Durante el “dialogo” que se llevó a cabo entre legisladores y representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia se fue contra los legisladores de todos los partidos sin diferenciar a los que hacen mayoría (PRI y PAN) con los que se oponen a avalar medidas impopulares y anticonstitucionales. Los calificó, sin distingo, de CORRESPONSABLES de los miles de muertos que ha dejado la absurda guerra de Calderón ya que, lejos de detenerla, han autorizado el uso de recursos para continuarla, y les advirtió que están en la disyuntiva de optar por la paz o por la guerra, esta última opción si aceptan aprobar en los términos en que está redactada la Ley de Seguridad Nacional que llevaría a la instauración de un Estado policiaco militar.
Entre las solicitudes que Sicilia hizo a los legisladores se encuentran:
- El retiro del ejército de las calles.
- La formación de una Comisión de la Verdad para que la sociedad conozca lo que ha sucedido con los miles de muertos y desaparecidos en lo que va del sexenio.
- La aprobación de la Reforma Política en un período extraordinario que permita establecer un sistema transparente de rendición de cuentas.
Obviamente que Sicilia está más o menos informado de lo que significaría autorizar una Ley de Seguridad Nacional en los términos en los que está redactada, sin embargo, desconoce lo que implicaría la aprobación de la Reforma Política que envió el Senado.
Desconoce que en febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón, y que en septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los “representantes populares” a modificar la redacción de la reforma electoral.
Como lo señala John Akerman en un artículo, la propuesta de candidaturas“independientes” del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a nadie pero la idea de que un “ciudadano” sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sea un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo. El que paga manda. Las candidaturas independientes darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado los ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.
Sicilia también desconoce que la propuesta del Senado sobre la reelección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser reelecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo, sin embargo, el documento del Senado incluye la reelección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.
La reelección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi IMPOSIBLE mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser reelectos inmediatamente en sus cargos. Se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.
Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la "reforma política", como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas“independientes” y la reelección legislativa, sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.
Por eso John Akerman aclara que los ciudadanos interesados en una VERDADERA TRANSFORMACIÓN SOCIAL no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una“reforma política” mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional, que está podrida.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad debe pedir, exigir ante todo, castigo a los responsables de la tragedia que viven miles de mexicanos por los abusos cometidos en esta guerra que mutila y mata a ciudadanos inocentes.
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