Cuando la moda se vuelve política

John M. Ackerman es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Director Editorial de la Mexican Law Review y columnista de La Jornada y el semanario Proceso. Frecuentemente escribe para medios internacionales como New York Times, Los Angeles Times, The Guardian, Financial Times, The Atlantic, Foreign Policy, The Nation y Newsweek. Contacto: Blog: www.johnackerman.blogspot.com, Twitter: @JohnMAckerman Correo: johnackblog@gmail.com

La moda de las reformas supuestamente “modernizadoras” amenaza con borrar de un plumazo el gran legado histórico de luchas populares y democráticas, todavía hoy condensado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.  A algunos les parece suficiente justificación para todo tipo de modificación constitucional, reforma “estructural” o nueva política pública la afirmación de que México es “un caso único en la materia”,  por lo que sería necesario imitar o copiar lo que se hace en otros países. Esta ligereza argumentativa inspirada por un arraigado malinchismo genera una ceguera que hoy amenaza con desaparecer uno a uno todos nuestros derechos ciudadanos y conquistas sociales.

De acuerdo con esta destructiva lógica, urge privatizar la industria petrolera nacional para ponernos a la par con las “grandes potencias internacionales” cuyos sistemas políticos y económicos yacen hoy postrados ante la enorme fuerza de las empresas petroleras transnacionales. También supuestamente habría que avergonzarnos del hecho de que el Metro de la Ciudad de México “es uno de los más baratos del mundo”. De acuerdo a este facilón relato, urgiría subir de golpe la tarifa en un 66% para que nuestros amigos internacionales no se burlen de nuestras “populistas” políticas en defensa de la economía popular.  Mientras, de manera hipócrita y contradictoria, a las mismas voces les tienen sin cuidado nuestro “excepcionalismo” internacional con respecto a la concentración de la riqueza, la desigualdad social y el estancamiento económico. 

Con respecto a la “reforma política”, ocurre lo mismo en el tema de la reelección consecutiva de legisladores federales y presidentes municipales. Al parecer solamente un ciudadano desubicado, totalmente atrasado en la moda, podría defender el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, una conquista histórica supuestamente rebasada por los tiempos de la posmodernidad neoliberal. Escuchemos la voz de los honorables senadores de la República en su dictamen para la “Reforma Política” del 6 de diciembre de 2013:

Estas comisiones dictaminadoras estimamos que la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores trae aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos.  Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de las cámaras respectivas.

 Mimetismo desafortunado

 El problema central es que las comisiones dictaminadoras no ofrecen un solo dato empírico en su dictamen que respalde esta “estimación” puramente especulativa.  Si bien se incluyen un par de citas sueltas de juristas, así como algunos ejemplos de antecedentes históricos en México, no se aporta absolutamente ninguna evidencia científica para sustentar las ligeras afirmaciones con respecto a los supuestos impactos positivos de la reforma.  No hay más que una fe ciega, cuasi religiosa, en las bondades de la reelección consecutiva. 

Un caso en que la reelección institucionalizada ha fracasado totalmente en profundizar la democracia es Estados Unidos. La experiencia demuestra que allá los legisladores en funciones utilizan sus cargos para establecer relaciones de complicidad con intereses económicos y grupos políticos minoritarios para garantizar su permanencia en el Congreso.

En cada elección los diputados y senadores afianzan más su poder y se atrincheran con mayor solidez en sus cargos. Ello obstaculiza la rendición de cuentas a la sociedad, ya que deben sus cargos, no al voto popular sino a los acuerdos cupulares. 

Esta corrupción estructural del Congreso estadunidense ha sido ampliamente documentada por destacados estudiosos de la materia. Una lectura obligada, por ejemplo, es el reciente libro de Larry Lessig, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, titulado Republic Lost: How Money Corrupts Congress—and a Plan to Stop it (Twelve, New York, 2011).

Otro importante texto que desenmascara de manera elocuente las mentiras de la supuesta “democracia” estadunidense –modelo único para la mayor parte de los impulsores de las reformas políticas mexicanas– es la del distinguido investigador emérito de la Universidad de Princeton Sheldon Wolin: Democracy Inc.: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (Princeton University Press, Princeton, 2008). Ambos textos resumen de manera prístina la forma en que la constante reelección de diputados y senadores al servicio del dinero y el poder lastima profundamente el funcionamiento de las instituciones políticas.

De acuerdo con el centro de investigación Open Secrets (http://www.opensecrets.org/bigpicture/reelect.php), en cada elección entre 85% y 95% de los miembros de la “Casa de Representantes” (equivalente a la Cámara de Diputados en México) y entre 80% y 90% de los senadores logran su reelección. Ello lleva los expertos de esta organización independiente con sede en Washington a afirmar que “pocas cosas en la vida son más predecibles que las posibilidades de reelección de un incumbent(legislador en funciones que busca reelegirse) de la Casa de Representantes. Con amplio conocimiento de su nombre por la sociedad y usualmente una ventaja insuperable de dinero para su campaña, los incumbents de la Casa típicamente tienen pocas dificultades para mantener sus curules”. 

Asimismo, cuando por arte de magia un diputado federal estadunidense llega a perder su curul, normalmente no es resultado de una evaluación ciudadana de su desempeño, sino por cambios políticos al nivel nacional que están totalmente fuera de su control.  En suma, en los Estados Unidos la reelección sirve más para premiar a la clase política por dar la espalda a la ciudadanía que para evaluar el desempeño de los políticos o acercarlos a la población. 

Con la pomposamente anunciada “reforma política” en México ocurrirá algo similar. En lugar de estimular una mayor rendición de cuentas de los legisladores federales, la reelección consecutiva consolidará la impunidad de la clase política. La obsesión con el tema de la reelección de los impulsores del movimiento #ReformaPolíticaYa ha facilitado una derrota histórica para el sistema político mexicano en su conjunto. Nadie sabe para quién trabaja.

 Escepticismo ciudadano 

 La reelección consecutiva de legisladores federales y de presidentes municipales también entra en conflicto directo con el nuevo texto del artículo 134 constitucional, promulgado en 2007, que prohíbe tajantemente tanto la utilización de recursos públicos para “influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” como la promoción personalizada de los servidores públicos “bajo cualquier modalidad de comunicación social”. 

¿Cómo se desarrollarían las campañas de los incumbentsmexicanos si nuestra Constitución señala que no podrán utilizar sus cargos para promoverse políticamente? ¿Cómo distinguir entre, por un lado, el presupuesto que manejan a razón de sus cargos y, por otro lado, los recursos públicos y privados recibidos para sus campañas políticas? Sin duda se establecerá un escenario para abusos de poder, complicidades mediáticas, simulación y corruptelas de toda índole.

Es importante señalar que el texto de la reforma política aprobada por el Congreso incluye tanto la reelección inmediata para legisladores plurinominales como la necesidad de que los partidos políticos avalen las nuevas candidaturas para la reelección de diputados y senadores en funciones. Ambas disposiciones asegurarán que efectivamente la reforma política sirva para consolidar el control absoluto de la vieja clase política. En lugar de introducir un renovado “dinamismo” al sistema político, fortalecer al Congreso de la Unión, ampliar la rendición de cuentas y acercar los legisladores a los ciudadanos, ocurrirá precisamente lo contrario.

Con toda razón la gran mayoría de la población rechaza de manera contundente la reelección consecutiva. Todas las encuestas reflejan un enorme escepticismo ciudadano en esta materia.  Sistemáticamente, más de 60% de la población expresa su desacuerdo con esta nueva moda política.

El Diccionario de la Real Academia Española define “moda” como “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. Así, la decrépita clase política de siempre busca engañar a la ciudadanía con la aprobación de reformas supuestamente “de avanzada” que en realidad no son más que los mismos trajes” hechos con nuevas “telas y adornos” que buscan cubrir a emperadores desnudos que incurren en la misma ineficacia, corrupción e impunidad de siempre. 

La buena noticia es que a lo largo de la gran historia política mexicana, desde la Independencia, pasando por la Revolución e incluyendo el proceso de “democratización” simulada, la sociedad mexicana ha demostrado una y otra vez que no está dispuesta a ser engañada tan fácilmente como muchos quisieran. Tarde o temprano la población se dará cuenta de la gran mentira no solamente de la reforma política sino también del sistema político en su conjunto y se movilizará de manera independiente para que de una vez y para siempre “se vayan todos” los traidores a la Constitución de 1917.