El titular de Marina dijo que criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a instituciones
La víspera del encuentro con el Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad condenó las acusaciones del titular de la Armada contra grupos de defensores de los derechos humanos. En la imagen, llegada a la ciudad de Chihuahua de la caravana encabezada por Javier Sicilia, el mes pasadoFoto Víctor Camacho
Angélica Enciso y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 2
Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas.
Esas afirmaciones, señalaron, violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Exigieron que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos.
Las agrupaciones suspendieron además de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque el martes Saynez declaró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.
La queja fue presentada por las organizaciones en la oficialía de partes de la CNDH. Después las ONG serían recibidas por la quinta visitaduría.
Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, explicó que se presentó dicho recurso porque existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se deben calificar los dichos que ponen en riesgo a los periodistas y los defensores de esos derechos.
Además de esa agrupación, suscribieron la queja el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos.
Por la mañana, representantes de ONG se reunieron en Gobernación con la titular de la unidad para la promoción y defensa de derechos humanos, Omeheira López, a quien expresaron su molestia por los dichos del almirante Saynez.
“No podemos continuar el diálogo cuando persisten expresiones esquizofrénicas y contradictorias en el gobierno federal, porque por un lado dicen ‘sí a la protección’ y por otro estigmatizan nuestras actividades”, advirtió Ricardo González Bernal, oficial de protección y seguridad para México y Centroamérica de Artículo 19.
Las 15 agrupaciones que participan en esa mesa señalaron en un comunicado que con esas afirmaciones se expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional recién aprobada en materia de derechos humanos.
El sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recordó que ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos.
Agregó en entrevista: quien hace afirmaciones señalando responsabilidades contra terceros, tendría que probar sus dichos. Las organizaciones civiles tienen reglas y protocolos para aceptar casos. No somos ingenuos, no comenzamos ayer nuestro trabajo. Tenemos una experiencia acumulada de años.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, apuntó: “causa indignación que desde una instancia de gobierno federal se acuse sin pruebas a los ciudadanos de estar al servicio o vinculados a la delincuencia organizada.
Lo que más nos indigna es que no es un hecho aislado, no es algo que apenas ayer surgió, sino que tiene relación con señalamientos anteriores del Ejecutivo por la labor de organizaciones y ciudadanos.
Señaló que con esas acusaciones se construye un clima en el que se favorecen agresiones contra defensores de los derechos y contra quienes disienten.
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