Opinión: La reforma financiera no fomenta el crecimiento
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La exposición de motivos de la reforma financiera propuesta por el gobierno reconoce al sector financiero como uno de los principales motores para el crecimiento económico del país. Se enfoca en dar mayor fortaleza y estabilidad al sector, pero no en resolver el problema de crecimiento sostenible.
Sin embargo, no existe un diagnóstico integral de la problemática que identifique fortalezas y debilidades. Las fortalezas para el gobierno son los indicadores de riesgo-rendimiento (donde destaca la existencia de índices de capitalización) pero erróneamente interpreta que el sistema bancario salió indemne de la crisis internacional de 2007, lo que indicaría una gestión financiera prudente de los bancos.
También ignora indicadores de desempeño que revelan fragilidad: pasa por alto no sólo el indicador que mide el grado de inclusión de los servicios financieros a la población —muy reducido en nuestro país—, sino también las implicaciones negativas que conlleva un elevado grado de concentración de mercado en todos los segmentos del sistema.
La clase empresarial financiera no asume riesgos, considera que hay una demanda efectiva acorde al tamaño de la población del país y ve con claridad la escasa demanda por la baja capacidad de compra de la ciudadanía: en países de la OCDE la población trabajadora recibe el 55% del PIB, en México, el promedio es del 28%.
El sistema financiero mexicano es sano desde el punto de vista más mezquino: excluye del bienestar a la mayoría y no apoya las necesidades de una economía productiva dinámica. Es un sistema muy concentrado en el que se presta poco a pocas empresas.
La concentración de la cartera crediticia es alarmante: los 300 créditos más importantes que cada banco tiene representan, en promedio, el 70% del valor total. Al no resolver la concentración oligopólica dejará sin apoyo real a la pequeña y mediana industria.
Es un sistema rentable con servicios caros para la población, sólido para enfrentar contingencias financieras, pero inequitativo, que si bien ha obtenido ganancias consistentes en los últimos 12 años, fueron asimétricas, provenientes de la expoliación a los depositantes y clientes con patrimonios pequeños del país, en el cual a aquellos con patrimonios elevados, se subsidia con las ganancias extraídas.
En los fundamentos se aprecian ambigüedades peligrosas: no hay una reforma estructural de política pública para expandir el mercado interno que frene los excesos del modelo importador vigente que hace crecer a las exportaciones a un ritmo más bajo que las importaciones.
Sin una política de expansión del mercado doméstico que atenúe los excesos del modelo importador vigente existe el riesgo de que las reformas propuestas tengan impactos marginales y no sustantivos como se desea.
No existe un diagnóstico metodológico que sostenga sobre fundamentos económicos sólidos la construcción de las disposiciones legislativas propuestas. El gobierno enfatiza la fortaleza desde una visión financista estrecha y no bajo el concepto de un sistema financiero con instituciones sólidas pero con responsabilidad social.
La interpretación del gobierno se finca en razones financieras cortoplacistas, en índices de capitalización del sistema bancario que excluyen otros indicadores como el grado de inclusión de la población a los servicios financieros y la baja eficiencia competitiva para lograrlo.
La reforma otorga facultades discrecionales amplias al Consejo de Estabilidad Bancaria para rescatar a los bancos que presenten riesgo sistémico, pero la regulación financiera laxa sólo conducirá a expansiones insostenibles que el gobierno tendrá que resolver: masivos endeudamientos públicos y programas de austeridad con enorme deterioro social.
La reforma del gobierno pretende volver a los rescates financieros. Establece condiciones muy favorables a los acreedores contra los deudores pero no contra aquellos que saben cómo defenderse de la avaricia de los banqueros, sino contra los pequeños deudores.
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