29 de agosto de 2009
El 10% de “Juanito”
El dato lo dan cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a las negociaciones con Rafael Acosta: la exigencia real de Juanito, su “condición” principal para pedir licencia y dejarle el cargo de delegado de Iztapalapa a Clara Brugada Molina no es sólo 50% de las posiciones en el aparato delegacional, eso es lo que el maneja hacia fuera en su alocada estrategia mediática; su petición real está tasada en pesos y lo que el delegado electo pidió inicialmente fue 10% del presupuesto total de la demarcación, esto es, 300 millones de pesos
Desde su primer contacto con Brugada, ocurrido a mediados de agosto, Acosta fue claro y directo en lo que quería para dejar la posición
El dato lo dan cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a las negociaciones con Rafael Acosta: la exigencia real de Juanito, su “condición” principal para pedir licencia y dejarle el cargo de delegado de Iztapalapa a Clara Brugada Molina no es sólo 50% de las posiciones en el aparato delegacional, eso es lo que el maneja hacia fuera en su alocada estrategia mediática; su petición real está tasada en pesos y lo que el delegado electo pidió inicialmente fue 10% del presupuesto total de la demarcación, esto es, 300 millones de pesos.
Pero Juanito no es tonto y está bien asesorado; sabe que esa cantidad, jamás se la darían o se la van a dar toda en dinero efectivo y que difícilmente alguien como él podría manejarla, así que ese monto que exige lo ha repartido de la siguiente manera: un porcentaje de cargos en la delegación que sumen cierto monto monetario por los sueldos que se cobran; un compromiso de entrega de recursos de algunos programas sociales para sus organizaciones y seguidores; y eso sí, una parte en efectivo.
Desde su primer contacto con Brugada, ocurrido a mediados de agosto, Acosta fue claro y directo en lo que quería para dejar la posición. El domingo 23 de agosto, en el segundo encuentro entre los dos personajes, previas consultas de Clara con López Obrador, Juanito recibió una negativa rotunda al monto de 10% del presupuesto. Pero rápido, mientras aumentaba su estrategia de presión en los medios, hizo una contrapropuesta para AMLO: 5% del monto total del presupuesto, es decir, 150 millones de pesos, con el mismo esquema de reparto mencionado.
Aunque Juanito niega que exista tal petición: “Yo no estoy pidiendo dinero, nada de dinero, sólo los cargos”, dijo en una entrevista el jueves en el programa de radio La Chuleta; se sabe que la negociación continúa, aunque Andrés Manuel está reacio a pagar las exigencias de su otrora fiel discípulo.
El popular y mediático personaje, con toda su folclórica historia, tiene en realidad dos caras y dos posiciones, en una conducta típica de algunos personajes de la izquierda mexicana. Hacia fuera, Juanito se maneja con todo el show que tiene fascinados a los medios —“no, que yo le gano a AMLO y si quiero puedo ser presidente”—, y hacia adentro, en las negociaciones reales, Rafael Acosta le pone números y cifras al acuerdo.
TAMBIÉN CON LOS PRIÍSTAS HACE AIRE
Si de “cochupos” y acuerdos se trata, los priístas son los que más saben. Ellos inventaron y perfeccionaron el sistema político aún vigente —amén de moldear la grotesca cultura política de este país, la suya y la de otros partidos—, y entre ellos el “acuerdo económico” es práctica común. Basta ver las “nóminas especiales” que tienen algunos gobernadores, en las que se gastan millones de pesos mensuales en “asesorías” a políticos de su partido sin chamba o cargo, o algunos que sí tienen cargo y aun así cobran cantidades estratosféricas —desde 100 mil pesos hasta un millón mensual— con cargo a los erarios de algunos estados.
Cuentan el caso de un gobernador que hace unos meses, cuando celebró una exclusiva comida en la antigua sede del Palacio de Gobierno de su estado, en ocasión de su cuarto Informe de Gobierno, intentó engrosar esa nómina paralela de “entenados” políticos con el nombre de un encumbrado diputado del PRI, de los que hoy terminan su gestión.
En medio de la comilona, a la que asistieron políticos, gobernadores, empresarios y hasta el obispo Onésimo Cepeda, el gobernador buscó el momento propicio para acercarse al diputado y sin más ni más le soltó: “Necesito que me ayudes, necesito todo tu apoyo”, dijo el mandatario, que por esos días tenía un caso pendiente de su entidad sobre violación de derechos humanos y que sería discutido por la Suprema Corte.
El “ofrecimiento” del gobernador a cambio del apoyo de aquel importante diputado del PRI fue más que generoso: 15 millones de pesos al mes. “Necesito que me ayudes porque yo voy a ser presidente del PRI y tengo que acabar con ese asunto”. Cuentan que al escuchar esa frase, el diputado en cuestión, que también es de los aspirantes más sonados para buscar la presidencia del PRI en 2011, frunció el seño y, molesto, le dio una palmada al mandatario: “Pues te deseo mucha suerte, mano”. Acto seguido, el diputado buscó a un senador amigo suyo con el que había llegado al estado y le dijo: “No sé tú, pero yo me regreso ahora mismo”.
NOTAS INDISCRETAS... A un mes de haber llegado al cargo, Felipe Leal, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, no acaba de sorprenderse con el “cochinero” que dejó en la dependencia su antecesor Arturo Aispuro. El desorden y la presunta corrupción en el otorgamiento de espacios para publicidad exterior en la ciudad no sólo han alarmado al nuevo titular de la Seduvi, sino que involucran millonarios recursos por pago de derechos que nadie sabe si ingresaron o no a las arcas públicas. Apenas esta semana, vecinos de la zona de Polanco clausuraron simbólicamente unas casetas telefónicas que sirven también como espacios publicitarios. Ni el delegado suplente, Alfredo Vinalay, ni el secretario Leal sabían quién o cómo se autorizaron esas casetas que aparecieron justo 15 días antes de que Marcelo Ebrard removiera a Aispuro. Y eso es apenas una muestra, porque en el negocio de las vallas de publicidad que inundan la ciudad hay ganancias calculadas hasta en 80 millones de pesos. Se estima que en el DF hay alrededor de 3 mil de esas vallas que aparecieron de pronto por todos lados. Según la ley, cada metro cuadrado de vallas debe cobrarlo el gobierno en 4 mil 262 pesos, lo que significa que en el último año debieron ingresar por pago de esos derechos más de 80 millones de pesos por ese concepto. El problema es que, según dicen en la Seduvi, ese dinero nunca se cobró en la dependencia donde las ventanillas de cobro fueron cerradas, aunque eso no quiere decir que los beneficiarios no hayan pagado. ¿Y entonces quién cobró tales cantidades? ¿Sabrá algo el señor Aispuro?... Se agitan los dados. Tocó serpiente.
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