El peñanietismo que actualmente domina la estructura decisoria del PRI habrá de decidir en estos días si mantiene la muy cultivada apariencia de que su eventual arribo a Los Pinos significaría una corrección de fondo de la criminal política calderonista de exterminio social a cuenta y cuento de la guerra contra el narcotráfico, o tempranamente se despoja de esas caretas de supuesta voluntad de pacificación, al aprobar en San Lázaro las pretensiones felipistas de crudo autoritarismo basado en el uso discrecional de las armas.
Hasta ahora, ese peñanietismo desbordado juega con la percepción de que las jurásicas artes de negociación del partido tricolor podrían despojar de su carga sangrienta al tema del narcotráfico y reinstalarlo en los carriles del entendimiento complicitario que durante décadas mantuvo el Negocio en plenas funciones, pero sin masivos y crueles daños colaterales (una fuente invaluable de información al respecto la constituye el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo).
Pero resulta que es uno de los operadores del peñanietismo, Alfonso Navarrete Prida, especializado en poner alegatos jurídicos al servicio de las órdenes de sus jefes políticos, quien encabeza la pretensión de aprobar una nueva normatividad en materia de seguridad nacional que contiene marcados tintes dictatoriales, muy adecuados al perfil del actual ejecutante de la sinfonía macabra, el comandante Calderón, pero no a los supuestos aires de composturas que animarían al actual gobernador del estado de México, quien quedaría marcado históricamente como el corresponsable clave de la aprobación de las antes citadas reglamentaciones golpistas de seguridad nacional, pues a sus instrucciones responde la mayoría priísta de la cámara de diputados que, sumada a la panista, daría las condiciones numéricas para que en San Lázaro triunfe la asonada legislativa.
A propósito de esa Ley de Seguridad Nacional que la cámara de diputados pretende aprobar, Rolando Garrido Romo aporta lo siguiente: “La principal fuente de las leyes aplicadas por Hitler durante sus años en el poder es Carl Schmitt (La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria; Teoría de la Constitución; Legalidad y Legitimidad).
“Schmitt señalaba que la política se basa en la distinción entre amigo y enemigo. Así, en vez de ver la política como una labor de armonización de intereses, la ve como un inevitable enfrentamiento, por lo que la actividad del Estado consiste en mantener la paz, la seguridad y el orden, a cualquier precio. La principal misión del Estado es entonces identificar al enemigo y aniquilarlo completamente.
“Es así –añade el texto de Garrido Romo– que el estado de emergencia, que en una democracia es una cuestión excepcional, se convierte en algo prácticamente cotidiano, con lo que en los hechos se vulneran las garantías individuales. De esa forma, la acción del gobierno se funda en un derecho ‘situacional’, es decir, sus atribuciones se magnifican de acuerdo con la situación de riesgo que enfrenta, y de esa manera desaparecen por completo las garantías que establece la Constitución. Entonces, las decisiones del Poder Ejecutivo, en su caso del fuhrer, no están sujetas a control.
“Así también vale recordar, como lo hace Jorge Tapia Valdés en Terrorismo de Estado: la doctrina de la seguridad nacional en el cono sur, que ‘el binomio Estado autoritario-Estado tecnocrático’ ve al proceso político como un mecanismo para imponer ‘reglas técnicas’, en donde no cabe el pluralismo, e instaurar un ‘Estado unitario’ que busca ‘el bien común’. El discurso es el mismo que utiliza Calderón: unidad nacional, bien común, todos unidos contra el enemigo interno. Pues bien, ésa fue la doctrina que el Pentágono inculcó a los ejércitos del cono sur, y que ahora inculca a nuestras fuerzas armadas, con objeto de seguir aplicando una política económica depredadora, eliminando la protesta y la movilización social, dejando una sociedad amedrentada, con la justificación de la guerra interminable contra el crimen organizado. Muy conveniente para los intereses económicos y de seguridad de Washington.”
Astillas
Fermín González Gaxiola escribe desde Hermosillo: “Buscando una explicación coherente, cualquiera puede concluir que Los Zetas son un grupo paramilitar auspiciado por Estados Unidos (con la complacencia del gobierno mexicano), para proteger sus fronteras desde Centroamérica. Después de que el pueblo mexicano confirmó con aterradora incredulidad la existencia del operativo Rápido y furioso, nada parece ser imposible en la perversa política intervencionista del vecino país del norte, ya que sólo así podemos explicarnos la absoluta impunidad con la que Los Zetas extorsionan, secuestran, explotan, asesinan y sepultan en sus panteones particulares (eufemísticamente llamados ‘fosas clandestinas’) a los migrantes nacionales o extranjeros, cuyo único delito consiste en ir tras el mal llamado ‘sueño americano’, pues en verdad se trata de someterse a una nueva esclavitud y a padecer el racismo terrorista de los grupos de ultraderecha. Todos percibimos la complacencia con la que actúan las autoridades mexicanas ante las masacres cotidianas de Los Zetas, y el cinismo alcanza sus niveles más altos cuando vemos que los funcionarios responsables de proteger los derechos de los migrantes reciben premios por no hacer nada. ¿Alguien tiene una mejor explicación de lo que pasa?”... Elena Millán comenta: Estoy de acuerdo en que Juan Pablo II no debía ser beatificado, por su relación con Marcial Maciel. Pero añadiría que pecó seriamente de omiso cuando estaban en su apogeo las dictaduras en el Cono Sur. No dijo nada contra los dictadores. En Chile fue la Iglesia local la que elevó la voz, y en Argentina la Iglesia apoyó a la dictadura; incluso hay ahora un sacerdote encarcelado por su apoyo a la tortura... Y, mientras Televisa espera que esta semana le aprueben su representación ante el IFE, con Arely Gómez en el paquete de los tres nuevos consejeros del IFE, ¡Hasta mañana!
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