Durante la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que se desarrolló ayer en Bariloche, Argentina, la mayoría de los gobernantes de la región expresaron su rechazo al acuerdo suscrito entre los regímenes de Colombia y Estados Unidos, encabezados por Álvaro Uribe y Barack Obama, respectivamente, que permite a Washington operar siete bases militares en territorio colombiano. Durante el encuentro, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner trazó un paralelo entre este hecho y la experiencia terrible” que ha implicado la operación de bases británicas en las Malvinas; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, afirmó que la suscripción del acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño forma parte de “la estrategia global de dominación de Estados Unidos”; el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que “no se puede permitir la presencia militar extranjera en nuestros territorios: es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos”, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa –quien ejerce la presidencia pro tempore de la Unasur– solicitó una “reunión urgente” con Obama para tratar el tema. El sentir de los gobernantes se vio reflejado en un documento final en el que se afirma que “la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede (...) amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana y, en consecuencia, la paz y seguridad en la región”.
Por su parte Álvaro Uribe insistió en defender el acuerdo de su gobierno con Estados Unidos, señaló que con la instalación de las bases referidas “no hay renuncia, ni abdicación de soberanía”, e incluso las calificó como “una ayuda práctica y eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Es saludable que exista en la región un grupo de gobiernos que, no obstante provenir de expresiones políticas e ideológicas distintas, estén dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, a defender las respectivas soberanías nacionales y a rechazar un acuerdo que implica, en última instancia, una profunda amenaza de desestabilización en el subcontinente.
Contrario a lo que señala Uribe, no hay elemento alguno que justifique la instalación de este tipo de bases en Colombia: como señaló ayer mismo la presidenta de Argentina, el “narcotráfico y el terrorismo” se tienen que combatir, entre otras cosas, con medidas de “inteligencia y contrainteligencia”, no con el establecimiento de enclaves militares, y el propio Uribe debería saber, tras la experiencia de la aplicación del desastroso Plan Colombia, que la estrategia antinarco ofrecida desde Washington no arroja saldos particularmente positivos y sí potencia el desarrollo de escenarios de tintes bélicos y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En cambio, existen razones de peso para sustentar el rechazo de los gobiernos sudamericanos a la presencia militar de la superpotencia en Colombia: históricamente, Washington ha brindado apoyo a golpes de Estado que asolaron la región el siglo pasado y ha respaldado la imposición de gobiernos títeres, ha mantenido un constante injerencismo económico en estos países, y ha emprendido ofensivas sistemáticas en contra de la integridad territorial y el pleno usufructo de los recursos naturales de las naciones al sur del río Bravo. Por lo demás, sería pertinente que Bogotá prestara atención a lo expresado ayer por el propio Rafael Correa, cuando, al recordar que Estados Unidos ocupó durante años la base de Manta, en territorio ecuatoriano, concluyó: “No nos engañemos: no hay cómo controlar lo que los estadunidenses hagan en las bases que les cederá Colombia”.
Hasta ahora, el pretendido giro de Obama en materia de política exterior no ha pasado de ser un conjunto de buenas intenciones. En lo que se refiere a Latinoamérica, acuerdos como el que se comenta revierten los avances que pudieran haberse dado a nivel discursivo, reafirman el carácter imperial y colonialista de Washington y sus afanes hegemónicos en la región, además de que permiten ponderar el peso específico que mantienen el Pentágono y el complejo militar-industrial en la política de ese país.
Sería por demás lamentable que el decoro y la dignidad expresados ayer por los gobernantes sudamericanos encontraran como respuesta la misma arrogancia imperial que en su momento demostraron los antecesores de Obama. Cabe esperar que éste exhiba sensatez e inteligencia, comprenda que ni Colombia ni su país enfrentan amenazas que justifiquen el establecimiento de estos enclaves militares y atienda al llamado que le han hecho los gobiernos del sur del continente.
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