Proceso Zarpazo a la soberanía LORENZO MEYER
Zarpazo a la soberanía
LORENZO MEYER
2013-08-24 18:07:43 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA
En el devenir de México el petróleo ha sido mucho más que un producto mercantil: es un elemento que le ha dado recursos, identidad y fuerza a un pueblo que se quiere soberano. Por ello, afirma el historiador y politólogo Lorenzo Meyer en su libro más reciente, los hidrocarburos merecen ser defendidos de los embates privatizadores, es decir, de las presiones que no han dejado de ser ejercidas desde 1938 por los remanentes de la oligarquía porfirista, renacidos durante el alemanismo y encumbrados en el poder en lo que va del siglo XXI. A continuación, un adelanto de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, publicado por Random House Mondadori.
Aprobada la reforma educativa y eliminado el problema Elba Esther Gordillo, el reloj político que marca la hora desde el retorno del PRI al gobierno señaló que era el momento de abordar dos temas importantes y en los que no hay consenso: a) la posibilidad de extender el impuesto al valor agregado (IVA), y b) la de abrir (más) la explotación de los hidrocarburos al capital privado.
El tema del IVA es algo que naturalmente interesa aquí, ahora y a todos, pero lo relacionado con la explotación del petróleo y el gas pudiera llegar a verse como un tema lejano y abstracto que poco afecta e interesa al mexicano normal, inmerso como está en su lucha cotidiana por sobrevivir en una economía que provee de ingresos y de oportunidades muy mediocres a la mayoría, al punto de que 46.2% de los habitantes del país están clasificados como pobres.
En la experiencia del día a día del ciudadano común, el petróleo sólo cuenta en la medida en que los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico suben, pero nada más. Esta apreciación es, desde luego, un error. El tema de la política sobre el petróleo, el gas y todo lo concerniente a los hidrocarburos es un asunto que afecta directa e indirectamente a todos, incluso a los mexicanos que aún no han nacido, pero que se verán influidos por las decisiones que hoy se tomen sobre cómo explotar la riqueza petrolera y quién y cómo se va a beneficiar de la renta proveniente de un recurso natural no renovable y estratégico.
(…) El petróleo y el gas se consideran, o debieran considerarse, no sólo como una mercancía que se extrae, procesa y comercializa según las leyes del mercado, sino también, y principalmente, como un elemento que en buena medida, y durante más de un siglo, ha determinado la relación política y económica de México con los grandes poderes, en particular con la potencia hegemónica de nuestro hemisferio y, por lo tanto, ha influido e influye en la imagen que los mexicanos tienen de su país como Estado soberano. La lucha por recuperar el dominio sobre los hidrocarburos otorgados en propiedad a empresas extranjeras durante el régimen porfirista ha sido larga, complicada y ha estado llena de altibajos. (…) Este esfuerzo político se inició en el gobierno de Francisco I. Madero, continuó a lo largo de los de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y tuvo su momento cumbre durante el de Lázaro Cárdenas. Luego, con el de Miguel Alemán, vino una lucha más soterrada, pero no menos importante, por mantener el terreno ganado. Tras un periodo de relativa calma, el tema se replanteó de nuevo a partir de la decisión, muy personal y autoritaria, de José López Portillo de volver a hacer de México un exportador importante de petróleo para salvar al sistema político y económico posrevolucionario. En esta etapa, y con bastante irresponsabilidad, López Portillo petrolizó la economía, aceleró el endeudamiento externo y, finalmente, llevó a su quiebra el modelo económico desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial. El trecho para que la crisis del modelo económico pasara al político fue corto y se cubrió en tres sexenios. En ese proceso de petrolización, volvieron a crecer las presiones internas y externas por modificar el estatus jurídico y político de los hidrocarburos, y no han cesado desde entonces. (…)
Nacionalismo constructivo
Una vez que, en 1935, Cárdenas decidió desembarazarse de la tutela y del conservadurismo de Calles, combinó ambos elementos de su programa de gobierno: nacionalismo y obrerismo, para replantear el tema petrolero. Ya no se insistiría en discutir con las empresas la naturaleza de sus derechos de propiedad a la luz del artículo 27 constitucional, sino que se abrió un frente nuevo, el sindical.
(…) El general Cárdenas apoyó la idea de agrupar a la multitud de pequeños sindicatos que existían en cada empresa petrolera en uno solo. (…) Al final, en 1935, nació el que hoy es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que no tardó en plantear a los empleadores la firma de un contrato colectivo de trabajo (CCT). Las empresas rechazaron los términos y en 1937 estalló la huelga en una industria que podía paralizar a la parte moderna del país; el gobierno intervino y finalmente el conflicto se planteó ante las autoridades del trabajo. El escollo principal resultó ser no tanto el aumento en sueldos y prestaciones como la demanda de sindicalizar al grueso de los trabajadores de confianza, pues eso le daría al sindicato, y por ese conducto al gobierno, acceso a información hasta entonces confidencial: monto de las inversiones, producción, valor de las ventas y situación de los campos y de las reservas.
Para 1938 el presidente Cárdenas había llegado a un acuerdo con el capital inglés para reactivar la producción petrolera, con el campo de Poza Rica, por medio de una empresa mixta, es decir, una asociación de su gobierno con el capital privado. Sin embargo, la negativa de las empresas norteamericanas a aceptar los términos del laudo oficial sobre el CCT llevó a un choque entre el gobierno cardenista y el conjunto de los capitales petroleros. Los ingleses parecían dispuestos a la flexibilidad (…) pero los norteamericanos no, y ellos eran el poder político dominante, o al menos eso creían ser. El presidente Cárdenas pudo optar por nombrar un interventor en cada empresa y, con ello, salvar las formas para seguir negociando, pero se decidió por la vía radical. (…) Sin que las empresas ni sus gobiernos lo esperaran, a las 21:45 horas del 18 de marzo de 1938 Cárdenas firmó el decreto de expropiación de los bienes de 16 empresas petroleras, y 15 minutos más tarde lo leyó a la nación por radio.
(…) Cárdenas vio, e hizo ver a los que supieron entender su decisión de expropiar las empresas petroleras, que al llevar al Estado a asumir enteramente la propiedad y el manejo de los hidrocarburos estaba en juego algo mucho más importante que el petróleo: La oportunidad de mostrar al resto del mundo, pero sobre todo a los propios mexicanos, que si se podía lo más, también se podría lo menos en muchas otras arenas; que si la clase política aceptaba actuar con honradez, patriotismo (desinterés) y responsabilidad, el resto de la nación la respaldaría; que un nacionalismo defensivo y, a la vez, constructivo, era un buen camino para ganar y mantener no sólo el respeto de los otros, sino el propio, un elemento sin el cual no hay proyecto nacional que valga la pena. El decreto que en 1938 expropió la industria petrolera y reafirmó su nacionalización es, entonces, el momento culminante del nacionalismo revolucionario mexicano, pero ese suceso no habría terminado por ser lo que fue de no haberse ganado la batalla política, legal y económica que tuvo lugar en los dos sexenios que siguieron al cardenista.
Tras lo ocurrido en marzo de hace 75 años, México debió librar una nueva lucha por el petróleo para sostener lo logrado. Lo que estuvo en juego entonces fue la posibilidad de que fuerzas externas, y algunas internas, obligaran al gobierno a modificar los términos de la expropiación. Conviene recordar que en 1937 Bolivia había expropiado la Standard Oil of Bolivia. La importancia económica de esa subsidiaria de la Standard era mínima, pero la matriz desató sobre aquel país una presión que lo obligó a aceptar los términos demandados por la afectada. Lo mismo se intentó en el caso de México: exigir una indemnización adecuada e inmediata, o la devolución de lo tomado. Para las petroleras el caso mexicano era más, mucho más importante que el boliviano, pues se acababa de descubrir Poza Rica, y el conjunto de empresas afectadas controlaba alrededor de 90% de la producción mundial de petróleo. En cuanto a precedentes, el desafío mexicano implicaba no compensar a los afectados por el valor del petróleo aún por extraer en sus propiedades, y la ley mexicana de expropiación de 1936 suponía no el pago de una indemnización inmediata, sino diferida a lo largo de10 años. (…)
Alemán consideró apropiado reabrir la actividad petrolera al capital externo norteamericano. Fue entonces, entre 1949 y 1951, cuando Pemex firmó cinco contratos con sendas empresas norteamericanas –ninguna de ellas había estado antes presente en México– para que exploraran, perforaran y rehabilitaran pozos petroleros en áreas determinadas de la costa del Golfo de México. La decisión de Alemán de readmitir, aunque fuera de manera marginal, al capital privado norteamericano en la actividad petrolera no fue aceptada por la corriente cardenista, que, si bien debilitada, todavía contaba con fuerza para hacerse oír. Un representante de ella, el legislador michoacano Natalio Vázquez Pallares, publicó en 1952 una veintena de artículos en el periódico El Popular en los que denunció sin ambages que los contratos con las empresas extranjeras eran lesivos para el interés nacional y constituían una violación a la letra y el espíritu del marco legal creado para mantener la riqueza petrolera en manos mexicanas y para beneficio exclusivo del país.
(…)
Es en el marco del esfuerzo histórico descrito, no común en un país periférico, donde una industria petrolera nacionalizada logró convertirse en símbolo de su voluntad de dar sentido a su soberanía. Los mexicanos deberíamos y podríamos reafirmar la confianza en nosotros mismos regenerando a Pemex –librándola de la corrupción y las cadenas fiscales–, manteniendo a los hidrocarburos como zona de nuestra exclusiva incumbencia y alejándonos de la petrolización. Ningún país en nuestras condiciones ha logrado superarse vía la dependencia de las exportaciones petroleras.
Así pues, por su significado para el presente y el futuro, el sostenimiento o el abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE encontró en 2006 que, si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65%), entre la población en general apenas 24% la respaldó. En 2008 una encuesta del periódico Reforma encontró que 37% de los mexicanos aprobaban la propuesta de permitir capital privado en Pemex, pero 46% la rechazaban.
Entrampada por las cargas fiscales
Una política que reformara a Pemex pero sin tocarla como organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido en el campo tecnológico y para llevar por sí misma la exploración y la explotación de todos los depósitos en mar y tierra –y en las zonas productoras antaño abandonadas pero que gracias a los precios del petróleo volvieran a ser costeables– revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si, como han deseado los tres últimos gobiernos y una parte de la élite económica, se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex ya le es imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras “heroicas derrotas”. (…)
La idea que se ha mantenido no es hacer con Pemex lo que se hizo con Telmex: venderla, sino algo más sutil. Primero, documentar hasta la saciedad el estado de postración de la empresa, pero sin explicar que el desastre se labró desde el gobierno y, en cambio, sugerir que el mal es básicamente resultado de no seguir las reglas del mercado. Luego, subrayar que la solución de tan lamentable situación no incluye la búsqueda de fuentes fiscales alternativas para poner fin a los impuestos excesivos que ahogan a Pemex, ni tampoco la compra directa de la tecnología que falta, sino abrir más la puerta a las empresas petroleras externas para que, de aquí en adelante, “acompañen” a Pemex en su trayecto. Obviamente, nada se dice acerca de que esas empresas sólo aportarían recursos que evitarían temporalmente la tan pospuesta reforma fiscal a cambio de una tajada de la renta petrolera, ni tampoco que se convertirían en nuevos actores políticos, garantes de los intereses particulares de quienes les aseguren que las cosas no van a cambiar. (…)
En suma, en la política petrolera pretendida por los gobiernos recientes están claras las semillas de un propósito –de un proyecto de largo plazo de la derecha– que, en esencia, no difiere mucho de ese otro que hace más de un siglo estaba por entrar en crisis: el de la oligarquía liberal porfirista. (…)
Un aparte documental
De modo que hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX, esto es, estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio –los clásicos creían que la historia se movía en ciclos; por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón.
Hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera –que han deseado Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que, como se ha visto, ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el Constituyente de Querétaro decidió en 1916 retornar al dominio directo de la nación “los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos”. Esa disposición, clara y contundente, entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión, sino de toda la estructura de la inversión externa en México, y la onda expansiva de rebote se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz, y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera. Esa larga lucha se cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos”. Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo, “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”; esto último fue una reacción contra los cinco “contratos riesgo” otorgados por Alemán.
(…) Prácticamente desde el momento mismo en que tuvo lugar la expropiación y nacionalización petroleras, los intereses afectados se propusieron echarlas por tierra. Tras 75 años, el empeño se mantiene y hoy la coyuntura aparece como relativamente propicia para quienes desean modificar el estatus legal de la actividad petrolera.
(…) Hasta ahora, el mayor obstáculo para avanzar en la privatización de la actividad petrolera han sido la movilización nacionalista encabezada por Andrés Manuel López Obrador y una opinión pública que ha aprendido a desconfiar de las supuestas bondades de las privatizaciones. En estas condiciones, los tres gobiernos recientes han optado por forjar alianzas con el partido supuestamente opositor –en su momento el PRI, hoy el PAN y el Pacto por México–, a la vez que han lanzado una blitzkrieg propagandística para cambiar la percepción pública.
(…)
Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar dicha estructura (…) y su política –hay que enfrentar los abusos del sindicato–. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados y lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas, que ha sido impedido por el acento desmedido en la producción. Las reservas han disminuido, los ductos se han hecho viejos, el financiamiento vía pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex sigue siendo excesiva. En suma, es mucho lo que debe cambiarse en la empresa, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.
La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera –como de muchas otras cosas– es, insisto, de origen fiscal. Desde hace al menos cuarenta años se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un gobierno identificado con los empresarios y el capital, como han sido los tres últimos, debería estar al frente. Ésa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.
(…)
En suma, en más de un sentido el panismo hoy es un nuevo alemanismo, que fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo; el panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo; el del PRI en 2012, el de la derecha sobre los propios orígenes. Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da, entre otros campos, también en el petrolero.
LORENZO MEYER
2013-08-24 18:07:43 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA
En el devenir de México el petróleo ha sido mucho más que un producto mercantil: es un elemento que le ha dado recursos, identidad y fuerza a un pueblo que se quiere soberano. Por ello, afirma el historiador y politólogo Lorenzo Meyer en su libro más reciente, los hidrocarburos merecen ser defendidos de los embates privatizadores, es decir, de las presiones que no han dejado de ser ejercidas desde 1938 por los remanentes de la oligarquía porfirista, renacidos durante el alemanismo y encumbrados en el poder en lo que va del siglo XXI. A continuación, un adelanto de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, publicado por Random House Mondadori.
Aprobada la reforma educativa y eliminado el problema Elba Esther Gordillo, el reloj político que marca la hora desde el retorno del PRI al gobierno señaló que era el momento de abordar dos temas importantes y en los que no hay consenso: a) la posibilidad de extender el impuesto al valor agregado (IVA), y b) la de abrir (más) la explotación de los hidrocarburos al capital privado.
El tema del IVA es algo que naturalmente interesa aquí, ahora y a todos, pero lo relacionado con la explotación del petróleo y el gas pudiera llegar a verse como un tema lejano y abstracto que poco afecta e interesa al mexicano normal, inmerso como está en su lucha cotidiana por sobrevivir en una economía que provee de ingresos y de oportunidades muy mediocres a la mayoría, al punto de que 46.2% de los habitantes del país están clasificados como pobres.
En la experiencia del día a día del ciudadano común, el petróleo sólo cuenta en la medida en que los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico suben, pero nada más. Esta apreciación es, desde luego, un error. El tema de la política sobre el petróleo, el gas y todo lo concerniente a los hidrocarburos es un asunto que afecta directa e indirectamente a todos, incluso a los mexicanos que aún no han nacido, pero que se verán influidos por las decisiones que hoy se tomen sobre cómo explotar la riqueza petrolera y quién y cómo se va a beneficiar de la renta proveniente de un recurso natural no renovable y estratégico.
(…) El petróleo y el gas se consideran, o debieran considerarse, no sólo como una mercancía que se extrae, procesa y comercializa según las leyes del mercado, sino también, y principalmente, como un elemento que en buena medida, y durante más de un siglo, ha determinado la relación política y económica de México con los grandes poderes, en particular con la potencia hegemónica de nuestro hemisferio y, por lo tanto, ha influido e influye en la imagen que los mexicanos tienen de su país como Estado soberano. La lucha por recuperar el dominio sobre los hidrocarburos otorgados en propiedad a empresas extranjeras durante el régimen porfirista ha sido larga, complicada y ha estado llena de altibajos. (…) Este esfuerzo político se inició en el gobierno de Francisco I. Madero, continuó a lo largo de los de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y tuvo su momento cumbre durante el de Lázaro Cárdenas. Luego, con el de Miguel Alemán, vino una lucha más soterrada, pero no menos importante, por mantener el terreno ganado. Tras un periodo de relativa calma, el tema se replanteó de nuevo a partir de la decisión, muy personal y autoritaria, de José López Portillo de volver a hacer de México un exportador importante de petróleo para salvar al sistema político y económico posrevolucionario. En esta etapa, y con bastante irresponsabilidad, López Portillo petrolizó la economía, aceleró el endeudamiento externo y, finalmente, llevó a su quiebra el modelo económico desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial. El trecho para que la crisis del modelo económico pasara al político fue corto y se cubrió en tres sexenios. En ese proceso de petrolización, volvieron a crecer las presiones internas y externas por modificar el estatus jurídico y político de los hidrocarburos, y no han cesado desde entonces. (…)
Nacionalismo constructivo
Una vez que, en 1935, Cárdenas decidió desembarazarse de la tutela y del conservadurismo de Calles, combinó ambos elementos de su programa de gobierno: nacionalismo y obrerismo, para replantear el tema petrolero. Ya no se insistiría en discutir con las empresas la naturaleza de sus derechos de propiedad a la luz del artículo 27 constitucional, sino que se abrió un frente nuevo, el sindical.
(…) El general Cárdenas apoyó la idea de agrupar a la multitud de pequeños sindicatos que existían en cada empresa petrolera en uno solo. (…) Al final, en 1935, nació el que hoy es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que no tardó en plantear a los empleadores la firma de un contrato colectivo de trabajo (CCT). Las empresas rechazaron los términos y en 1937 estalló la huelga en una industria que podía paralizar a la parte moderna del país; el gobierno intervino y finalmente el conflicto se planteó ante las autoridades del trabajo. El escollo principal resultó ser no tanto el aumento en sueldos y prestaciones como la demanda de sindicalizar al grueso de los trabajadores de confianza, pues eso le daría al sindicato, y por ese conducto al gobierno, acceso a información hasta entonces confidencial: monto de las inversiones, producción, valor de las ventas y situación de los campos y de las reservas.
Para 1938 el presidente Cárdenas había llegado a un acuerdo con el capital inglés para reactivar la producción petrolera, con el campo de Poza Rica, por medio de una empresa mixta, es decir, una asociación de su gobierno con el capital privado. Sin embargo, la negativa de las empresas norteamericanas a aceptar los términos del laudo oficial sobre el CCT llevó a un choque entre el gobierno cardenista y el conjunto de los capitales petroleros. Los ingleses parecían dispuestos a la flexibilidad (…) pero los norteamericanos no, y ellos eran el poder político dominante, o al menos eso creían ser. El presidente Cárdenas pudo optar por nombrar un interventor en cada empresa y, con ello, salvar las formas para seguir negociando, pero se decidió por la vía radical. (…) Sin que las empresas ni sus gobiernos lo esperaran, a las 21:45 horas del 18 de marzo de 1938 Cárdenas firmó el decreto de expropiación de los bienes de 16 empresas petroleras, y 15 minutos más tarde lo leyó a la nación por radio.
(…) Cárdenas vio, e hizo ver a los que supieron entender su decisión de expropiar las empresas petroleras, que al llevar al Estado a asumir enteramente la propiedad y el manejo de los hidrocarburos estaba en juego algo mucho más importante que el petróleo: La oportunidad de mostrar al resto del mundo, pero sobre todo a los propios mexicanos, que si se podía lo más, también se podría lo menos en muchas otras arenas; que si la clase política aceptaba actuar con honradez, patriotismo (desinterés) y responsabilidad, el resto de la nación la respaldaría; que un nacionalismo defensivo y, a la vez, constructivo, era un buen camino para ganar y mantener no sólo el respeto de los otros, sino el propio, un elemento sin el cual no hay proyecto nacional que valga la pena. El decreto que en 1938 expropió la industria petrolera y reafirmó su nacionalización es, entonces, el momento culminante del nacionalismo revolucionario mexicano, pero ese suceso no habría terminado por ser lo que fue de no haberse ganado la batalla política, legal y económica que tuvo lugar en los dos sexenios que siguieron al cardenista.
Tras lo ocurrido en marzo de hace 75 años, México debió librar una nueva lucha por el petróleo para sostener lo logrado. Lo que estuvo en juego entonces fue la posibilidad de que fuerzas externas, y algunas internas, obligaran al gobierno a modificar los términos de la expropiación. Conviene recordar que en 1937 Bolivia había expropiado la Standard Oil of Bolivia. La importancia económica de esa subsidiaria de la Standard era mínima, pero la matriz desató sobre aquel país una presión que lo obligó a aceptar los términos demandados por la afectada. Lo mismo se intentó en el caso de México: exigir una indemnización adecuada e inmediata, o la devolución de lo tomado. Para las petroleras el caso mexicano era más, mucho más importante que el boliviano, pues se acababa de descubrir Poza Rica, y el conjunto de empresas afectadas controlaba alrededor de 90% de la producción mundial de petróleo. En cuanto a precedentes, el desafío mexicano implicaba no compensar a los afectados por el valor del petróleo aún por extraer en sus propiedades, y la ley mexicana de expropiación de 1936 suponía no el pago de una indemnización inmediata, sino diferida a lo largo de10 años. (…)
Alemán consideró apropiado reabrir la actividad petrolera al capital externo norteamericano. Fue entonces, entre 1949 y 1951, cuando Pemex firmó cinco contratos con sendas empresas norteamericanas –ninguna de ellas había estado antes presente en México– para que exploraran, perforaran y rehabilitaran pozos petroleros en áreas determinadas de la costa del Golfo de México. La decisión de Alemán de readmitir, aunque fuera de manera marginal, al capital privado norteamericano en la actividad petrolera no fue aceptada por la corriente cardenista, que, si bien debilitada, todavía contaba con fuerza para hacerse oír. Un representante de ella, el legislador michoacano Natalio Vázquez Pallares, publicó en 1952 una veintena de artículos en el periódico El Popular en los que denunció sin ambages que los contratos con las empresas extranjeras eran lesivos para el interés nacional y constituían una violación a la letra y el espíritu del marco legal creado para mantener la riqueza petrolera en manos mexicanas y para beneficio exclusivo del país.
(…)
Es en el marco del esfuerzo histórico descrito, no común en un país periférico, donde una industria petrolera nacionalizada logró convertirse en símbolo de su voluntad de dar sentido a su soberanía. Los mexicanos deberíamos y podríamos reafirmar la confianza en nosotros mismos regenerando a Pemex –librándola de la corrupción y las cadenas fiscales–, manteniendo a los hidrocarburos como zona de nuestra exclusiva incumbencia y alejándonos de la petrolización. Ningún país en nuestras condiciones ha logrado superarse vía la dependencia de las exportaciones petroleras.
Así pues, por su significado para el presente y el futuro, el sostenimiento o el abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE encontró en 2006 que, si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65%), entre la población en general apenas 24% la respaldó. En 2008 una encuesta del periódico Reforma encontró que 37% de los mexicanos aprobaban la propuesta de permitir capital privado en Pemex, pero 46% la rechazaban.
Entrampada por las cargas fiscales
Una política que reformara a Pemex pero sin tocarla como organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido en el campo tecnológico y para llevar por sí misma la exploración y la explotación de todos los depósitos en mar y tierra –y en las zonas productoras antaño abandonadas pero que gracias a los precios del petróleo volvieran a ser costeables– revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si, como han deseado los tres últimos gobiernos y una parte de la élite económica, se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex ya le es imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras “heroicas derrotas”. (…)
La idea que se ha mantenido no es hacer con Pemex lo que se hizo con Telmex: venderla, sino algo más sutil. Primero, documentar hasta la saciedad el estado de postración de la empresa, pero sin explicar que el desastre se labró desde el gobierno y, en cambio, sugerir que el mal es básicamente resultado de no seguir las reglas del mercado. Luego, subrayar que la solución de tan lamentable situación no incluye la búsqueda de fuentes fiscales alternativas para poner fin a los impuestos excesivos que ahogan a Pemex, ni tampoco la compra directa de la tecnología que falta, sino abrir más la puerta a las empresas petroleras externas para que, de aquí en adelante, “acompañen” a Pemex en su trayecto. Obviamente, nada se dice acerca de que esas empresas sólo aportarían recursos que evitarían temporalmente la tan pospuesta reforma fiscal a cambio de una tajada de la renta petrolera, ni tampoco que se convertirían en nuevos actores políticos, garantes de los intereses particulares de quienes les aseguren que las cosas no van a cambiar. (…)
En suma, en la política petrolera pretendida por los gobiernos recientes están claras las semillas de un propósito –de un proyecto de largo plazo de la derecha– que, en esencia, no difiere mucho de ese otro que hace más de un siglo estaba por entrar en crisis: el de la oligarquía liberal porfirista. (…)
Un aparte documental
De modo que hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX, esto es, estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio –los clásicos creían que la historia se movía en ciclos; por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón.
Hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera –que han deseado Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que, como se ha visto, ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el Constituyente de Querétaro decidió en 1916 retornar al dominio directo de la nación “los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos”. Esa disposición, clara y contundente, entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión, sino de toda la estructura de la inversión externa en México, y la onda expansiva de rebote se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz, y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera. Esa larga lucha se cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos”. Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo, “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”; esto último fue una reacción contra los cinco “contratos riesgo” otorgados por Alemán.
(…) Prácticamente desde el momento mismo en que tuvo lugar la expropiación y nacionalización petroleras, los intereses afectados se propusieron echarlas por tierra. Tras 75 años, el empeño se mantiene y hoy la coyuntura aparece como relativamente propicia para quienes desean modificar el estatus legal de la actividad petrolera.
(…) Hasta ahora, el mayor obstáculo para avanzar en la privatización de la actividad petrolera han sido la movilización nacionalista encabezada por Andrés Manuel López Obrador y una opinión pública que ha aprendido a desconfiar de las supuestas bondades de las privatizaciones. En estas condiciones, los tres gobiernos recientes han optado por forjar alianzas con el partido supuestamente opositor –en su momento el PRI, hoy el PAN y el Pacto por México–, a la vez que han lanzado una blitzkrieg propagandística para cambiar la percepción pública.
(…)
Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar dicha estructura (…) y su política –hay que enfrentar los abusos del sindicato–. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados y lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas, que ha sido impedido por el acento desmedido en la producción. Las reservas han disminuido, los ductos se han hecho viejos, el financiamiento vía pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex sigue siendo excesiva. En suma, es mucho lo que debe cambiarse en la empresa, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.
La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera –como de muchas otras cosas– es, insisto, de origen fiscal. Desde hace al menos cuarenta años se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un gobierno identificado con los empresarios y el capital, como han sido los tres últimos, debería estar al frente. Ésa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.
(…)
En suma, en más de un sentido el panismo hoy es un nuevo alemanismo, que fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo; el panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo; el del PRI en 2012, el de la derecha sobre los propios orígenes. Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da, entre otros campos, también en el petrolero.
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