en él se queja Ahumada de la ingratitud de sus antiguos amigos, que no le ayudaron como esperaba cuando estuvo en la cárcel; se duele de la actitud ingrata del magistrado, que no compagina con la ayuda que él le prestó al interceder ante el entonces senador Diego Fernández de Cevallos para que su hermana Margarita, rechazada en diciembre de 2003 para ser ministra de la Suprema Corte, fuera aprobada para el cargo en febrero del año siguiente..
Ahumada dice en su libro, en cuya confección intervinieron varios periodistas muy conocidos, que él puso en contacto al magistrado con el senador y que éste aceptó ayudar a los Luna Ramos, en especial a doña Margarita, con lo cual debió quedar necesariamente agradecido y obligado.
Hoy, el conocido litigante Fernández de Cevallos sale del ostracismo en que estaba para abiertamente ponerse en contra de quienes interpusieron el recurso de invalidez de la elección, con lo cual pone al juez, a quien en su momento favoreció impulsando a su hermana, en situación de parcialidad.
Ciertamente Diego no es parte directa en la controversia, pero ha manifestado varias veces su opinión contraria al recurso interpuesto y su animadversión por el candidato Andrés Manuel López Obrador; por tanto, el magistrado tendrá que tomar en cuenta la opinión de su benefactor o favorecedor si no se excusa oportunamente.
Se trata de saber si la ética de un alto funcionario del Poder Judicial está por encima de compromisos políticos, de amistades y de enemistades o no lo está; se trata de saber si un integrante del Poder Judicial se inhibe de conocer un caso que le interesa al litigante que en su momento hizo a su familia, y a él mismo, un importante favor, o no lo hace y se queda tan campante.
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