Un humor muy negro o una absoluta frivolidad acompañaron ayer al diputado federal priísta Rogelio Cerda a la hora de señalar que esta semana, así sea en una sesión rápida y furiosa, serán sometidas a votación las pretensiones de control militar a discreción que han acordado el comandante que presuntamente está en vías de dejar el hirviente cargo, Felipe Calderón, y el supuesto aspirante principal al relevo, Enrique Peña Nieto, quien cada vez parece más decidido a mostrar que su talante autoritario es similar o peor que el de su provisional aliado panista.
Evocar el nombre de las acciones realizadas por el gobierno gringo para entregar armas a Los Zetas tiñe de fundadas sospechas la premura con que San Lázaro pretende a su vez dar mayor poder a las corporaciones militares y marinas para apagar, paradójicamente, el fuego social atizado por la errática guerra felipista contra el narcotráfico. Pero a las maquinarias legislativas del peñanietismo y el calderonismo no parece importarles mayor cosa la creciente protesta que sus afanes de militarización ex- presa están provocando.
A fin de cuentas, es explicable la convergencia de intereses que pretende sacar adelante la mencionada ley. El peñanietismo salinizado busca centrar la competencia electoral en dos bandos circunstancialmente opuestos pero sustancialmente afines, es decir, en el del propio PRI, con el copete toluqueño como personaje movido tras las sombras por una calva del Distrito Federal, y en el PAN calderonista que a fin de cuentas podría negociar salvoconductos e impunidades a cambio de ceder el paso al partido tricolor. Haiga de ser como haiga de ser el desenlace formal de 2012, al pripanismo le conviene instaurar en el país un régimen político y social de excepción, con toque cívico de queda y mano dura contra movimientos de protesta. Las urnas de 2012 quedarían así condicionadas por dos factores que manejan en distintas proporciones los dos actores partidistas pactados: las fuerzas armadas, como instrumento jurídicamente legitimado de acción y represión de Los Pinos, y el narcotráfico como elemento de disuasión o promoción de candidaturas y resultados electorales oficiales.
Desde ahora, detectando los puntos de resistencia a la embestida fascistoide que se incuba en San Lázaro y midiendo la capacidad de respuesta social que genere tan lesivo proyecto de ley, la dupla que forman Peña Nieto y Calderón está anunciando formas de exclusión de la izquierda en el proceso de renovación del poder institucional el año venidero. El golpe que pretenden dar con el pretexto de la seguridad nacional significaría un retroceso brutal en materia de libertades y derechos sociales que ya ni siquiera tendrían un sustento pleno en términos meramente formales, jurídicos, pues serían arrasados por las nuevas normas de corte militar. Van por todo, al costo que sea, constriñendo las posibilidades de competencia electoral a una pareja derechista que en su momento podrá negociar lo que sea necesario para mantener el poder en sus arcones complementarios, amenazando desde ahora toda forma de protesta y lucha política, social y laboral, advirtiendo que el color dominante de las boletas electorales venideras será el verde olivo.
Astillas
Se agradece a Jaime Collado el llamar la atención sobre un detalle de la columna de ayer: “Me refiero al vocablo normatividad. Yo sé que es muy popular en México, pero el diccionario no lo registra y es difícil comprenderlo. Normatividad sería algo así como cualidad para normar, pero para ello existe la palabra normativo, que es lo que fija la norma, y la normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Entonces, ‘a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional’ bien podría redactarse como ‘a cambio de aprobar la nueva normativa en materia de seguridad nacional’, o bien, ‘a cambio de aprobar las nuevas normas (jurídicas) en materia de seguridad nacional’. Por lo demás, coincido plenamente con usted en que toda esta escalada de violencia es sólo un pretexto para encauzar a México hacia el fascismo. No es ineptitud del gobierno, sino perversión”... Segismundo Cortés Arenas replantea: “El diputado Alfonso Navarrete Prida (de negro historial en el estado de México) declaró que ‘... si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley’. Mi petición al diputado Navarrete Prida es que, siguiendo su forma de pensar, incluya en la ley de seguridad que propone que el Estado autorice a los ciudadanos tener y portar armas para su defensa, basándose para esto en su argumento, pues entonces el que mate o hiera a otra persona será responsable de disparar una pistola o cañón sin que se pueda echar la culpa a la ley que autorice la tenencia o portación de armas”... Vic Rey reflexiona: “FC declaró hace poco que una persona de 19 años ejecutó a más de 100 personas en San Fernando, Tamaulipas, para lo cual requirió buen tiempo. Así, Calderón sólo está exhibiendo al equipo de seguridad con el que cuenta el país, en los tres niveles, pues con toda su inversión y entrenamiento han sido menos eficientes que un solo adolescente. Por otro lado, este lunes el noticiario estelar de Televisa inició su transmisión con la nota sobre la beatificación de quien fuera amigo de Marcial Maciel, continuando con la nota de cierta boda en un país algo lejano del nuestro. Para lo anterior se consumieron alrededor de 20 minutos. Pregunta obligada: ¿Aquí, en México, necesitamos ese tipo de notas? ¿Aquí todo está bien? Patético”... Y, mientras los pederastas siguen tan tranquilos, disfrutando de las cárceles con servicio gastronómico fuera de rejas, como asegura el diputado panista Agustín Castillo que ha sucedido en Cancún con Jean Succar Kuri, ¡hasta mañana, con el diputado local de Guerrero, Faustino Soto Ramos, denunciando que militares lo maltrataron y golpearon el pasado 21 durante una revisión!
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