Pasivo laboral de Pemex, provocado por mala administración y corrupción
Algunos legisladores están decidiendo sobre cómo reestructurar el pasivo laboral de Pemex y CFE, cuando ellos han sido artífices de malas decisiones financieras, desvío de recursos y corrupción dentro de las mencionadas empresas que han llevado a éstas a la situación en la que se encuentran actualmente
El día de ayer, las comisiones unidades de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados avalaron con 43 votos a favor y 17 en contra el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que contiene la posibilidad de que el gobierno federal absorba de manera proporcional, los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El gobierno asumirá como deuda entre 650 y 700 mil millones de pesos de los pasivos laborales de Pemex y CFE, y no su totalidad, que alcanza un billón 650 mil millones de pesos.
El apoyo para que el gobierno federal absorba una proporción considerable de los pasivos laborales estará condicionada a que a más tardar en un año, ambas empresas modifiquen sus respectivos contratos colectivos de trabajo y se moderen las prestaciones de los trabajadores.
El propósito primordial de esta medida es que en el mediano plazo las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de estas compañías hasta hoy paraestatales, de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas individuales, es decir, ya no serían un contrato colectivo (beneficio solidario), lo que permitirá transitar hacía el Sistema de Ahorros para el Retiro. Asimismo, se considera incluir en la ley un ajuste gradual para determinar las pensiones de los trabajadores en activo.
El pasivo laboral de las empresas paraestatales que absorberá el gobierno federal se puede decir que es un rescate como se hizo de los bancos que fueron privatizados en los años noventa del siglo pasado, conocido como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fonaproa), pero con el ingrediente de que algunos legisladores quieren hacer creer a la opinión pública, que este adeudo laboral se debe a las excesivas prestaciones que tienen los trabajadores de Pemex y CFE, y su sindicato, pero no hablan ellos del desvío presupuestario, la falta previsión para pensiones y jubilaciones de los que dirigieron las finanzas y operación de las compañías estatales y la corrupción imperante en las mismas, no solo del sindicato, sino también de los funcionarios que han estado al mando en los últimos años.
La operación actual del Fondo Laboral Pemex (Folape), que se diseñó para permitir la jubilación y retiro digno a los más de 125 mil trabajadores de la petrolera mexicana, no es financieramente viable en el largo plazo, y podría generar un riesgo para la sustentabilidad financiera para la paraestatal e incidir negativamente en las finanzas públicas, advirtió desde marzo del presente año la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La valuación actuarial del Folape al cierre de 2012, nos dice que laboraron 125 mil 260 trabajadores en Pemex con 15.7 años de servicio en promedio, los cuales no contarán con portabilidad de sus beneficios pensionarios en el momento de su retiro o jubilación en el 2027 y representarán para la paraestatal petrolera una erogación de 51 mil 76.3 millones de pesos, monto superior en 62.9 por ciento (19 mil 727.4 millones de pesos) a las 31.3 mil millones erogados en 2012.
La revisión de la cuenta pública del 2012 por parte de la ASF arrojó que Pemex contaba con un total de 95 mil 617 pensionados, de los cuales 76 mil 941 fueron pensionados por jubilación y 18 mil 676 correspondieron a pensiones por viudez y orfandad (posmortem).
El análisis de la ASF también determinó que el ingreso mensual promedio de las pensiones por jubilación otorgadas por Pemex es de 15 mil 700 pesos, equivalente a 4.1 veces la pensión garantizada establecida en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y representó 6.3 veces la pensión garantizada establecida en la Ley del Seguro Social.
Las pensiones posmorten fueron en promedio de 8 mil 500 pesos, equivalente a 2.2 veces la pensión garantizada establecida en la Ley del ISSSTE y 3.4 veces la pensión garantizada mandatada en la Ley del IMSS.
El estudio de la ASF sobre el pasivo laboral de Pemex, también nos dice que la paraestatal petrolera cumplió en 2012 con sus obligaciones de otorgar el beneficio de la jubilación a sus trabajadores de planta, por vejez y por incapacidad total y permanente para el trabajo por 31 mil 348.9 millones de pesos , provenientes del fondeo de los beneficios a los empleados que ascendió a 3 mil 643 millones de pesos; las obligaciones laborales fueron por 30 mil 648 millones de pesos; los pagos a pensionados fueron por 31 mil 480.4 millones de pesos.
Pemex cuenta con planes de beneficios definidos para el retiro de sus trabajadores. Los beneficios para dichos planes se basan principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y sus remuneraciones a la fecha de retiro. Asimismo, tiene planes de beneficios definidos que deben pagarse al término de la relación laboral por causas distintas.
El aprovisionamiento o reserva de beneficios a los empleados en 2013 fue de 464 mil millones de pesos y sólo se reconocieron en el estado de resultados de la paraestatal 67.1 miles de millones de pesos, en ese mismo año.
Al parecer este aprovisionamiento que hicieron los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y directivos de Pemex en los últimos años se ha quedado corto o se ha desviado para el pago de otros conceptos diferentes al pago de pensiones y jubilaciones futuras y también existe una corrupción muy grande tanto en Pemex como en CFE que hace que disminuyan los recursos y por eso se ha agrandado el pasivo laboral en esas empresas estatales.
Lo curioso del caso es que hay algunos legisladores que están decidiendo sobre cómo reestructurar el pasivo laboral de Pemex y CFE, cuando ellos han sido artífices de malas decisiones financieras, desvío de recursos y corrupción dentro de las mencionadas empresas que han llevado a éstas a la situación en la que se encuentran actualmente y quieren, por así decirlo. echarle la culpa a los trabajadores y sus “excesivas prestaciones laborales”.
El diputado Ricardo Aldana del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que durante años ha sido el tesorero del sindicato de Pemex y que ostenta una dudosa reputación, es uno de los legisladores que discute los pasivos laborales de las empresas paraestatales.
El actual diputado por el Partido Acción Nacional Juan Bueno Torio y quien fuera director de Pemex refinación del 2003 al 2006, fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la ASF, por haber diseñado un entramado de funcionarios, con más de 200 plazas creadas con el objetivo de operar la asignación de contratos multimillonarios a modo de favorecer a empresas del ramo petrolero, de familiares directos y otras del propio diputado. Esto descalifica al legislador panista para hablar del pasivo laboral de Pemex.
El pasivo laboral de Pemex y CFE, se debe a la impericia financiera de funcionarios y dirigentes sindicales de las paraestatales, el insuficiente aprovisionamiento de recursos para pensiones y jubilaciones de la paraestatal, la corrupción existente en esas empresas, no solo por parte de sus respectivos líderes sindicales, sino también por altos funcionarios de estas.
Las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex y CFE, no deberían de reducirse, ya que sobre todo la empresa petrolera aporta aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto del gobierno federal y tampoco es justo que el trabajador se le estigmatice como flojo y corrupto y se le ponga en la misma bolsa que sus líderes.
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