Entre los compromisos de campaña de Peña Nieto está el que firmó con el Consejo Coordinador Empresarial para incorporar las "propuestas" de ese Consejo a su Plan de Gobierno, plan que por cierto nunca conocimos.
También las "propuestas" del Centro de Estudios del Sector Privado, que encabeza Claudio X González, serán tomadas en cuenta por Peña Nieto en caso de llegar a la Presidencia de la República, sobre todo aquella que le recomienda aumentar por lo menos 800 mil millones de pesos al presupuesto anual para que pueda cumplir holgadamente sus promesas de campaña.
Esto explica en cierto modo la prisa del sector empresarial por la calificación de la elección a favor de Peña Nieto y asegurar que llegará al poder un personaje que no tiene en mente ningún ajuste al presupuesto y mucho menos un plan de austeridad republicana que acabaría con los grandes negocios que se pueden hacer entre gobierno y empresarios "exitosos".
Mientras llega el día de ver coronado a Peña Nieto tras una elección limpia y transparente, el PRI se apresura también y ya discute una propuesta de reforma fiscal que incluirá la eliminación de exenciones de impuestos a productos de primera necesidad y desde luego gravar alimentos y medicinas con el impuesto al valor agregado (IVA), para incrementar la débil recaudación y con ello cumplir el deseo, perdón, la "propuesta" del grupo empresarial que Peña Nieto incorporará a su Plan Nacional.
Y nada de aplicar un gravamen a la especulación bursátil y a las transacciones financieras en general, como propuso el candidato de las fuerzas progresistas.
Combatir la corrupción y recortar los ingresos de la alta burocracia nunca estuvo en las promesas de campaña de Peña Nieto, por eso fue aceptado con tanta alegría por quienes lo apoyan con el único fin de que todo siga igual, de que no haya cambios que favorezcan a las mayorías ruidosas, escandalosas y ahora hasta violentas.
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