En 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó más de 133 mil millones de pesos a los grandes "contribuyentes" del país, y la cifra de créditos fiscales a este selecto grupo se elevó 33.2 % en este régimen de privilegios. Los actuales ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF y los consejeros del IFE y del Consejo de la Judicatura mantendrán sus altos ingresos hasta el 2010, cuando entren sus relevos. Funcionarios públicos de “alto nivel” así como gobernadores y comunicadores al servicio del gobierno espurio gozan de un servicio especial de seguridad, camionetas blindadas y armas de uso exclusivo del ejército a su servicio.
Para el ciudadano común y corriente, con empleo o sin él, el gobierno no ofrece nada. Salarios de hambre, abuso de las autoridades en el cobro de servicios e impuestos, nula seguridad y, para rematar, la próxima intervención de la “ayuda” militar estadunidense en la guerra contra el narcotráfico, lo que implica que cualquier persona puede ser catalogada de sospechosa, más aún si se le ocurre sumarse a la protesta social legítima contra los abusos y las irregularidades de éste gobierno inepto y cínico.
La muestra que ha dado nuestro sistema de justicia, impunidad para algunos y abuso contra otros, no inspira ninguna confianza en la población sobre las acciones que se tomarán con la intervención de militares extranjeros. Al contario, esto provocará más irritación en la gente, más incertidumbre en los inversionistas y menos posibilidades de superar los graves problemas que enfrentamos.
Sólo el grupo selecto y privilegiado puede estar conforme con la decisión de Washington, avalada por Calderón, tal vez porque piensan que la impunidad y los privilegios son eternos, pero se equivocan, no hay nada eterno.
Una vez abierta la caja de Pandora, la amenaza es para todos.
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