El presidente de la CNDH presenta este lunes un informe ante el comité de la ONU

Desapariciones y Ayotzinapa, temas que González Pérez lleva hoy a Ginebra

Los derechos humanos en México enfrentan una de sus etapas más críticas y desafiantes, dice

Víctor Ballinas

 

Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 3

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentará este lunes ante el Comité contra la Desaparición Forzada –dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU)– en Ginebra, Suiza, el posicionamiento y la visión del organismo que encabeza sobre este fenómeno en el país.

‘‘En reunión privada con el comité, el ombudsman nacional presentará un informe y diagnóstico sobre la desaparición forzada de personas en el país y las acciones que ha realizado la CNDH en relación con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.’’

En el resumen ejecutivo del diagnóstico, se destaca que los derechos humanos ‘‘enfrentan actualmente en México una de sus etapas más críticas y desafiantes. La impunidad, que la sociedad advierte, y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas’’.

La CNDH sostiene en el documento que en México ‘‘existe un serio problema en materia de desapariciones, que constituye una violación grave de derechos humanos’’. Se resalta que el antecedente de las desapariciones forzadas durante las décadas de los 70 y principios de los 80 –en la denominada guerra sucia–, acreditadas por este órgano en la recomendación 26/2001, ‘‘demuestran que la impunidad en estos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como el que nos ocupa se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero’’.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en imagen del pasado 28 de eneroFoto José Antonio López

Insiste en que el registro de personas extraviadas, ‘‘anunciado por el gobierno federal, hasta esta fecha no se ha publicado. El Estado mexicano no cuenta con un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer con alto grado de certeza el número real de personas desaparecidas en el país’’.

En el informe ejecutivo de siete cuartillas –enviado a la ONU–, la CNDH apunta que el contexto de inseguridad en el país ha revelado una problemática de grandes dimensiones que tiene que ver con la localización de un número importante de fosas clandestinas en distintos estados, razón por la cual es necesario continuar con la búsqueda y registro (...) y desde luego con la identificación de las personas.

El ombudsman nacional sostendrá hoy ante el comité de la ONU que en el país no se cuenta con una ley sobre desaparición forzada de personas, y resaltará que es importante que el Estado mexicano cumpla plenamente con la resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular el caso Rosendo Radilla, en el que se ordenó reformar el Código Penal Federal para que la tipificación del delito de desaparición forzada se adecúe a los estándares internacionales, sin que hasta la fecha se haya cumplido.

Asimismo, la CNDH presentará ante el organismo internacional 15 medidas que, sugiere, sean consideradas en las propuestas que hará el comité al gobierno mexicano para que atienda de manera integral el problema de las desapariciones forzadas.

Entre ellas, refiere la necesidad de contar con un eficaz y exhaustivo registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas; la necesaria publicación del reglamento de ley del registro nacional en esta materia; la expedición de una ley general en este rubro, así como la necesidad de continuar con la búsqueda y el registro de fosas clandestinas y la identificación de las víctimas.