Ricardo-Monreal-Avila-Pacto-Por-Mexico-Movimientos-Sociales
La observación electoral ciudadana, la transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, el nombramiento de delegados federales con un perfil profesional idóneo, la suspensión en la entrega de beneficios sociales y asambleas de beneficiarios 45 días antes de las elecciones, la prohibición de los infomerciales y gacetillas informativas de gobernadores y alcaldes, así como la investigación del destino de dinero en efectivo de las cuentas de los gobiernos estatales y municipales, todo esto y más se encuentra expresamente normado en la Constitución y en la legislación electoral federal.
Por ello, reunirse para acordar y publicitar que el Pacto por México (PPM) va a hacer valer la Constitución y las leyes electorales que de ella emanen es una cacofonía política, un pleonasmo legislativo y una redundancia de propósitos que solo confirma que en materia de elecciones caminamos como lo hace la gente que se pierde en el polo norte: en círculo, para regresar sistemáticamente al punto de partida.
Por lo demás, contrasta la manera como el PPM se concentra y atiende los reclamos del huapango electoral jarocho, mientras se desentiende y deja que se pudra el problema de los maestros y estudiantes normalistas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Tal pareciera que la filosofía que rige este acuerdo es: “A los amigos del pacto, apapacho y abrazos. A los ajenos al pacto, cerrojazo y portazo”.
Es inconcebible que una instancia que se proyecta a sí misma como un espacio para procesar grandes acuerdos y reformas estructurales, no haya sido capaz de proponer una mesa de diálogo o una ventanilla de trámite, así fuera con sentido burocrático, para atender a los maestros y estudiantes normalistas inconformes con uno de los productos del PPM, la reforma educativa.
Esta doble cara del PPM es una muestra más de que fue concebido para procesar las diferencias de un sector de la élite política del país (básicamente la perteneciente a la partidocracia), pero no para encauzar ni abordar las protestas sociales y movimientos políticos del México no oficial, del México que transcurre más allá de las paredes de palacio nacional.
A este otro México, el mayoritario, la opción que se le deja es manifestarse por la vía de la informalidad o la marginalidad institucionalizada: la plaza pública, las calles, las carreteras, las marchas, los bloqueos, la toma de edificios públicos y los brotes violentos como el de Chilpancingo.
La violencia es inaceptable e injustificable desde cualquier punto de vista. Pero también lo es quedarse a nivel de la condena, sin atender sus causas. Y una de los detonadores inmediatos del descontento de los maestros y estudiantes en cuatro estados del sur y sureste es la cerrazón política manifiesta, lo mismo en el gobierno, en el congreso y en el propio PPM.
“Es un puro pacto político, para políticos, entre políticos, pero no para la sociedad”, esta visión de la gente es la principal limitante que ha impedido al PPM arraigarse entre los ciudadanos de a pie, que además no perciben que el pacto impacte en los problemas de la vida cotidiana como son la inseguridad, el desempleo y la carestía de la vida. Aquí no hay pacto alguno.
Además del doble rasero, el tema Veracruz evidenció una debilidad de diseño del PPM: en lugar de encauzar los problemas de coyuntura, termina arrastrado por ellos.
En los 96 puntos del PPM no hay uno sólo que prevea el tratamiento de problemas coyunturales a fin de evitar la contaminación, la parálisis o la puesta en riesgo de ese mecanismo de negociación política, sobre todo en tiempos que exigen un máximo competencia y un mínimo de colaboración, como son los tiempos electorales. El resultado es que dicho pacto termina siendo presa fácil de los chantajes, presiones y vaivenes de sus propios integrantes, como el que realiza el PAN al condicionar su permanencia en el pacto al castigo de 57 funcionarios veracruzanos.
Por lo pronto, el hecho incontrastable es que, en un año de elecciones locales, Veracruz es el estado que acapara más recursos de la cruzada contra el hambre, con 18 mil millones de pesos, seguido del Estado de México, con 11 mmdp, mientras que entidades donde la pobreza es mayor, como Chiapas y Oaxaca, se les ha asignado 11 mil y 6 mil millones respectivamente (Reforma, 28 abril 2013, p.2). La razón seguramente no estriba en que Veracruz tenga más pobres que los otros estados, sino que tiene el mayor padrón electoral de las 14 entidades en disputa.
En una entidad con alta competencia partidista, no hay duda que el hambre es de votos y para saciarla se diseñó precisamente una cruzada con doble rasero y doble cara, donde se busca combatir la pobreza social, al amparo de la miseria política.