LA DELACION. (DENUNCIA)

Luis Javier Garrido
El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más abierta el territorio mexicano ha dado un paso adelante tras la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton (25-26 de marzo), y el anuncio de la apertura en México de una oficina mixta de agentes estadunidenses y mexicanos en el marco de la supuesta “guerra contra el narco”.

1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.

2. La situación escandalosa que está viviendo el país con un gobierno fallido, que se halla en un absoluto plan entreguista con tal de sobrevivir, y que para ello ha aceptado crear artificialmente un escenario de violencia generalizada para justificar la intervención extranjera, a cambio de que Washington lo mantenga en el poder, ha suscitado un repudio de los más diversos sectores que señalan lo burdo de la estratagema, harto conocida en América Latina. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, de visita en Jalapa, recordaba antier cómo la lucha contra los enervantes ha sido un ardid histórico de Washington para someter y controlar países (La Jornada, 26 de marzo).

3. El actual gobierno de Estados Unidos tiene el mismo doble discurso de siempre, pues mientras la señora Clinton prodigó durante dos días sonrisas a México, desde las diversas instancias del poder estadunidense se siguió descalificando a Calderón buscando someterlo cada vez más. La última partida de casi 13 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas fue, según el Departamento de Defensa, a fin de mejorar su capacidad para “liberar territorios” (El Universal del 25 de marzo), ya que el narco mexicano no sólo amenaza la seguridad de Estados Unidos sino que “pone en riesgo” al propio gobierno de Calderón, como advirtió Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) al Congreso de su país (La Jornada, 26 de marzo). Y para subrayar la inseguridad de México se prohibió a funcionarios estadunidenses viajar ayer a una reunión en Tamaulipas.

4. La realidad de las cosas es que el gobierno de Barack Obama no tiene interés alguno en combatir al narcotráfico, como no lo tenían tampoco sus predecesores, pues mientras en México con el pretexto de combatir a los cárteles del transporte se ha instaurado en muchas regiones un escenario de violencia y de terror que ahonda la crisis nacional, en Estados Unidos el escenario es muy distinto: los cárteles estadunidenses continúan siendo intocables, las estructuras financieras del narco no han sido ni siquiera cuestionadas, los negocios de la familia Bush siguen florecientes y, como muchos lo han señalado, Washington sigue auspiciando la siembra de enervantes en el territorio de Afganistán –que los talibanes habían prohibido– y en otras regiones del planeta bajo su control.
5. La escalada entreguista de Felipe Calderón ha ido a trompicones y se ha centrado en un intento de dotar al gobierno de facto que él pretende encabezar de instrumentos jurídicos cada vez más despóticos, como se lo exigen. Y así, tras buscar la posibilidad de allanamientos de domicilio sin mandamiento judicial, ahora quiere legalizar la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos y dar al gobierno federal la facultad de confiscar arbitrariamente los bienes de los particulares sospechosos de ser malhabidos con la aberrante Ley de Extinción de Dominio, que está discutiendo el Legislativo, pretendiendo culminar estas políticas de abandono de la defensa de los intereses de la nación y de complicidad con una potencia extranjera al instalar una oficina compartida con agentes estadunidenses que fortalece la intervención.

6. La semana de entreguismo se había iniciado con el ofrecimiento de “hasta 30 millones” (de pesos devaluados), hecho el lunes 23 por el gobierno espurio, para quienes delaten a los líderes del narco, el cual supone de entrada que el gobierno panista es incapaz de cumplir con la función constitucional que tiene de investigar los delitos federales, y pretende que ésta la lleva a cabo la sociedad y se la comunique por la vía de la delación.

7. La invitación a la delación, cualesquiera que sean sus razones, es no sólo en el plano político una evidencia de la ineptitud de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, sino que desde el punto de vista ético constituye una invitación a cometer uno de los actos más bajos que se pueda imaginar, por lo que el gobierno corrupto de Calderón al estar pidiendo a los mexicanos que se envilezcan denunciándose los unos a los otros, recurre a una práctica indigna –y ajena a nuestro sistema jurídico–, la que además ya ha fracasado en el pasado por la sencilla razón de que los posibles delatores de estos hechos ilícitos, por mucha protección que les ofrezca el gobierno, saben que podrían terminar también por ser ejecutados en represalia por su felonía.

8. El fracaso histórico en México de esta medida existente en el sistema estadunidense se debe no sólo a su carácter inmoral, descrito admirablemente en la novela de Liam O’Flaherty El Delator, llevada al cine por John Ford, con Victor McLaglen, en 1935, sino a su inviabilidad en el contexto de violencia generalizada impuesto por la absurda guerra gubernamental.

9. El actual desastre nacional se agrava sin embargo por un hecho. La venalidad del gobierno panista al ir entregando facultades que no ha sabido ejercer a poderes extranacionales, en una política de abierta traición a México, está siendo posible por la complicidad de la llamada “clase política” en su conjunto, y en particular de los integrantes del Senado de la República, que tiene la misión superior de fungir como un contrapeso al Ejecutivo en materia de política exterior, y que no está cumpliendo sus funciones.

10. Las políticas entreguistas actuales están en todo caso destinadas al fracaso, pero el daño que se ha hecho a la nación es ya irreparable.