lunes, 25 de abril de 2011

Paula Cussi FEDERICO ARREOLA

Raro, rarísimo arresto de Paula Cussi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo. Aquella a la que, hace tanto tiempo, Jacobo Zabludovski, buscaba en su noticiera “24 Horas” preguntando “¿Ya llegó Paula?”.



Tan extraño ese arresto que huele, parece, podría ser una arbitrariedad. No me atrevo a afirmarlo porque no conozco el caso, pero, dice el refrán estadounidense, si hace “cuac”, luce como pato y camina como pato, probablemente sea un pato.



Digo, es que a la señora Cussi se le detuvo hoy en la mañana en la puerta de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este solo dato hace que el asunto se vea sospechoso. Además, la arrestaron ocho agentes de la Procuraduría capitalina, que, se dice, la llevarán a Santa Martha Acatitla. Demasiados policías para una señora de edad.



¿Por qué a Cussi no le permitieron desahogar su audiencia sobre el juicio relacionado con la herencia del “Tigre” Azcárraga? Creo que habría sido lo correcto.



Según dijo Alonso Aguilar Zínzer, abogado de Televisa, a la mujer la aprehendieron por “falsedad de declaraciones”. Este litigante justificó el lugar del arresto diciendo que ella vive en el extranjero. ¿Y qué con eso? Me parece extrañísimo que no se le haya permitido declarar primero. La pudieron haber detenido después cumpliendo al menos con las mínimas formas.



Considero más creíble la versión del abogado de Paula Cussi, César García Méndez, para quien se trató de una arbitrariedad ya que no había terminado el acto jurídico; de hecho, no había iniciado, ya que Cussi apenas iba a entrar a declarar.



El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azzar, se molestó por eso. Ya que, de plano, no se le tenía que haber arrestado antes de que ella desahogara su declaración.



Bueno, para terminar de complicar las cosas, uno de los abogados de Cussi, Ernesto Canales, fue jaloneado e insultado por los policías que detuvieron a Paula Cussi.



Creo que estamos ante una prueba de que, en México, en los litigios, no solo hay que tener la razón legal y saber demostrarla, sino contar con el poder, político o económico suficiente, para hacerla vale

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